Ha pasado algo más de un mes desde que se posesionó el gobierno de Rafael Correa de Alianza País, en Ecuador, y, como se había previsto, el principal problema para el nuevo gobierno era recuperar los espacios de legalidad que habían sido resignados en la primera vuelta electoral, cuando no presentó candidatos a diputados como […]
Ha pasado algo más de un mes desde que se posesionó el gobierno de Rafael Correa de Alianza País, en Ecuador, y, como se había previsto, el principal problema para el nuevo gobierno era recuperar los espacios de legalidad que habían sido resignados en la primera vuelta electoral, cuando no presentó candidatos a diputados como un recurso estratégico de la campaña electoral, una decisión que tenía por objetivo la aceptación de un sector de la ciudadanía que rechazaba a los partidos politicos tradicionales y que votaría nulo para los candidatos al parlamento, pero que podrían sumarse a la candidatura de Rafael Correa como efectivamente sucedió.
Sin embargo, y una vez pasadas las elecciones, al no tener una mínima representación al interior del Parlamento, el nuevo régimen se dio cuenta de que había quemado las naves de su propia gobernabilidad y, desde el primer día, se obligó a caminar al filo de la navaja de la institucionalidad, y a generar espacios de confrontación y negociación con esa misma institucionalidad.
Esa fuga hacia delante es la condición de su propia gobernabilidad y de su sustento político. Cuenta para ello con el agotamiento del sistema político que se expresa en su desprestigio y pérdida de referencialidad de los partidos políticos y de la clase política en la ciudadanía, y a su vez en la enorme legitimidad que tiene el nuevo gobierno en las clases medias y que a la sazón son la fuente de su poder real.
Mas se trata de una legitimidad muy volátil y que se sustenta en la confrontación del gobierno contra el sistema político. A mayores niveles de confrontación, mayores niveles de legitimidad. El espacio en el que ahora se ha evidenciado esta disputa ha sido mediatizado por los medios de comunicación, de ahí que el personaje político más importante en el régimen no sea un político sino un publicista quien además funge como Secretario de la Administración Pública. De ahí también que en el rol de vocero del régimen y contradictor al sistema político aparezca el mismo Presidente de la República, Rafael Correa.
Por ello, cualquier atisbo de negociación con los partidos políticos tradicionales, a quienes el nuevo gobierno ha etiquetado como la «partidocracia», es visto como una traición para los sectores de ciudadanos que apoyan al gobierno.
Ahora bien, el régimen, apenas posesionado, creó un espacio de confrontación con el sistema político en la figura de la consulta para la instalación de una Asamblea Constituyente con plenos poderes.
Este espacio tenía dos intenciones políticas. En primer lugar, acotar los espacios del Parlamento obligándole a actuar dentro de la lógica y la agenda creada desde el régimen, es decir, arrebatar la inciativa política a los partidos políticos tradicionales y a la oposición que suman más de dos tercios.
Con esta jugada, los partidos políticos si se oponían a la consulta a la Asamblea se desgastaban, y si la apoyaban entraban de ello en el juego del régimen. Mientras que el Presidente de la República fustigaba a la «partidocracia» acusándola de corrupción y de ser causante de la crisis institucional del país, y con ello sumaba adhesiones en las clases medias, su Ministro de Gobierno negociaba por debajo de la mesa con esa misma «partidocracia» las posibilidades de institucionalizar y legalizar el llamado a la consulta popular para la instalación de la Asamblea Constituyente.
En segundo lugar, este espacio de la consulta para convocar a la Asamblea Constituyente, tenía la intención de institucionalizar en beneficio del régimen a los movimientos ciudadanos y organizaciones sociales.
Esta intención pudo evidenciarse en la primera propuesta de estatutos para participar en la Asamblea Constituyente, enviada por el gobierno en el primer día de su posesión, y que elimina en la práctica la intervención política de las organizaciones sociales y ciudadanas por fuera de los mecanismos de los partidos políticos. El nuevo gobierno que había llegado de la mano de sectores críticos y disconformes con el sistema de partidos políticos, en su primer acto gubernamental (se trató, de hecho, del Decreto presidencial No. 002), cedió el proyecto político más importante de su gestión a los partidos políticos que supuestamente denosta. Esta cesión al sistema de partidos tenía por objetivo obligar a los movimientos sociales y ciudadanos a no tener otra opción que inscribirse en las listas del gobierno para lograr algún espacio de representación en la Asamblea Constituyente.
En efecto, al rechazar al sistema de partidos, el tejido social que respalda la convocatoria a la Asamblea Constituyente, no tendría otra opción que la de adscribirse a las listas gubernamentales. De esta manera, el régimen de Rafael Correa podría obtener el respaldo de un importante número de organizaciones sociales y ciudadanas, amén de un importante número de asambleístas, confiscando en beneficio propio esa enorme energía política que nace desde las movilizaciones sociales y ciudadanas. Esta maniobra se ve refrendada con la intención de crear un Ministerio de Movimientos sociales y organizaciones sociales.
Pelea por la iniciativa política
Ambas jugadas, a pesar de todos las críticas que suscitaron, le han permitido al gobierno ganar la iniciativa política en los dos niveles: con el sistema político y con la ciudadanía. En efecto, ha logrado la aprobación por parte del Congreso y del Tribunal Electoral de la consulta para la instalación de la Asamblea Constituyente, en los términos establecidos por los marcos jurídicos vigentes; y tiene un importante respaldo del electorado que suma más de un 70% de aceptación y popularidad.
Esta discusión política alrededor de la consulta para la instalación de la Asamblea Constituyente, tiene un amplio respaldo de las capas medias de las ciudades más importantes del Ecuador, sobre todo de Quito, la capital del país, y que concentran la mayor parte de la renta nacional.
Sin embargo, el régimen no ha descuidado a otros sectores que están por fuera de las clases medias y que son cuantitativamente importantes a la hora electoral, como los sectores urbano marginales, los sectores rurales y campesinos.
En estos sectores el régimen ha profundizado la política asistencialista creada años antes por el Banco Mundial, intentando crear lealtades hacia su gobierno a través del incremento del bono de la pobreza, que ha sido duplicado (30 USD por persona registrada en las respectivas bases de datos de pobreza), y el incremento de los subsidios para la vivienda (o también denominado bono de la vivienda). Estas iniciativas consolidan el rol asistencialista y clientelar de las políticas públicas que han sido denunciadas desde las organizaciones y movimientos sociales.
Para los campesinos ha decidido utilizar la banca pública de desarrollo para entregar insumos y fertilizantes a bajo precio, y créditos con tasas de interés subsidiadas. La intención del régimen es que estas políticas asistencialistas se reditúen en votos para el partido de gobierno, y se generen lealtades que se traduzcan, llegado el caso, en fuente de movilización de apoyo para el gobierno. Cabe decir que se trata de una práctica recurrente del sistema político ecuatoriano, y que replica aquella política asistencialista del coronel Lucio Gutiérrez, ex Presidente del Ecuador.
Retórica izquierdizante
Con ese mismo sentido pragmático de la «real politik», el gobierno ha utilizado una retórica izquierdizante que ha enmascarado decisiones que más bien contradicen a una política de izquierda, como por ejemplo, y al cumplirse su primer mes de gestión, pagar puntualmente los intereses a los tenedores de la deuda externa ecuatoriana nominada en Bonos Global.
Con esta decisión apacigua a ciertos sectores que desconfiaban del régimen y que podían provocar alteraciones macroeconómicas fuertes, como por ejemplo, fugas de capitales, desinversiones, incrementos de las tasas de interés, y que habrían generado una sensación de incertidumbre, inestabilidad de precios y presiones sobre el empleo, la inflación y la tasa de interés.
Al mismo tenor puede adscribirse su política petrolera que ya no comulga con las tesis nacionalistas de la campaña electoral, sino con las necesidades de financiar un presupuesto fiscal que contempla una utilización estratégica de los recursos del Estado para apuntalar la gestión del gobierno, no para cambiar el modelo vigente.
De ahí los acuerdos y conversaciones mantenidas con varias transnacionales petroleras para entregar a la explotación petrolera incluso los territorios indígenas que a pesar de ser considerados intangibles y por tanto prohibidos de actividades económicas, son parte ya de las nuevas negociaciones por parte de las nuevas autoridades.
Ahora bien, este escenario puede permitirnos vislumbrar los ejes maestros de lo que podría ser al futuro la política de Rafael Correa. Todos los indicios muestran una utilización estratégica tanto de los discursos y la retórica oficial que asume un tono izquierdizante, crítico ante el neoliberalismo y que apela a la recuperación de la soberanía nacional; cuanto de las políticas públicas que están orientadas a consolidar y ampliar las prácticas asistencialistas del Estado, es decir, crear una base de sustentación social para el nuevo gobierno.
Esta utilización estratégica, en realidad, tiene el objetivo de construir el partido de gobierno hacia el cual confluyan las organizaciones sociales, los movimientos ciudadanos, y los liderazgos populares.
Demás está decir que esta intencionalidad fractura severamente el tejido social y organizativo, amén de lesionar la integridad y la práctica política de los movimientos sociales que en el Ecuador son poderosos. La posible ruta futura de Alianza País está en construir el partido
gobierno (para diferenciarlo de la Alianza gubernamental lo llamarán quizá ¿Movimiento País?), con las estructuras y los cuadros políticos de los movimientos sociales y ciudadanos. Empero, se trata de un cálculo erróneo, porque asume una posición pasiva de organizaciones sociales realmente fuertes y que han resistido con éxito estrategias parecidas de gobiernos anteriores. Para formar el partido de gobierno cuenta con los recursos del Estado y con las políticas públicas que puedan diseñarse al efecto. El gobierno de Rafael Correa comete el error del que nos hablaba Lacan cuando refería que está bien que el pueblo crea que el rey lo es por sí mismo; el problema, dice Lacan, es cuando el rey se cree a sí mismo rey. Es decir, Rafael Correa cree haber ganado las elecciones por sí mismo y no por ese acumulado de resistencias, movilizaciones, esperanzas, sueños y luchas de las organizaciones sociales ecuatorianas, y que ya llevan casi tres décadas de resistencia al modelo neoliberal.
La utopía del poder: perpetuarse
Quizá sea por eso que Correa y su entorno, al parecer, hayan sucumbido en la utopía del poder: perpetuarse. Para ello, quieren utilizar el poder que tienen desde el gobierno más en función de un proyecto personalista que en esa larga tradición de luchas y movilizaciones. En ese proyecto cabe la cooptación y manipulación a las organizaciones sociales y a sus cuadros.
Si el gobierno de Rafael Correa, tiene éxito en desgranar el tejido social, debilitarlo, adscribirlo y metabolizarlo a su proyecto propio, entonces puede estar soñando en que la próxima Asamblea Constituyente cumpla ese sueño que nada tiene que ver con el socialismo ni con el cambio del modelo, sino en la intención más prosaica de ampliar el mandato presidencial quizá a seis años, y permitir la reelección inmediata e indefinida.
Con los recursos del petróleo, con su política asistencialista, con su retórica izquierdizante, con su presencia permanente en los medios de comunicación, bien puede estar pensando en un gobierno de muchos años, al que disfrazará con cualquier ideología movilizadora, quizá un bolivarianismo ligero y, en realidad, neoliberal, un sueño de perpetuarse en el poder exactamente como a su turno pensaron los efímeros presidentes Abdalá Bucaram (que gobernó siete meses); o Lucio Gutiérrez (que gobernó algo más de dos años).