Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
El 5 de junio, la Policía Nacional del Perú (PNP) masacró a hasta cincuenta indígenas awajún y wampi en Bagua quienes habían bloqueado carreteras en protesta contra una serie de decretos gubernamentales que entregan vastos sectores de la Amazonía a la voracidad de corporaciones extranjeras, en relación con un acuerdo de libre comercio recientemente implementado entre EE.UU. y Perú. Testigos presenciales informan que la PNP disparó con munición de guerra desde tierra, techos y helicópteros policiales. Supuestamente hay entre 61 y 400 personas desaparecidas después del ataque.
Narco News ha descubierto que hay dinero para la guerra contra la droga a lo largo y ancho de la matanza. El gobierno de EE.UU. no sólo ha pasado las últimas dos décadas financiando los helicópteros utilizados en la masacre, también entrenó a la PNP en el «control de disturbios.»
La Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú es una fuerza policial militarizada y la única fuerza nacional de policía del Perú, lo que quiere decir que Perú carece de una fuerza federal de policía civil. Por este motivo, la PNP militarizada realiza funciones regulares de policía en Perú, como ser mantener el orden y asegurar la seguridad pública. Además, «Las operaciones contra narcóticos en Perú son implementadas primordialmente a través del Ministerio del Interior por la Policía Nacional del Perú,» según la Oficina de Contabilidad del Gobierno de EE.UU. (GAO, conocida ahora como la Oficina de Contabilización del Gobierno). Por este motivo, la PNP recibe una parte importante de la ayuda de la guerra contra la droga de EE.UU. para Perú.
Detalles básicos de la masacre de Bagua, como ser exactamente qué departamentos de la policía participaron y cuántos manifestantes indígenas murieron, todavía no han sido divulgados dos semanas después de la masacre. El periódico La Primera de Perú, único medio noticioso que suministró información sobre departamentos específicos de la policía que participaron en la masacre, escribe: «La operación policial fue realizada por unos 600 policías de Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes), Dirección Antidrogas (DINANDRO), que dispararon frontalmente al cuerpo de los manifestantes.» Diroes y DINANDRO son dos fuerzas dentro de la Policía Nacional del Perú.
De particular interés es la participación de la fuerza de policía contra la droga, conocida como DINANDRO en su acrónimo en castellano. Entre 2002 y 2007, EE.UU. invirtió más de 79 millones de dólares en la PNP. Los fondos entre 2002 y 2004 fueron para «ejercicios de entrenamiento y en el terreno para realzar las capacidades de DINANDRO de realizar ejercicios básicos en carreteras y vías fluviales, así como para proveer seguridad para los equipos de erradicación en las áreas más alejadas. La intensificación de estos esfuerzos de mantenimiento del orden requerirá vehículos, comunicaciones, equipos de campaña, equipos de emergencia y de reacción de seguridad y perros detectores de drogas adicionales.» En 2007, el financiamiento del gobierno de EE.UU. para DINANDRO fue expandido para «reforzar las capacidades de DINANDRO para realizar interdicción avanzada de carreteras, control de disturbios, mayor seguridad para los equipos de erradicación, e interdicción en áreas recalcitrantes.» En 2007 el gobierno de EE.UU. también introdujo la primera de por lo menos cuatro «Escuelas Pre-Policía» para estudiantes del 5º año de secundaria. Los graduados pueden participar en el examen de admisión a la Escuela Técnico Superior de la PNP. Las «Escuelas de Pre-Policía» son gratuitas.
Contrainsurgencia
Mientras Perú se militarizaba con el pretexto de la guerra de la droga, el Departamento de Estado de EE.UU. justificó su asignación presupuestaria para 2008 señalando: «El mayor cambio del programa policial para el año fiscal será el requerimiento de apoyar una presencia muy ampliada de la policía contra la droga de Policía Nacional del Perú (DINANDRO) en los valles de cultivo de coca.» Aunque la región en la que ocurrió la masacre no es de ninguna manera una importante región de cultivo de coca, aparece ciertamente en el mapa de la Oficina de la ONU contra la droga y el crimen (UNODC) (archivo PDF – vea página 192).
El gobierno de EE.UU. es propenso a financiar operaciones «antinarcóticos» en territorio rebelde, que es entonces utilizado, sea abiertamente (nótese el entrenamiento suministrado a DINANDRO por EE.UU. en el control de disturbios) o de modo clandestino, para financiar operaciones de contrainsurgencia. La simple mención de la región en el mapa de cultivo de coca de UNODC combinado con la presencia de organizaciones de resistencia indígena prácticamente asegura un refuerzo militar-policial en la región. De hecho, un informe de la GAO de 1991 declaró: «La política del poder ejecutivo [peruano
] es utilizar la ayuda antinarcóticos contra narcotraficantes y grupos insurgentes vinculados al narcotráfico… creemos que la política es razonable.» El informe de la GAO sigue diciendo:
«De los 702 policías entrenados para propósitos antinarcóticos desde 1989, sólo cerca de un 56% provenían de unidades con una misión antinarcóticos. El restante 44% venía de unidades policiales con una misión primordial de contrainsurgencia. Esas unidades incluyen a los Sinchis (División de Operaciones Tácticas Antidrogas Sur) y al Departamento de Operaciones Especiales [Dinoes, que también participó en la masacre]… En diciembre de 1990, el Departamento de Estado instruyó a la embajada que no podía entrenar a ciertos tipos de unidades, incluido el Departamento de Operaciones Especiales, porque no estaban directamente involucradas en misiones antinarcóticos. A pesar de esa notificación la Sección de Asuntos de Narcóticos entrenó a 32 personas que no debieran haber sido entrenadas; esos 32 representaban casi un 14% del número total de policías entrenados después de emitida la instrucción. Según funcionarios de la sección, el entrenamiento de fuerzas de operaciones especiales ayudará a los esfuerzos de EE.UU. para obtener su apoyo en operaciones futuras… Aunque policías de los Sinchis y del Departamento de Operaciones Especiales pueden realizar algunas operaciones antinarcóticos, se reconoce que su misión primordial es la contrainsurgencia.»
Aunque el informe de la GAO es de la era de Fujimori, los presidentes derechistas que le siguieron han hecho poco por rectificar los males del pasado. Uno de los ejemplos más flagrantes de este hecho es la ley de amnistía de Perú que protege a criminales de guerra. Además, el actual presidente Alan García sirve su segundo período no consecutivo; sirvió el primero en 1985-1990, cuando la guerra sucia de Perú tenía lugar a todo vapor. El gobierno de García ha sido siempre caracterizado por masacres contra el descontento social: el actual presidente fue responsable de la masacre de Accomarca en agosto de 1985 (entre 47 y 74 campesinos muertos), la masacre de Cayara en mayo de 1988 (unos treinta muertos y más desaparecidos), y varios disturbios en las prisiones en los que fueron ejecutados más de 200 reclusos.
Por desgracia, la masacre de García de los pueblos indígenas awajún y wampi en el bloqueo de Bagua es sólo la última en toda una serie. El propio García parece totalmente impenitente respecto a la última matanza, y supuestamente ha calificado a las organizaciones indígenas que participaron en el bloqueo de Bagua de «ignorantes» y se ha basado en argumentos típicamente racistas para restar importancia al movimiento indígena. Dando a entender que la gente indígena es incapaz de pensar por sí misma y de tomar sus propias decisiones sobre su bienestar, declaró a la prensa que las organizaciones indígenas estaban siendo manipuladas por fuerzas izquierdistas extranjeras.
Helicópteros
Testigos de la masacre de Bagua afirman que la policía disparó gas lacrimógeno y munición de guerra desde helicópteros policiales. Los helicópteros, Mi-17 hechos en Rusia, no fueron comprados con dólares de EE.UU., pero el dinero de la guerra contra la droga estadounidense los ha mantenido durante años.
Como parte de la Iniciativa Andina contra la Droga (IAD), un programa de George H.W. Bush que generó el infame Plan Colombia, el gobierno de EE.UU. emprendió la tarea de actualizar la flota aérea policial de Perú. El periódico peruano La República informó que el gobierno de EE.UU. se proponía actualizar toda la flota de la PNP. EE.UU. comenzó a suministrar fondos para las aeronaves peruanos bajo los auspicios de esfuerzos contra la droga en 1988. En 2004, el gobierno de EE.UU. suministró «financiamiento para pilotos, tripulaciones, y personal de apoyo para 15 helicópteros UH-1H de propiedad del gobierno de EE.UU. y 14 helicópteros peruanos Mi-17,» estos últimos del mismo tipo de helicóptero utilizado en la masacre de Bagua. Ya que la ayuda extranjera de EE.UU. puede tardar varios años en llegar al país receptor, es posible que el gobierno de EE.UU. haya financiado a los pilotos y las tripulaciones que estaban en los Mi-17 que fueron supuestamente utilizados para asesinar a indígenas peruanos en Bagua.
En 2007, el Departamento de Estado mencionó a los Mi-17 entre otros aviones de la PNP en su justificación del presupuesto, escribiendo que «fondos del año fiscal 2007 también cubrirán el combustible, mantenimiento, hangares y almacenamiento, alquiler de aviones cuando sea necesario, y el apoyo operativo para personal de la Aviación de la PNP (DIRAVPOL).» Un año después, el Departamento de Estado escribió: «El año fiscal 2008 continuará la fuerte inversión de fondos en el entrenamiento y el desarrollo profesional de personal de aviación de la PNP aparte del presupuesto para el aumento de las horas de vuelo.»
Aparte de financiar los helicópteros Mi-17 existentes de Perú, EE.UU. ha donado unos 24 helicópteros armados Huey II (UH-II) a la PNP. Los Hueys no fueron usados en la masacre de Bagua, pero la masacre debiera hacer que el gobierno de EE.UU. lo piense dos veces antes de donar helicópteros de combate con múltiples cañones y lanzacohetes montados en toda la nave. Los Huey II donados llegaron con el sistema de armamento M16, que incluye una combinación de ametralladoras M60C de 7.62mm y dos lanzacohetes MK-40 de siete tubos de 2,75 pulgadas.
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Kristin Bricker es corresponsal basada en México de Narco News. También forma parte del colectivo Rebel Imports que vende textiles, café y miel de comercio justo de las cooperativas zapatistas. Para contactos con Kristin escriba a [email protected]. Su blog personal es http://mywordismyweapon.