La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, repudia el golpe de Estado institucional en Paraguay y condena la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo. Es necesario repasar sucintamente los hechos. El 21 de junio de 2012 la Cámara de Diputados de Paraguay resolvió iniciar la parodia […]
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, repudia el golpe de Estado institucional en Paraguay y condena la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo.
Es necesario repasar sucintamente los hechos. El 21 de junio de 2012 la Cámara de Diputados de Paraguay resolvió iniciar la parodia de un juicio político contra Lugo imputándole 5 cargos inconsistentes: a) una autorización dada por él en 2009, hace 3 años, a organizaciones juveniles para realizar un acto público dentro de un edificio militar; b) haber permitido «la violación del derecho de propiedad y el odio entre clases sociales» por «la invasión de tierras en la localidad de Ñacunday; c) «incompetencia», durante el desalojo de la finca Morumbi, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme en Curuguaty, que provocó la muerte de 11 campesinos y 6 policías cuando los uniformados irrumpieron, para desalojar al centenar de campesinos que desde hacía tres semanas ocupaban la finca para protestar por el incumplimiento de la prometida reforma agraria. Es siendo público y notorio que el Presidente había pedido una investigación internacional para esclarecer los hechos; c) no haber utilizado «adecuadamente» a las Fuerzas Armadas, frente a las invasiones de tierras y las operaciones de seguridad llevadas a cabo en los departamentos de San Pedro y Concepción contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ; d) la firma del Protocolo de Usuhaia II, que autoriza a los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) a bloquear a los países en los que se registren amenazas contra el orden democrático, al considerar que «constituye un atentado contra la soberanía de Paraguay». En una clara demostración del desprecio por el más elemental derecho, el acta acusatoria afirma: «Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas». Para ejercer su defensa se le concedió hasta las 12.00 horas del día siguiente en el Senado, encargado de celebrar el juicio político. Ese mismo día, en un rápido «juicio político» de pocas horas de duración, inédito en el mundo entero, la mayoría del Senado de la República de Paraguay, dominado por derechistas, afectos al viejo régimen dictatorial, las mafias y los sectores empresariales y políticos más conservadores y reaccionarios, que difícilmente actuarían sin el visto bueno de la embajada de Estados Unidos, que busca modificar la correlación de fuerzas en el continente para hacer fracasar el desarrollo de la integración regional y sus órganos (Mercosur, Unasur y Celac) destituyeron al Presidente Lugo y ungieron en el cargo al Vicepresidente Federico Franco, apuntando a una nueva forma de golpe de Estado, mediante la utilización de los otros poderes del Estado, tal como lo hicieron en Honduras.
Algunos errores que puede haber cometido Lugo durante su mandato, y aún en el mismo acto de su destitución, no justifican de ninguna manera que se violente la vigencia del Estado de derecho, el derecho a la defensa y el debido proceso de ley.
Hay que tener presente que sólo el dos por ciento de los propietarios concentran el 85,5% de las tierras paraguayas, obtenidas, en casi todos los casos, mediante el despojo, la corrupción y el reparto ilegal realizado por Stroessner durante los 35 años de su dictadura. En Paraguay 300.000 familias campesinas no poseen ni un centímetro de tierra para cultivar. De sus 6,4 millones de habitantes, el 38% se encuentra en la pobreza y el 19% en la miseria. Los diputados y senadores que se coaligaron para el golpe institucional representan los intereses de esos sectores retardatarios, movilizados desde el primer día del gobierno de Lugo, orientado a suprimir los privilegios, combatir las mafias y la corrupción, y afianzar la participación democrática de amplios sectores ciudadanos.
Por todo ello la AAJ declara:
1) el funcionamiento de las instituciones democráticas no se satisface sólo con el cumplimiento de las formalidades, sino que adquiere legitimidad cuando la actuación de cada uno de los poderes del Estado se realiza con respeto pleno del sentido profundo de todas las reglas establecidas para la efectiva vigencia del principio de soberanía popular y la garantía de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de derechos humanos y de integración regional.
2) si bien un juicio político no es un procesal penal, es evidente que la destitución del Presidente Lugo fue el resultado de una farsa institucional, una especie de ejecución sumaria, sin posibilidad de derecho de defensa, y de una hipocresía inigualable ya que la mayoría de los senadores han sido parte y beneficiarios de la criminal dictadura stroessnerista y responsables del despojo de las tierras a sus verdaderos dueños: los campesinos y los pueblos originarios.
3) es inaceptable que en pocas horas, sin escuchar el clamor de organizaciones sociales, populares y políticas, sin un amplio diálogo social, se haya derrocado al Presidente Lugo, que hace cuatro años triunfó en las urnas con un programa de cambios sociales, económicos e institucionales que, con lentitud y tropiezos debidos a la falta de apoyo parlamentario, estaban en marcha.
4) apoya las gestiones de los cancilleres de UNASUR y los pronunciamientos de los Presidentes de Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, en orden al no reconocimiento del gobierno producto del golpe de Estado en Paraguay, y reafirma su solidaridad con el pueblo paraguayo y su reclamo de restitución del Presidente Lugo.
5) insta a las organizaciones de juristas en el Continente a pronunciarse.
A 24 de junio de 2012
Vanessa Ramos Hernán Rivadeneira J, Presidenta AAJ Continental Secretario General
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