«Sabía que el trabajo contra la corrupción era posible porque en muchas otras naciones, tan difíciles como la nuestra, ya lograron avanzar», dice Marlyn Allien, una periodista que dejó la profesión para dedicarse a este objetivo en Haití. Con su trabajo, Haití tuvo su primera organización civil especializada en el tratamiento del tema. Empezó en […]
«Sabía que el trabajo contra la corrupción era posible porque en muchas otras naciones, tan difíciles como la nuestra, ya lograron avanzar», dice Marlyn Allien, una periodista que dejó la profesión para dedicarse a este objetivo en Haití.
Con su trabajo, Haití tuvo su primera organización civil especializada en el tratamiento del tema. Empezó en 1993 y, cuando ya llevaba cinco años de trabajo, buscó la manera de desarrollar lazos internacionales.
En 1999, la Fundación Heritage pour Haití (LFHH) se convirtió en una organización afiliada a la organización mundial Transparencia Internacional. «Empezamos a trabajar el tema en el mismo año que Haití pasó a ocupar un lugar ‘estelar’ en el índice de corrupción y por ello nos culparon, aunque no tuvimos nada que ver con eso, en ese momento», recuerda.
«En realidad, fue Jean Bertrand Aristide el culpable de que Haití apareciera en el primer lugar de corrupción en la lista mundial, porque fue durante su régimen cuando se recogieron los datos que le dieron esa posición al país en 2004», rememora esta profesional.
Sobre los tres asuntos de mayor preocupación en el momento actual, Allien menciona la ayuda humanitaria, las elecciones y la feminización de la pobreza y la salud. Son obstáculos para que las mujeres puedan pasar a ocupar el liderazgo que se necesita en el país, señala.
Según la especialista, la preocupación por la ayuda humanitaria se debe a que «en un estado de emergencia como el que se ha declarado, la supervisión de la comisión nacional correspondiente se suspende.»
Ello significa que los mecanismos legales ordinarios se pueden pasar por alto en el momento de la emergencia y luego se rinde informe al Senado. «La preocupación se basa en experiencias pasadas, como la de 2008, cuando se declaró el estado de emergencia frente a los huracanes, ya que en esa ocasión se gastó un total de 197.800 millones de dólares», sobre los cuales no hay reporte final todavía.
El Informe de 2009 sobre Derechos Humanos en Haití, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, sostiene que la corrupción gubernamental en Haití es un problema grave y afirma que sigue siendo generalizada en todas las ramas y niveles de gobierno.
«La Constitución ordena que los funcionarios de alto nivel y los parlamentarios acusados de corrupción oficial sean procesados ante el Senado, no en el sistema judicial. Sin embargo, el Senado no trajo los casos de corrupción», dice el Reporte.
El Informe menciona las detenciones de algunos servidores públicos de bajo nivel, sobre todo funcionarios de aduanas, bajo cargos de corrupción o relacionados con ese delito. Un ejemplo citado es el del director de la Agencia de Seguridad Social, Sandro Joseph, detenido en mayo de 2009 por malversación de fondos dentro del sistema de seguridad social, incluidos los préstamos y los desembolsos indebidos a los funcionarios nacionales.
Al momento del terremoto, el ex funcionario estaba en la cárcel esperando juicio, pero tras el movimiento telúrico, los presos se escaparon. Preocupa también a la organización anticorrupción la coordinación de la asistencia humanitaria. «Hay demasiada gente ‘cocinando la sopa’ y eso no sería problema si se coordinaran, pero la ayuda llega al país y no le está llegando a quien la necesita», dice Allien.
El 12 de marzo, a dos meses del terremoto del 12 de enero, el representante Especial en funciones de la ONU para Haití, Edmon Mulet, declaró que, hasta ese momento, un total de 525.000 personas habían recibido materiales para resguardarse de las inclemencias meteorológicas.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, esta cifra sólo corresponde a 41 por ciento de las personas que perdieron su hogar tras el terremoto.
El segundo tema de preocupación de la LFHH es el relativo a las elecciones. «Eso nos inquietaba antes del terremoto y ahora mucho más, pues en 2009 hubo muchos alegatos sin resolver acerca de que el dinero designado para la atención de la emergencia de los huracanes en 2008 pudo haber sido utilizado para los comicios.»
Sostiene Allien que ahora es peor, porque las oficinas del Tribunal Electoral se dañaron y mucha de la ciudadanía que tenía tarjeta electoral la perdió en el terremoto. René Préval termina su mandato gubernamental en febrero de 2011 y lo qué ocurrirá a partir de esa fecha es aún una incógnita.
La Constitución haitiana establece una brecha entre el fin del mandato y las elecciones, durante la cual la primera magistratura del país recae en la presidencia de la Corte Suprema. «Pero no tenemos presidencia de la Corte Suprema, porque Préval se rehusó a nominar una desde 2006 y se sabe que, en ausencia de ello, el juez de mayor antigüedad en el puesto asume el cargo».
Aclara Allien que en Haití «ya hemos tenido algunas variantes en todos los gobiernos interinos desde Aristide, pero hay que tener al menos un poder legislativo y muchos senadores también han llegado al final de su mandato en estas fechas.»
En su reciente viaje a Estados Unidos, Préval afirmó que el proceso de reconstrucción debe beneficiar a todo el país, no sólo a la capital, y sostuvo que la salud, la educación y el trabajo para hombres y mujeres resultan clave para evitar mayor empobrecimiento, pero no se refirió al tema electoral.
Sobre el tipo de liderazgo que se requiere, la dirigente anticorrupción sostiene que «lo que está claro es que necesitamos gente bien comprometida, con ideas nuevas, con visión, y lo más rápido posible.
«El tercer elemento de preocupación para Allien es la salud y la feminización de la pobreza porque «el liderazgo de las mujeres y su salud es una clave para el profundo cambio que se necesita en el país.»
Ya está comprobado que la pobreza es un obstáculo para que las mujeres puedan desempeñar su liderazgo en los procesos de reconstrucción.
Naéla Mohamed Gabr, directora del Comité por la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de las Naciones Unidas, reconoció en un comunicado, el pasado primero de febrero en Nueva York, que deben cubrirse las necesidades de las mujeres tras la crisis humanitaria en Haití para asegurar su participación activa y efectiva en la reconstrucción del país.
Sobre la labor de la organización que representa, Allien precisó que su propósito es desarrollar conciencia ciudadana sobre el tema, educar a todos los niveles, trabajar en construcción de redes, promover la Convención de la ONU contra la Corrupción y formular propuestas que velen por el respeto de los instrumentos legales y los cambios necesarios para atacar la corrupción.