Al mismo tiempo que se reconoce el papel vital que jugamos los indígenas en la conservación del planeta, la mafia ambientalista persiste en el desalojo de pueblos indígenas.
A finales de junio del presente año, se efectuó en Nairobi, Kenia, una reunión más de la COP15 de enorme relevancia para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y preservación de nuestros territorios, los que en esta ocasión se ven amenazados por la mafia de las organizaciones ambientalistas, las cuales procuran la conversión del 30% del planeta para el año 2030.
La reunión pasó desapercibida ante la guerra de desinformación que libran las potencias mundiales, que persisten en su visión neocolonial del manejo de la biodiversidad, al propulsar la denominada conservación de fortaleza, la cual implica la aplicación de restricciones entre ellas incluso expulsión de los pueblos indígenas de sus hábitat funcionales.
Al mismo tiempo que se reconoce el papel vital que jugamos los indígenas en la conservación del planeta, la mafia ambientalista persiste en el desalojo de pueblos indigenas tanto en África como en Latinoamérica.
A escasos 250 kilómetros de Nairobi, desde el 10 de junio, el gobierno de Tanzania viene desalojando a 150 mil indígenas del pueblo Masai. El Estado haciendo eco a la UNESCO, IUCN y ICOMOS exigen la relocalización de los Maasai que habitan el cráter del Ngorongoro para suplir la pretensión de la casa real de Dubai y la creación de un coto de caza.
No es la primera que el pueblo Masai se ve desplazado por el gobierno de Tanzania, para el 2015 se inicio la expulsión en el Serengeti, donde fueron afectados 6,800 personas a las cuales se les quemó sus viviendas. En Tanzania donde existen más de 125 pueblos indígenas, hasta la fecha el Estado desconoce su condición de pueblos indigenas.
En Kenia, en la última década los pueblos Sengwer y Ogiek han sido víctimas de desalojos en el marco de los proyectos REDD de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Siendo uno de los casos con lesivas restricciones al pueblo Baka del Camerún, impuestas por la WWF.
Las violaciones a los derechos humanos en nombre de la conservación han llegado al punto que en el Congreso de los Estados Unidos se dieron una serie de audiencias sobre el tema de los desmanes cometidos por la WWF, que conllevó a la Cámara de Representantes a firmar un proyecto de ley que prohibiría al gobierno de EE. UU financiar a grupos conservacionistas internacionales que apoyan violaciones de derechos humanos.
Las mismas organizaciones conservacionistas que fueron señaladas en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en nombre de la conservación, son las que promueven el 30 x 30, demostrando de esta forma el singular poder que poseen y generando enormes violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, ya que existe la tendencia de convertir las áreas protegidas en proyectos turísticos manejados por fundaciones conservacionistas.
La Pre COP 15, y el silencio sobre pueblos indígenas y consulta previa
La reunión de la COP 15 en Ginebra efectuada en marzo del presente año, se suspendió, al no lograr un borrador final. Notoria fue la exclusión de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa, llegando China y Rusia a proponer una omisión de salvaguardas de derechos humanos, además que Australia y Nueva Zelanda descartan la inclusión de la consulta previa, libre e informada en el documento final. La posterior reunión en Nairobi terminó de igual manera que la de Ginebra, sin lograr consenso alguno entre los estados participantes.
El desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios y la denegación del derecho al CPLI, ha sido la receta de oficio. A pesar de existir una resolución de la Corte africana de Derechos Humanos a favor del pueblo a Ogiek de Kenia, este continúa siendo expulsado de su territorio ancestral.
En el caso de América Latina La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una extensa jurisprudencia en relación a pueblos indígenas y el derecho a los territorios ancestrales y el CPLI, no obstante los estados-nación insisten en desconocer las resoluciones al respecto, que se han convertido en un estorbo para la clase política empresarial y su visión depredadora.
Honduras y el desconocimiento sistemático del CPLI
En el caso de Honduras desde el 2011, la OFRANEH presentó una petición ante la CIDH, sobre la Ley de Propiedad y de cómo fue ignorada el posicionamiento de la consulta realizada por el pueblo Garífuna al respecto. La petición pasó a ser un caso en la CIDH que se encuentra a punto de pasar a la CORTE IDH, la que incluye una serie de violaciones sistemáticas al CPLI, tales como las ZEDE (ciudades modelo), Ley de Pesca, entrega de la plataforma marítima de las Moskitia para la explotación petrolera, entre otras.
Además se encuentra el caso de las comunidades Garífunas en el archipiélago de Cayos Cochinos, un claro ejemplo de los proyectos de conservación de fortaleza. Los Cayos Cochinos fueron convertidos en área protegida en 1993 y posteriormente el Instituto Smithsonian pretendió desalojar a los habitantes de Chachauate, Estend y Bulaños, los que mostraron férrea oposición a las pretensiones de los ambientalistas. El proyecto ecológico se convirtió en una eficiente empresa de turismo y reality shows, dando lugar a una permisibilidad por parte de la Fundación Cayos Cochinos, que permitió la instalación de una termoeléctrica a base de búnker c, al mismo tiempo que ha promovido la deforestación para la aparente reapertura de una pista de aterrizaje.
Para los pueblos indígenas en Honduras la consulta previa se convirtió en una verdadera farsa, cuando el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial y Naciones Unidas, a través del PNUD, desconocieron las versiones del anteproyecto de ley de consulta previa, realizadas por pueblos indígenas, para imponer una versión de ley, que es una caricatura de la tóxica Ley de consulta del Perú. Dicho anteproyecto fue promovido por el ex diputado Oscar Nájera, asociado con la narco dictadura que afectó al país durante los últimos 12 años.
De forma sorprendente el actual gobierno de Honduras procedió a decretar una nueva área protegida entre las comunidades Garifunas de Limón y Sangrelaya, promovida por la organización RARE, durante la etapa de la pandemia. si bien el Refugio de Vida silvestre Limón – Iriona crea un santuario de la franja de doce millas de territorio marítimo de las comunidades, se desconoce que otras restricciones aplican y si existe algún plan de manejo, además de cómo se efectuó la consulta previa.
El estado hondureño desde el 2019, firmó un acuerdo con RARE en relación a la implementación del 30×30 en Honduras, más sin embargo, como de costumbre, la información al respecto es mínima. Todo parece indicar que existe una continuidad por parte del gobierno de la Sra. Castro, en materia de la conservación neoliberal y el desconocimiento de la jurisprudencia de la CIDH en relación a pueblos indígenas.
La visión neocolonial de la conservación de fortaleza que imponen los pulpos ambientalistas (WWF, Conservación Internacional, UICN, RARE, etc) comenzó a aplicarse en Honduras en el año 1993, cuando mas de 80 familias Garífunas que habitaban las comunidades Garífunas de Cuero y Salado fueron desplazados de forma silenciosa. La mayoría se reubicaron en el paraje conocido como Monte Pobre en el municipio del Porvenir. De ahí surgió el Refugio de Vida Silvestre de Cuero y Salado, manejado por la fundación FUCSA, asociada a la frutera multinacional DOLE.
Es indudable que la conversión del 30% del planeta en áreas protegidas como pretenden en la actualidad, conllevara a incrementar los despojos que históricamente hemos sufrido los pueblos indígenas, y mucho más en aquellas áreas donde el estado de derecho se ha convertido en un espejismo, ya que las “Leyes” y la violencia son utilizadas para la eliminación física de lxs defensorxs de la madre tierra.
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
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