El 11 de enero de 2002, el Pentágono trasladó un primer grupo de prisioneros desde Afganistán hasta su base en Cuba, negándoles hasta hoy todo tipo de derechos
Hace hoy exactamente cinco años llegaron tras un viaje interminable desde Afganistán al centro de detención de la Estación Naval de la Base de Guantánamo decenas de fantasmales figuras anónimas enfundadas en monos color naranja… no casualmente el mismo color utilizado para los presos del corredor de la muerte en Estados Unidos. En las imágenes que ese día recorrieron el mundo se las veía arrodilladas ante sus celdas enrejadas del provisional Ray X-Camp bajo el inclemente sol del Caribe, con sus manos maniatadas y enfundadas en gruesos guantes para impedirles el tacto, orejeras para que no oyeran, enormes gafas ciegas para que no vieran y máscaras quirúrgicas para que ni degustaran ni olieran; la conocida técnica de privación sensorial.
A diferencia de otras fotos tan terribles y humillantes como éstas, que igualmente irrumpirían en las pantallas y portadas del mundo entero tiempo después, el 30 de abril de 2004 -las de los prisioneros iraquíes de la cárcel de Abu Ghraib, tomadas, como dijo en su momento Donald Rumsfeld, por unas perversas manzanas podridas de la Policía Militar-, las de Guantánamo eran fotos oficiales, realizadas y distribuidas por el mismísimo Pentágono.
Con ese simple hecho mostraba ya, como denunció en su momento Mary Robinson, entonces alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, su violación de normas elementales de las Convenciones de Ginebra. Pero es que para George W. Bush los más de 700 prisioneros que pasaron por Guantánamo, al igual que todos los capturados en Afganistán o los que fueron secuestrados y trasladados por la CIA en su flota de aviones civiles a algún centro de tortura en aras de la guerra contra el terror, no pueden acogerse a los derechos que reconocen las Convenciones de Ginebra desde 1950 para los prisioneros de guerra. Dos meses antes de la llegada de los primeros prisioneros a Guantánamo, Bush decidió unilateralmente, por medio de la Orden Militar Detención, Tratamiento y Juicio de ciertos no ciudadanos en la Guerra contra el Terrorismo, negarles ese derecho, al establecer para ellos la nueva categoría jurídica de «combatientes enemigos».
Entre otras cláusulas, en la número 7 de esa Orden se establece que el detenido no tiene, en ningún caso, derecho a recurrir a ningún tribunal «ni en EEUU ni en ningún otro país ni ante un tribunal internacional». Sólo puede ser juzgado por tribunales especiales constituidos por tres oficiales, que pueden condenarlo a muerte, y se le asigna un abogado militar de oficio, que puede negarle información del propio sumario que considere sensible para la seguridad nacional. A pesar de que el 30 de junio pasado todos los medios anunciaron con grandes titulares el fallo de la Corte Suprema de EEUU que consideraba «inconstitucionales» e «ilegales» esos tribunales, la Orden Militar aún continúa en vigor.
Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional especializado en EEUU y autor del documento Estados Unidos de América, Cinco años en el lado oscuro, publicado hoy, recuerda que ese país ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1992, en época de Bush senior, y la Convención contra la Tortura, en 1994, bajo la Presidencia de Clinton.
«Durante al menos los cuatro primeros años de detenciones en el contexto de la guerra contra el terror, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que, debido a dichas reservas, EEUU no tenía obligación alguna, en virtud de ningún tratado, con respecto a los tratos crueles, inhumanos o degradantes de ciudadanos extranjeros recluidos fuera del territorio nacional (incluido Guantánamo) bajo custodia estadounidense. Aunque el Congreso aprobó la Ley sobre el Trato a los Detenidos en 2005, que prohibía dichos tratos, las reservas siguieron en vigor, permitiendo eludir dicha ley», añade Freer.
A pesar de su débil situación política, el Gobierno Bush no está dispuesto a ceder ante las presiones para que cierre el centro de detenidos de la base de Guantánamo y el 8 de diciembre pasado se anunciaba la construcción del Camp 6, compuesto por otras 168 celdas. Poco antes, el 18 de octubre, Bush lograba también sacar adelante en el Congreso una ley que le confiere nada menos que a él, personalmente, la capacidad para «interpretar el significado y la aplicación de las normas internacionales para el tratamiento de los prisioneros».
Enclave en territorio enemigo
R. M.
Tras la guerra contra España en 1898, el Congreso de EEUU votó en 1901 una enmienda a la Ley de Presupuestos del Ejército, propuesta por el senador Orville S. Platt -que pasó a conocerse como Enmienda Platt- y que se impuso en la propia Constitución cubana de esa época, por la que se prohibía al Gobierno de La Habana que concertara tratados internacionales sin consentimiento estadounidense. Igualmente concedía a EEUU -cuyo presidente, William McKinley, había enviado tropas a la isla para ayudar supuestamente a los independentistas- el derecho de intervención para preservar «la independencia de Cuba y la pervivencia de un Gobierno estable», autorizando a Estados Unidos a establecer en la isla carboneras y estaciones navales.
A pesar del fuerte rechazo popular que tal imposición externa provocó en Cuba, las amenazas de mantener la ocupación militar que ya existía desde 1900 a través del gobernador militar Leonard Word hicieron que la Convención Constituyente aceptara incorporar la Enmienda Platt a la Constitución por 16 votos contra 11, con cuatro abstenciones. Como consecuencia de una de las cláusulas de la Enmienda Platt, dos años después de entrar en vigor, en 1903, se instaló la base naval de Guantánamo. El nuevo presidente norteamericano, Theodore Roosevelt, ya había retirado las tropas un año antes, pero con los derechos que daba a EEUU la Enmienda Platt los marines intervinieron numerosas veces en los asuntos internos de la isla durante las primeras tres décadas del siglo para «restaurar el orden».
Fue durante la Presidencia de otro Roosevelt, Franklin Roosevelt, cuando Washington descubrió al que habría de ser luego por mucho tiempo su hombre de confianza, Fulgencio Batista, y para darle margen político de acción aceptó derogarle en 1934 la Enmienda Platt, aunque con una excepción expresa sobre la estación naval de Guantánamo, que quedó bajo control norteamericano.
A pesar de las denuncias realizadas por el Gobierno de Fidel Castro desde su llegada al poder en 1959, la ONU no ha hecho más que referencias genéricas al tema en resoluciones en las que se prohíbe la utilización de bases militares en territorios coloniales.
Durante los años 60, se produjeron una serie de incidentes entre las autoridades cubanas y los mandos de la base de Guantánamo. En 1961, un obrero cubano murió por golpes de personal de la base, al igual que un pescador un año más tarde, mientras que dos soldados cubanos resultaron muertos en 1964 y 1966 por disparos de los guardias norteamericanos.
Las autoridades cubanas han denunciado repetidamente que las provocadoras maniobras militares realizadas por fuerzas estadounidenses en esa base, que abarca un área de 117 kilómetros cuadrados, casi 50 de ellos de tierra firme y el resto de agua y pantanos, ya han provocado daños ecológicos irreparables en el entorno. Numerosas veces se han estacionado en la base submarinos nucleares de Estados Unidos.
No es la primera vez que un presidente Bush utiliza la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo para algún tipo de reclusos. A inicios de los años 90, fue George Bush senior quien la utilizó para concentrar a numerosos balseros haitianos que intentaban ganar las costas de Estados Unidos, ante el temor de que estuvieran infectados de sida.
Organizaciones humanitarias denunciaron que vivían en una suerte de campo de concentración y un juez declaró en 1993 inconstitucional su existencia y ordenó su disolución.