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Más allá de Oriente Medio

El genocidio rohinyá

Fuentes: Countercurrents

Traducido del inglés para Rebelión por Sara Plaza

«No, no, no», fue la respuesta del primer ministro australiano, Tony Abbott, al ser preguntado si su país acogería a alguno de los 8.000 refugiados rohinyás a la deriva.

La lógica de Abbott es tan despiadada como su decisión de abandonar a la minoría más perseguida del mundo en su peor momento. «No piensen que subirse a una embarcación agujereada a instancias de un traficante de personas les va a hacer ningún bien a ustedes o sus familias», dijo.

Sin embargo, Abbott está lejos de ser el principal artífice del sufrimiento continuo de los rohinyás, un grupo étnico musulmán establecido en Myanmar o Birmania [1]. Todo el Sudeste Asiático es culpable. Estos países llevan años ignorando la terrible situación de los rohinyás. Mientras decenas de miles de rohinyás son sometidos a una limpieza étnica, sus pueblos incendiados y ellos trasladados forzosamente a campos de concentración y algunos convertidos en esclavos, Birmania es reconocida por varias potencias occidentales y asiáticas como una historia de éxito de una junta militar convertida en democracia.

«Cuando en 2011 Myanmar pasó de la dictadura a la democracia, la recién descubierta libertad de expresión dio voz a los budistas extremistas, que diseminaron el odio contra la minoría religiosa y dijeron que los musulmanes estaban asumiendo el control del país», informó Associated Press desde Rangún, la capital de Birmania [2].

Esa «recién descubierta libertad de expresión» ha costado la vida a cientos de personas, ha dejado sin bienes a miles, y «otros 140.000 rohinyás han sido expulsados de sus casas y ahora viven en condiciones de apartheid en campos de desplazados abarrotados».

Aunque uno pueda aceptar que la libertad de expresión invita a veces al discurso del odio, la idea de que la supuesta democracia birmana ha tenido como resultado la persecución de los rohinyás está absolutamente alejada de la verdad. Su sufrimiento interminable se remonta décadas atrás y se considera uno de los capítulos más negros de la historia contemporánea del Sudeste Asiático. Cuando les fue denegada la ciudadanía en 1982 -pese a que se cree que son descendientes de comerciantes musulmanes asentados en el estado de Arakán [3] y otras regiones birmanas hace más de 1.000 años- su persecución se convirtió prácticamente en política oficial.

Incluso aquellos que se echan al mar huyendo de las penurias de Birmania tienen muy difícil encontrar la codiciada salvación. «En Myanmar se ven sometidos a trabajos forzados, no tienen derecho a la tierra y sufren grandes restricciones. En Bangladesh muchos también son extremadamente pobres, no tienen documentos ni perspectivas de empleo», informó la BBC.

Y dado que son muchas las partes interesadas en promover la ilusión del auge de la democracia birmana -un extraño punto de encuentro entre EEUU, China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés)- pocos gobiernos se preocupan por los rohinyás.

A pesar de la reciente grandilocuencia de Malasia e Indonesia al anunciar su voluntad de acoger condicionalmente a los supervivientes rohinyás que llevaban muchos días varados en el mar, la región en su conjunto se ha mostrado «extremadamente hostil», según Chris Lewa, de la organización Arakan Project [4].

«A diferencia de los países europeos -que al menos hacen un esfuerzo para impedir que los migrantes del norte de África se ahoguen en el Mediterráneo- los vecinos de Myanmar se muestran reacios a prestar ayuda», dijo.

Seguramente el genocidio de los rohinyás puede haber ayudado a desenmascarar a falsos ídolos de la democracia como la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi -que ha mantenido un descarado silencio, cuando no ha sido cómplice del racismo y las políticas violentas del Gobierno contra los rohinyás- pero ¿de qué sirve?

Las historias de los que sobreviven son tan desgarradoras como las de quienes mueren flotando en el mar, sin comida ni agua y, a veces, sin un destino claro siquiera. En un documental emitido a finales del año pasado, Aljazeera daba cuenta de alguna de estas historias.

«Muhibullah pasó 17 días en la embarcación de un traficante y vio cómo tiraban a un hombre por la borda. Al llegar a las costas de Tailandia lo metieron en un camión y lo descargaron en un campamento en la selva con cientos de refugiados y hombres armados, donde su pesadilla se intensificó. Atado a postes de bambú, dice que fue torturado durante dos meses para que su familia pagara un rescate de 2.000 dólares.

A pesar de las palizas habituales, él se sentía peor por las mujeres que eran arrastradas al bosque y violadas. Algunas fueron sometidas a la servidumbre por deudas, a la prostitución y forzadas al matrimonio».

Las organizaciones de derechos humanos informan de ese horror a diario, pero una gran parte no tiene cobertura mediática porque el sufrimiento de los rohinyás no es un «asunto urgente». Así es, los derechos humanos solo importan cuando van ligados a una cuestión que tiene un peso político o económico importante.

Sin embargo, de algún modo, los rohinyás se cuelan de vez en cuando en las noticias como ocurrió en junio de 2012 y los meses siguientes, cuando los budistas del estado de Rakhine cometieron actos de vandalismo, quemando pueblos y prendiendo fuego a sus habitantes bajo la mirada vigilante de la Policía birmana. En ese momento Birmania estaba siendo elevada al status de Estado no-paria con el apoyo y el respaldo de EEUU y los países europeos.

No es fácil vender Birmania como una democracia mientras la población es perseguida como si fueran animales, metida a la fuerza en campos deplorables y está atrapada entre el Ejército y el mar, y donde miles de personas no tienen más escapatoria que «embarcaciones agujereadas» y el mar de Andamán. Abbott tendría que investigar un poco antes de culpar a los rohinyás de su propia desgracia.

Hasta ahora, la jugada democrática ha funcionado y muchas empresas están abriendo oficinas en Rangún y preparándose para beneficios fabulosos. Todo ello mientras cientos de miles de niños, mujeres y hombres inocentes son enjaulados como animales en su propio país, abandonados en el mar o secuestrados en alguna selva cercana para obtener un rescate.

Los países de la ASEAN deben entender que las relaciones de buena vecindad no pueden basarse únicamente en el comercio, y que quienes violan los derechos humanos deben responder por sus actos y ser castigados.

No deberían escatimarse esfuerzos para ayudar a los rohinyás que huyen, y tiene que haber una verdadera presión internacional para que Rangún [5] abandone su exasperante arrogancia. Incluso si admitimos que los rohinyás no son una minoría clara -como sostiene el Gobierno birmano- eso no justifica la atroz persecución que han soportado durante años ni los actos ocasionales de limpieza étnica y genocidio. Minoría o no, son seres humanos que merecen plena protección bajo el derecho nacional e internacional.

No se está pidiendo a EEUU y sus aliados que ataquen o impongan sanciones, pero lo mínimo que uno debería esperar es que Birmania no sea recompensada por su democracia fraudulenta mientras trate con crueldad a sus minorías. De seguir siéndolo, las organizaciones de la sociedad civil deberían lanzar campañas de boicot a las empresas que realicen negocios con el Gobierno birmano.

En cuanto a Aung San Suu Kyi, su fracaso como autoridad moral ni puede entenderse ni puede perdonarse. Una cosa es segura: no merece el Premio Nobel, pues su actual legado no se corresponde en nada con el espíritu del premio.

Notas de la traductora:

[1] El nombre actual del país antes conocido como Birmania es República de la Unión de Myanmar, acortado como Myanmar.

[2] Rangún dejó de ser la capital del país en el 2005, desde ese año la capital de Myanmar es Naipyidó.

[3] El nombre oficial del estado es Rakhine, antiguo estado de Arakán.

[4] Arakan Project comenzó en 1999 como un proyecto de dos ONG con sede en Tailandia. En 2005 se estableció como una ONG independiente, Chris Lewa es su fundadora y coordinadora.

[5] En 2005 la sede del Gobierno de Myanmar fue trasladada a la actual capital del país, Naipyidó.

Ramzy Baroud –ramzybaroud.net– es doctor en Historia de los Pueblos por la Universidad de Exeter. Es editor-jefe de Middle East Eye, columnista de análisis internacional, consultor de los medios, autor y fundador de PalestineChronicle.com. Su último libro es «My Father Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story» (Pluto Press, Londres).

Fuente: http://www.countercurrents.org/baroud290515.htm