Tras la represión a los indígenas, el oficialismo junto al fujimorismo y la derechista Unidad Nacional decidieron dar marcha atrás con dos leyes que los aborígenes rechazan porque ponen en riesgo sus tierras. Las marchas siguen en pie.
El gobierno peruano dio ayer un paso atrás en un intento por descomprimir la tensión que se vive en la Amazonia y desactivar la huelga y las marchas convocadas para hoy en todo el país, en protesta por la violenta represión contra los indígenas de la selva peruana, que el viernes pasado dejó una cantidad de muertos todavía indefinida, que entre nativos y policías superaría el medio centenar. En el Congreso, el oficialismo, con el apoyo de sus aliados del fujimorismo y de la derechista Unidad Nacional, decidió dejar en suspenso la vigencia de dos de las nueve leyes que promueven la privatización de la Amazonia y que los indígenas rechazan porque ponen en riesgo sus tierras ancestrales. Pero la rebelión indígena, que ha ganado apoyo en importantes sectores políticos, sociales y sindicales, no cedió.
La convocatoria a la huelga amazónica y a las marchas de protesta en Lima y las principales ciudades del país fue ratificada luego de conocerse la decisión del Congreso de suspender, pero no derogar, las llamadas «leyes de la selva». Los indígenas mantenían bloqueadas varias vías, entre ellas la importante carretera que une las ciudades de Yurimaguas y Tarapoto.
Ayer, el enfrentamiento se trasladó al Parlamento. Durante cinco horas, el oficialismo y la oposición, encabezada por el Partido Nacionalista (PN), se enfrascaron en un intercambio de acusaciones y ataques. Los gobiernistas acusaron a los nacionalistas de «promover la violencia» y de «manipular a los indígenas» para «desestabilizar la democracia». La oposición, que insistió en todos los tonos para que las cuestionadas leyes sean derogadas, acusó al gobierno de desconocer los derechos de los indígenas para favorecer a las transnacionales y exigió una comisión investigadora independiente para determinar responsabilidades por la violenta represión contra los nativos amazónicos y la cantidad de indígenas muertos.
El gobierno sólo admite nueve muertes entre los indígenas, pero las informaciones llegadas desde la zona de la matanza hablan de más de treinta muertos y en la Amazonia ha comenzado a correr la versión de que los nativos muertos serían más de cien. Pobladores de la zona aseguran haber visto helicópteros arrojando cadáveres a los ríos. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han condenado la violencia contra los indígenas y exigido una investigación de lo ocurrido. Las Naciones Unidas expresaron su «profunda preocupación» por los violentos sucesos en la Amazonia peruana.
Aprobada la suspensión de las leyes sobre la Amazonia por 57 votos a favor y 47 en contra, se de- sató el escándalo. Los congresistas del PN protestaron indignados y tomaron el centro del hemiciclo con cartelones y gritos en apoyo a los indígenas y exigiendo la derogatoria de las cuestionadas leyes, que ya han sido calificadas como inconstitucionales por dos comisiones del propio Congreso y por la Defensoría del Pueblo, opiniones que la mayoría no quiso tomar en cuenta. Varios parlamentarios levantaron frente a la mesa de la presidencia del Congreso una gran banderola en la que se podía leer «Tierra y agua no se venden. Escuchen a los pueblos andinos y amazónicos». Las congresistas Hilaria Supa y María Sumire, representantes de los pueblos indígenas andinos, se sentaron, vestidas con trajes típicos de sus comunidades, en medio del hemiciclo exhibiendo carteles escritos a mano en los que se pedía «por la vida, la paz y la democracia. No más muertos por nuestros recursos». Los parlamentarios nacionalistas colocaron en medio del recinto una corona de plumas de un Apu (jefe) indígena y encendieron velas, en señal simbólica de apoyo a los nativos amazónicos. Los congresistas decidieron pasar toda la tarde y la noche en el Congreso, en una vigilia de protesta contra el gobierno.
«La selva no se vende, la selva se defiende», era una de las consignas más escuchadas que salían desde el hemiciclo parlamentario. «La suspensión de las leyes en lugar de su derogatoria es una maniobra del gobierno para que los indígenas se desmovilicen y luego esas leyes se vuelvan a poner en vigencia. Pero los indígenas no van a caer en esa trampa. Estas leyes son parte esencial del proyecto neoliberal y autoritario del gobierno. Los indígenas han aparecido para enfrentar este proyecto y por eso son reprimidos y satanizados por el gobierno», le señaló a Página/12 Róger Rumrrill, escritor e investigador sobre la Amazonia peruana. El oficialismo y la oposición se acusaron mutuamente por la violencia que podría darse en la selva por la protesta indígena.