El delito. No son genocidas solamente quienes matan gran cantidad de seres humanos por su condición racial, religiosa, política u otra cualquiera inaceptable para la comunidad mundial. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1948 para su […]
El delito.
No son genocidas solamente quienes matan gran cantidad de seres humanos por su condición racial, religiosa, política u otra cualquiera inaceptable para la comunidad mundial. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1948 para su entrada en vigor el 12 de enero de 1951 estableció que se entiende por genocidio, según su artículo II, «cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y como tal, a) matanza de miembros del grupo, b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y e) traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo».
Según sus artículos III y IV serán castigadas las personas que, «ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares… cometan los actos siguientes: a) el genocidio; b) la asociación para cometer genocidio; c) la instigación directa y pública a cometer genocidio; d) la tentativa de genocidio; y e) la complicidad en el genocidio».
Está promovida sin embargo, internacionalmente, la noción de que solamente la matanza es genocidio, el juzgable y condenable, incluso por Tribunales Internacionales como el Penal para la ex Yugoslavia y la Corte Internacional de Justicia, que así lo establecieron en relación a la destrucción multinacional sufrida por ese país. De cualquiera de las cinco condiciones que puedan caracterizar el delito de genocidio, solamente la primera es juzgable internacionalmente, y de los cinco actos punibles sobre sus ejecutores, solamente lo será el primero. Asociarse para cometerlo, instigarlo, o intentar o ayudar a cometerlo no serán motivo de enjuiciamiento internacional, y en consecuencia, tampoco motivo de inquietar a quienes contribuyan al logro de esas destrucciones físicas o mentales que con cualquier alcance, aporten las víctimas necesarias para los juicios a que sometan los vencedores, desde las posiciones de poder que lo permitan, a los por ellos elegidos, y como perdedores, acusados.
El entorno.
La promoción mediática de temores de supervivencia en la población mundial no está interesada en el reconocimiento del genocidio que de inmediato evidencia su dependencia del imprescindible apoyo estatal. Las élites mundiales han hecho del terrorismo el peor flagelo mediático de la convivencia mundial, supuestamente más espontáneo, atomizado e individualizable que el anónimo, difuso y colectivo genocidio estatal que mucho se cuida de nombrar. Sin embargo, sólo después de la II Guerra mundial hemos coexistido con callados genocidios en países o contra pueblos y grupos nacionales como Argelia, Cambodia, Ruanda, Uganda o Yugoslavia, y palestinos, kurdos, pueblos amazónicos y andinos, saharauis o mayas, y de perseguidos políticos como en Indonesia, Guatemala o Colombia, o por Plan Cóndor en América Latina, además de ataques infundados contra países como Vietnam, Irán, Angola, Panamá, Afganistán, Irak o Siria, ninguno denunciado estatalmente por la ONU como genocida pese a las destrucciones sociales y medioambientales sufridas por sus víctimas. Las relativamente pocas bajas sufridas por los bien equipados representantes de las élites interventoras en esos acallados conflictos son ampliamente divulgados y lamentadas por las mismas élites de poder y mediáticas para las que los millones de «otras» víctimas, las resultantes de estos genocidios, no son contadas ni mencionadas, salvo para estigmatizarlas, como cuando se trata de soldados defensores de sus pueblos frente a sus agresores externos.
En la jurisprudencia internacional fue cuidadosamente eliminada la consideración de bombardeos a ciudades como formas de genocidio sobre sus pobladores, sólo víctimas, ellos y sus medios de existencia, por tal inoportuna ubicación. Los juicios de Nuremberg se cuidaron de no considerar en contra de los vencedores sus destrucciones de ciudades como Hiroshima, Nagasaki, Tokio, Berlín o Dresde. Luego Pyongyang, Hanoi, Panamá, Belgrado, Gaza o Faluya aportarían grandes y nunca contadas «otras» muertes, nada tributarias a los juicios contra sus anónimos genocidas, que siguen sin plantearse tanto como reivindicación de esos pueblos masacrados, que como defensa por los pueblos que hoy se saben juzgados y condenados por la misma élite mundial eufórica de rapiña impune, y también acusada de interesarse en reducir la población mundial. [1]
La nación.
Ante la existencia de numerosos pueblos sometidos a procesos de desestabilización convencional y «no convencional» que no denuncian en términos de genocidio la tapada y ya vigente ofensiva contra ellos difusamente extendida a escala mundial, y otros muchos que se saben escrutados con eficiencia secular y mafiosamente madurada en lo geográfico, lo social y lo político, se precisa el más urgente resurgir de los principios antigenocidas de 1948 de la misma ONU hoy abiertamente desconocida y desacreditada, y se enjuicien y condenen a cuantas personas contribuyan a la promoción, preparación y colaboración para el genocidio que se culminará cuando esas condiciones estén logradas, según las claras instrucciones que con ese propósito ha publicado el gobierno yanqui en su Boletín de Instrucción 18-01 de «Guerra no convencional» para sus Fuerzas Especiales [2], y de hecho se están practicando desembozadamente en el último cuarto de siglo.
Se precisan legislaciones nacionales que se declaren víctimas de ofensivas no convencionales de gobiernos extranjeros orientados a la destrucción de sus instituciones y relaciones sociales, con actuaciones abiertamente agresivas o discretas, pero todas resultantes en los costos humanos y ambientales requeridos para propiciar ese logro genocida, y ejecutadas por individuos e instituciones de cualquier procedencia en nuestro muy entrelazado sistema planetario, interconectado por tecnologías de transporte, comunicación y cómputo al servicio de la bien coordinada y equipada élite mundial. Con la localización de las individualidades tributarias a su nivel en la preparación y avance al logro del genocidio perseguido con incontadas muertes, y » sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial» con «lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo» según se estableció en 1948, con la selección discrecional, su enjuiciamiento y posible condena [3] de esas personas, y demanda internacional del reconocimiento de tal actuación nacional, convendrá establecer el carácter genocida de las naciones reconocidas como agresoras no convencionales, y consecuentemente promotoras de las acciones individuales sancionadas por el país autodeclarado agredido, según procedimientos legales todavía «no convencionales», a establecer sobre probables extranjeros no subordinados «convencionalmente» a la nación por ellos agredida.
Los delincuentes.
Ya parece normal, y hasta plausible, que jefes de estado declaren públicamente su propósito de invadir o bombardear directamente a un país cumplidor de su ordenamiento nacional e internacional sin juicio condenatorio alguno por la ONU, o de hacerlo a través de alguna organización internacional que se autodeclare con esa facultad, [4] o de promover el cambio de su organización social con ayuda a grupos irregulares de nacionales o extranjeros a los que se entregarán, además del siempre disponible dinero, armas de cualquier tipo, entrenamientos y apoyos militares, como por ejemplo asesores para cualquier alcance de hecho. También promover activamente la incorporación de otros países y organizaciones internacionales al aislamiento y bloqueo multilateral del país así anticonvencionalmente agredido con todavía convencional impunidad.
Los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de América han mantenido un destacado protagonismo en genocidios supuestamente culminados, otros en proceso militar activo, otros en activa preparación pública y otros muchos en científica investigación preparatoria, y es muy probable que la nación que estudie autodeclararse bajo ataque no convencional genocida deberá valorar las razones que la respalden para su condena genérica nacional, que luego avalará los casos individuales que ante sus acciones concretas podrán resultar culpables de promoción, apoyo o colaboración con el genocidio en proceso de maduración contra esa nación.
Tres frentes de trabajo investigativo y de promoción internacional podrán en principio abrirse para estudiar la actuación genocida de los gobiernos de EEUU: el de recuento de hechos históricos, desde su fundación misma; el moral de reclamo internacional de la veracidad de las justificaciones con que esos gobiernos han actuado sobre otros pueblos; y el político valorativo de las acciones que en la actualidad ejecutan internacionalmente las instituciones estatales yanquis. Para esta triple valoración, y su conclusión final, convendrá que la nación que valora proclamarse bajo agresión «no convencional» genocida yanqui (y de otros, según el caso) solicite públicamente al o a los investigados sus argumentos respecto a los temas que específicamente se les enjuiciarán, y tras ese planteamiento previo a los dictámenes que en ningún caso han precedido frecuentes sentencias imperiales, la nueva legislación antigenocida tendrá un amparo «convencional» con los enjuiciamientos personales «no convencionales» que así mejor defenderán al país autodeclarado genocidamente agredido.
Lo histórico y moral.
Abundan ejemplos de comportamientos genocidas estadounidenses sobre pueblos aborígenes, como infectando con viruela a sus propios nacionales, o esterilizando bolivianas, y masacrando naciones en formación (como Filipinas) y también otras ya reconocidas internacionalmente (como Nicaragua y Vietnam). También podrán citarse pasados comportamientos preparatorios y de apoyo a genocidios ejecutados por sus aliados privilegiados, como Israel y Marruecos, y por obedientes y ambiciosos nativos servidores de indignas élites extranjeras [5].
Promover el reclamo internacional de demostración de la veracidad de las justificaciones con que los gobiernos yanquis han actuado y actúan contra otros pueblos, además de recordar casos más antiguos, sin excusa deberán considerar los hechos que el 11 de septiembre de 2001 sirvieron para promover incuestionado respaldo internacional al gobierno que de inmediato los explicó, y acusó a grupos y naciones que todavía le sirven para justificar el crecimiento de su industria armamentista, sostén fundamental de su protagonismo mundial, con amenazas, miedos y cumplimientos de producir destrucciones físicas y humanas apoyadas también en manipulaciones mediáticas con sus tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, y el desarrollo de unas ciencias técnicas, naturales y sociales orientadas al más eficiente servicio de la impune e invisibilizada élite mundial.
Muy pronto surgieron muy graves cuestionamientos de las explicaciones gubernamentales a los hechos del 11 de septiembre [6]:
Atribuido al impacto de dos aviones el derribo de tres rascacielos en que el acallado tercero, sin lesión externa alguna, más de 30 pisos de altura y estructura de acero similar a las de los otros dos impactados, se desplomó como ellos en caída libre según una primera y única experiencia mundial para ese tipo ese tipo de edificios. Sólo demoliciones así se explican generalmente por explosiones controladas a lo largo de toda su altura, como muchos testigos luego se supo que declararon haber visto y sentido. Ninguna atención recibieron ni reciben por el gobierno que inmediatamente retiró los escombros y con ellos, posibles pruebas de las causas de tales singulares caídas. Explicadas oficialmente las caídas por la fusión de los aceros de las estructuras, en toda su altura, por la entrada en dos torres (de tres) del combustible contenido en los aviones que con sus fuselajes ligeros atravesaron las fachadas en su totalidad, sin dejar fuera ningún componente como motor o puntas de ala o de cola, a través de columnas rectangulares que espaciadas a un metro, y con planchas de acero de más de 6 cm de espesor, se fundieron después por la combustión de gasolina de avión en cantidades y a temperaturas sin precedentes técnicos reconocidos.
Como posible opción técnica considerada, además de la demolición controlada por pisos no afectada por aviones de posible existencia sólo electrónica y virtual, especialistas en novedades militares argumentan la opción de la demolición de cada torre por una mini-bomba atómica en el sótano de cada una, lo que también explicaría la ausencia de escombros identificables en toda la torre 7, inclusive su azotea, toda ella más cercana al sótano por su altura total, poco mayor de la mitad de las otras dos torres, las «impactadas». [7] Las muertes y enfermedades todavía tratadas en los sobrevivientes, rescatistas y escombreadores de las torres parecen explicarse así mejor que con su apagada versión oficial.
Tampoco han recibido explicación esclarecedora gubernamental los daños en el edificio del Pentágono notablemente menores a los correspondientes al avión de pasajeros que se dijo lo impactó con propósitos terroristas, y del que no aparecieron después ni piezas del avión del impacto, como sus motores, ni restos de los propios pasajeros y tripulantes.
Otros numerosos aspectos resultan fuertemente cuestionados por asociaciones de ciudadanos norteamericanos que por intereses profesionales, cívicos y/o como víctimas directas o familiares de ellas, ningún esclarecimiento han recibido del mismo gobierno que ha tomado protagonismo mundial en base a explicaciones nunca confirmadas por entidades independientes. [8]
Lo político.
La valoración política de los comportamientos del gobierno norteamericano en el presente siglo a escala mundial, y que debe ser independiente de las que hagan los actuales gobernantes resultantes de tales acciones, pueden ejemplificarse con las agresiones militares contra Afganistán e Irak, basadas en explicaciones en ningún caso confirmadas, e incluso desmentidas por los mismos que las expusieron públicamente. Ello no impidió el mantenimiento de la ocupación militar hecha en esas naciones, que sufrieron y siguen sufriendo el genocidio caracterizado por la ONU desde 1948 con matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental de nacionales injustificadamente agredidos, su sometimiento intencional a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física, total o parcial, y que debe reiterarse que no consiste exclusivamente en la culminación de asesinatos masivos, sino también conllevan delitos genocidas por su promoción, preparación, ayuda y colaboración.
Está por denunciar también, política y moralmente, la privatización de las guerras con el empleo de «contratistas» en esos y otros países, como Libia y Siria por ejemplo, que como mercenarios «privados», pero protegidos por pactos gubernamentales de impunidad y no enjuiciamiento en los territorios por ellos ocupados, y apoyados en falseadas manipulaciones mediáticas como la batalla de Trípoli teatralmente escenificada en Qatar, también desarticulan estados nacionales bajo el amparo incuestionado yanqui. También el esclarecimiento de la agresión internacional contra Libia con participación directa también yanqui. Poco después de publicitados fraternales encuentros con su presidente, los mismos gobernantes, basados en calificativos mediáticos no requeridos de enjuiciamiento público alguno, y falsedades «justificativas» de agresiones todavía impunes para sus repetidores o creadores, promovieron su asesinato y la destrucción genocida todavía en desarrollo de ese país.
La Cuba acusada de promotora del terrorismo, el narcotráfico, el tráfico humano y la violación sistemática de los derechos humanos tiene la gran ventaja de disponer de un documento que claramente caracteriza el objetivo genocida que el gobierno yanqui ha convertido en ley en su contra, y «legal» y públicamente intenta aplicarla con toda su fuerza, la Ley Helms – Burton que en su promocional plagio al lenguaje popular ha llamado en ingles «Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad Cubanas», con el añadido en español «(Libertad)»· [9]
La nutrida y real aplicación mundial de sanciones aparentemente intrascendentes por su especificidad económica y puntual, con apoyo de gobiernos y empresarios extranjeros, ha motivado el rechazo de la comunidad internacional al bloqueo yanqui desde 1992. Mientras, actúa libremente en EEUU Luis Posada Carriles, uno de los autores del derribo de un avión comercial cubano en 1976 que desde antes y hasta ahora es protegido por el mismo gobierno genocida yanqui que contra toda ética legal y moral, mantiene a cinco héroes cubanos sentenciados por el delito a haber alertado a su gobierno, y éste al yanqui, de conspiraciones que sus protegidos terroristas anticubanos organizaban para derribar nuevos aviones de pasajeros, incluso norteamericanos. Cuando el primer antiterrorista cubano y Héroe Nacional como sus hermanos cumplió toda su sentencia, el gobierno yanqui le prohibió acercarse a los lugares frecuentados por esos mismos terroristas, así nuevamente protegidos, y ya vecinos cotidianos de su maestro Posada Carriles.
De acuerdo con la ley que detalla la relación de medidas que deberán cumplir los cubanos que aspiren a librarse de las medidas represivas de bloqueo comercial y financiero instrumentadas a partir de la muy yanqui Ley «Libertad», y a satisfacción del representante que designe el presidente de EEUU para que le informe cuándo cancelar esa ley después que se haya constituido un gobierno de transición primero y luego otro «elegido democráticamente», los cubanos deberán cambiar aspectos esenciales de su vida nacional, que entre otros son todo su sistema político y organización económica, incluidas entregas de todas las propiedades que decidan jueces norteamericanos desde su país. Se deberán sancionar a los colaboradores del gobierno precedente, y que hayan sobrevivido a la anunciada revancha de los ya empoderados lacayos del poder imperial; la prensa y la educación formadoras de la nueva sociedad serán orientadas y supervisadas bajo los principios yanquis legalizados para Cuba por la Helms Burton, como también lo serán las fuerzas militares y policíacas. Para el logro de estas medidas genocidas consistentes en «lesiones graves a la integridad física y mental» de los cubanos, con su «sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física, total o parcial», habrán podido producirse ataques con múltiples y modernas tecnologías, drones incluidos, con muertos y heridos que, según lo convencional, no se habrán cuantificado por tratarse de bajas colaterales sin culpabilidad jurídica para sus ejecutores directos.
Excelente divulgación obtendrían las ilegalidades del bloqueo y del Caso de los Cinco cuando las individualidades que fueran avisadas por su enjuiciamiento por genocidas contra Cuba, además de los cargos específicos sobre los que se les pidiera defensa, se les informara de los fundamentos de esa defensa nacional antigenocida, con datos escogidos sobre estas ilegalidades, con las de Los Cinco en primer lugar.
Lo colectivo.
Si para Cuba la preparación activa de su genocidio final espera por la oportunidad que la élite mundial considere propicia, con daños públicamente acumulados por más de medio siglo, y que para otros países latinoamericanos contestatarios comienza sin recato, muchos otros países pueden sentir los efectos de los posicionamientos geográficos, económicos y políticos que la élite mundial establece, y cada país puede enjuiciarlos como justificativos de su autovaloración como objetivo de la bien tapada ofensiva genocida planetaria, la que se intenta enmascarar y a muchos confunde como simplemente antiterrorista, de muy libre fundamentación e interpretación mediáticas.
Se imponen mundialmente medidas de represión modernizadas, como las ejecuciones selectivas ejecutadas por asesinos y torturadores con jerarquía militar, incluidos pilotos de drones, todos cumplidores de deberes ordenados por impunes y anónimos jerarcas de la estructura gubernamental, así como la proliferación de bases militares que mundialmente aseguran, además de la estable penetración polivalente del territorio que ocupan, la inmediata presencia de considerables y bien equipadas fuerzas militares sin limitaciones locales. Ya sistemáticamente violadas las normas de legalidad internacional por mandos imperiales de todos los niveles, y por otros cualesquiera subordinados a ellos, se requiere su enjuiciamiento «no convencional» por los estados que ya conscientes de la sentencia de destrucción nacional dictada en su contra por la élite internacional, podrán coordinarse y destapar el mundialmente invisibilizado genocidio en proceso que nunca les será así declarado, y sistemáticamente les será aplicado.
La Habana, 22 de septiembre de 2014, «Día de inicio del bombardeo yanqui a Siria».
Notas
[1] http://actualidad.rt.com/
[2] http://www.cubaminrex.cu/
[3] A considerar, desde extradición y encarcelamiento hasta multa de un dólar.
[4] Como una OTAN incumplidora, con todos sus estados miembros, de las regulaciones internacionales aprobadas formalmente por todos ellos.
[5] Denuncias como los de Howard Finn y muchos otros estudiosos del permanente comportamiento genocida yanqui contra otros pueblos, ayudarán a la novedosa y no convencional sentencia de comportamiento genocida sistemático yanqui contra quienes elija unilateralmente, y así se considere la nación autodeclarada en defensa antigenocida nacional.
[6] Amplia información sobre estos temas es localizable en portales como del SPINE (Scientific Panel Investigating Nine Eleven), http:physics911.net; Boletines de armas contra las guerras del CIARAMC en http://www.ciaramc.org ; http://www.
[7] Khalezov, Dimitri, «11th of September-the third truth» en http://www.nexux-magazin.de/
[8] Ver nota 6 y sus referencias adjuntas.
[9] Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996, 22 U.S.C. §§ 6021-6091 en http://www.
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