El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto con organizaciones salvadoreñas y hondureñas, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la problemática que enfrentan los privados de libertad en esos países. Asimismo la Comisión concedió una audiencia para conocer la situación guatemalteca. La Fundación de Estudios para la Aplicación […]
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Asociación de Jueces Democráticos e Independientes (JDI) informaron sobre las condiciones de hacinamiento que se viven en las cárceles de El Salvador, debido a las políticas de «mano dura». Según cifras del 2005 se encontraban recluidas 12 mil 494 personas, cuando la capacidad total es de 7 mil 372 personas. Esto representa un hacinamiento general del 69,48%.
La situación penitenciaria se agravó, a pesar de la reforma de la justicia penal, por el uso de la prisión como medida generalizada, como respuesta a la delincuencia común y a aquella cometida por jóvenes miembros de pandillas.
Por su parte, el caso hondureño fue expuesto por Casa Alianza, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), entre otras organizaciones.
Las organizaciones denunciaron que las cárceles hondureñas tienen un hacinamiento del 180%, ya que la capacidad es para 6 mil 450 personas y se encuentran recluidas 11 mil 545. La infraestructura de los centros penitenciarios se encuentra totalmente deteriorada y no reúne las condiciones mínimas de seguridad, de acuerdo a los estándares establecidos en la normativa internacional sobre la materia. Los internos no cuentan con acceso a agua potable, ni servicios de salud adecuados, tampoco se cumplen las condiciones mínimas de higiene y muchos deben dormir en el suelo.
Las organizaciones resaltaron la grave situación de violencia carcelaria y las muertes en hechos colectivos que han ocurrido en los últimos años, que ascienden a más de 400. Por su parte, el relator para personas privadas de libertad, el comisionado Florentín Meléndez, resaltó que luego de su visita en diciembre de 2004 el Estado de Honduras asumió una serie de compromisos para solucionar algunos de los graves problemas que pudo constatar, por ejemplo el hecho de que hombres y mujeres no estuvieran separados, así como la situación de las personas con enfermedades terminales y mentales que conviven con el resto de la población carcelaria. Sin embargo ninguno de esos compromisos ha sido honrado.
Además, el comisionado subrayó la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil participen en los procesos de discusión y búsqueda de soluciones y alternativas para mejorar las condiciones de esta población. Finalmente, el contexto guatemalteco fue expuesto por el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).
La situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las cárceles guatemaltecas es cada vez más grave: condiciones de reclusión precarias y tratos degradantes, principalmente por el crecimiento de la población, el deterioro de las condiciones de detención, corrupción de los agentes penitenciarios, el abandono presupuestario por parte del Estado, el aumento de la conflictividad entre grupos rivales y la limpieza social en cárceles. Todo esto provoca un colapso del sistema penitenciario y masivas violaciones a derechos humanos. En Guatemala también predomina el hacinamiento carcelario; si tomamos en cuenta que la sobrepoblación oscila en un 23,65%.
Las mujeres son discriminadas por su condición, no gozan del derecho a visita conyugal, y sus condiciones de reclusión son más precarias. Otra violación en su perjuicio es el acoso sexual. Igualmente, se indicó que las personas indígenas son discriminadas, no son informadas de sus derechos en su propio idioma y son objeto de burlas por no poder comunicarse en español.
Ante la situación expuesta, los peticionarios solicitaron a la CIDH que elabore un informe regional sobre la situación carcelaria. Además, se pidió que se agilicen los trámites de los casos relativos a la problemática expuesta en estas audiencias.