Diez años después de la firma de la paz que puso fin a una de las guerras civiles más sangrientas de Latinoamérica, los guatemaltecos han podido comprobar que, como en el cuento de Tito Monterroso, el dinosaurio todavía sigue ahí. Harapientos y con el horror marcado en el rostro, un centenar de indígenas de la […]
Diez años después de la firma de la paz que puso fin a una de las guerras civiles más sangrientas de Latinoamérica, los guatemaltecos han podido comprobar que, como en el cuento de Tito Monterroso, el dinosaurio todavía sigue ahí.
Harapientos y con el horror marcado en el rostro, un centenar de indígenas de la comunidad de Los Cimientos (Quiché, en el norte de Guatemala) han llegado a la capital guatemalteca para denunciar que son víctimas de todo tipo de chantajes por parte de los líderes de las oficialmente disueltas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Los abusos han llegado hasta el asesinato de quienes se oponen a los caprichos de este grupo.
Los testimonios recuerdan la etapa más sanguinaria del enfrentamiento armado, que se saldó con 250.000 muertos y desaparecidos. Uno de los refugiados, Pedro Us, denunció ante la prensa local que el grupo de patrulleros, que ahora se autodenominan «líderes comunitarios», han llegado al extremo de cobrar unos 25 dólares estadounidenses a quienes se ven en la necesidad de abandonar la región para trabajar en las fincas en época de cosecha.
Esto, en una región donde más del 80% de los habitantes vive bajo la línea de la pobreza (un euro al día). También les obligan, como en la guerra, a realizar rondas nocturnas. Quien se opone debe trabajar tres días en las tierras de los paramilitares.
Pero los abusos van mucho más allá. Estos líderes aplican el derecho de pernada; los padres, hermanos o las mismas jóvenes que se oponen a la violación son asesinados. Señalan ?con fechas, nombres y apellidos? hasta 21 casos.
De acuerdo con otro de los refugiados, Diego Pu, las fuerzas de seguridad, alertadas de esta situación, llegaron al lugar para intentar apresar a los 17 ex patrulleros, quienes los obligaron a huir tras recibirlos con fuego de fusiles de asalto AK-47, «que conservan desde la guerra, pues nunca se desarmaron».
Para Gustavo Porras, que el 29 de diciembre de 1996 firmó la paz en calidad de representante del Gobierno conservador de Álvaro Arzú (1997-2000), las Patrullas de Autodefensa Civil quedaron formalmente disueltas con los acuerdos que pusieron fin al conflicto. Sin embargo, señala que muchas estructuras de poder que surgieron con las PAC mantuvieron su dominio en las comunidades aisladas, donde fueron muy fuertes.
«Pero lo que les devolvió el ímpetu al tema de las patrullas fue la decisión del Gobierno de Portillo- Ríos Montt [2000-2003] de pagarles una indemnización de 20.000 quetzales [unos 2.000 euros]», explicó Porras a EL PAÍS en una entrevista telefónica. Detrás de ello, añade, «existió una estrategia política para recobrar su dimensión masiva y convertirlas en un instrumento de presión, fuerza de choque y eventual apoyo para un partido político».
Preguntado acerca de si en las negociaciones originales se contempló la posibilidad de una indemnización para los patrulleros, la mayoría de ellos arrancados violentamente de las labores agrarias y obligados a realizar feroces tareas de represión, Porras es tajante: «No. El Ejército nunca planteó el tema». Y explica la razón: «Demandar algún tipo de resarcimiento hubiera sido admitir que no fueron voluntarios».
Añade que, al firmarse la paz, los campesinos se vieron libres de sus obligaciones militares, lo que les supuso un alivio toda vez que les permitió volver a sus actividades normales, sin pensar en compensaciones económicas de ningún tipo. «Esto explica que la indemnización otorgada por el riosmonttismo sea absolutamente artificial: sólo perseguía dar a las patrullas una dimensión de masas con fines electorales».
La percepción de Porras quedó confirmada en julio de 2003 cuando, para presionar a favor de la candidatura presidencial de Efraín Ríos Montt, el entonces oficialista Frente Republicano Guatemalteco (FRG, el partido-iglesia hecho a imagen y semejanza del dictador) movilizó a centenares de patrulleros, quienes a lo largo de dos días tomaron la capital guatemalteca y provocaron daños millonarios a la propiedad pública y privada, ante la total pasividad de la policía. Ríos Montt fue inscrito, a pesar de la prohibición constitucional que le excluye de tal derecho por haber ejercido el poder como producto de un golpe de Estado.
Ahora, la llegada a la capital guatemalteca de un centenar de refugiados, entre quienes se encuentran 47 niños y 22 mujeres, ha movilizado a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), que ha empezado a coordinar esfuerzos con otras entidades de la Conferencia Episcopal, como la Pastoral de la Movilidad Humana, para darles atención básica inmediata, mientras que la ODHA brindará el apoyo legal necesario para que la denuncia pueda ser debidamente encauzada y los campesinos reciban la protección del Estado, dijo a EL PAÍS Nery Rodenas, director ejecutivo de la organización humanitaria.