Los intereses de la agroindustria han tenido un peso importante en el pasado reciente de Paraguay
El Estado de Paraguay es el cuarto país en exportación de soja a escala mundial. Al mismo tiempo, es la nación de América Latina con una distribución de tierras más desigual. Cuando se le pregunta a Óscar Rivas, ex ministro de Medio Ambiente del país, cómo se relacionan ambos datos no tiene dudas en contestar. «Está claro. Esto se da porque el productor no es el campesino, es el agroexportador. Los propietarios son grandes empresarios de Paraguay y Brasil que arriendan, irrumpen e interrumpen la agricultura tradicional», sentencia.
En la actualidad, casi el 80% de la superficie de cultivo se destina a la producción sojera, con más de tres millones de hectáreas, según las cifras recopiladas por Intermón Óxfam en su informe El espejismo de la soja. Sin embargo, su contribución al erario público deja bastante que desear. «En Paraguay no hay una industria asociada al cultivo de la soja», explica Rivas, quien indica que, tras su recolección, la multinacional Monsanto se encarga de acopiar el producto en grandes silos y lo exporta en forma de grano. «El fenómeno es absolutamente de extracción y además sin pago de impuestos«, explica el ex titular de Medio Ambiente a DIAGONAL.
Paraguay, un país de tradición conservadora, vivió una pequeña etapa de cambio tras las elecciones de 2008, en las que Fernando Lugo se alzó con la victoria de la mano de la coalición de izquierdas Alianza Patriótica para el Cambio. Fue entonces cuando el Ejecutivo se puso manos a la obra para ponerle coto a la expansión sojera a través de tributos. «Se propuso una ley de impuestos a la exportación que introdujera un tributo del 10%», explica Rivas, quien formó parte del gabinete de Lugo. «El golpe parlamentario se aceleró por la resistencia que ofrecimos al crecimiento del cultivo», asegura. Y es que, en junio de 2012, Lugo se enfrentó a una moción de censura que le retiró del poder. El presidente fue acusado de responsabilidad política en la masacre de Curugaity, donde los enfrentamientos entre campesinos y policías dejaron tras de si 17 muertos. «Fue todo un teatro para destituir al presidente», asegura Rivas.
Tras el golpe, los sectores conservadores retomaron el poder en el país. El nuevo Ejecutivo vetó la ley de impuestos a la exportación. Cuando se le pregunta a Rivas si Monsanto y el agronegocio estuvieron detrás del golpe de Estado, se muestra prudente. Eso sí, no duda en afirmar que, «el negocio de la soja se vio favorecido tras el golpe de Estado».
El glifosato o «matatodo»
Pero, ¿por qué esta oposición al cultivo de la soja? Este agrocombustible, más que una alternativa al petróleo y, por ende, un revulsivo para luchar contra el calentamiento global, «está desplazando las tierras productivas de alimentos y está expulsando a los campesinos mediante procesos coercitivos», denuncia el portavoz de Amigos de la Tierra Paraguay. «Los campesinos se están marchando de sus tierras por la fumigación con productos químicos cerca de comunidades, escuelas y caminos comunales». El cultivo de la soja necesita la utilización de una serie de herbicidas como el glifosato. «Los campesinos llaman al glifosato el ‘matatodo’. Con su presencia mueren plantas, cultivos y las personas enferman -explica Rivas-. Tras esto, los productores, con la ayuda de la policía, se apoderan de las tierras. Algunos campesinos resisten. Y luego pasan a criminalizar su resistencia».
Durante su presencia al frente de Medio Ambiente, Rivas intentó que los cultivos de soja atendieran a leyes ambientales. «Propusimos que en cada cultivo se restaurara un 25% del área boscosa, que llevaran a cabo una restauración de los bosques de rivera y que se crearan franjas de protección en áreas públicas. Las empresas se oponían a todo ya que suponía un descenso del área cultivada«.
El exministro es consciente de que algunos sectores de la población demandaron más firmeza en sus actuaciones. «Buscábamos cambios graduales mediante el diálogo con las empresas. Pensábamos en avanzar lento pero seguro. Pero las exigencias populares eran la inmediata cancelación de las licencias. Ellos querían más contundencia». Mientras tanto, los sectores conservadores veían su gestión como una amenaza. Una amenaza que se centraron en combatir. «Recibíamos presiones de todo tipo. Sufrimos numerosas campañas de desprestigio». Rivas llegó a ser acusado de corrupción en algunos medios de comunicación. «Todo son mentiras. Mentiras impulsadas por los sectores conservadores vinculados con el agronegocio», asegura. Es entonces cuando la multinacional Monsanto vuelve a salir a la palestra, ¿qué influencia tuvo en estas campañas de desprestigio? «Está claro que las cuestiones no son endógenas, hay grandes intereses trasnacionales de por medio«. No obstante, su lucha no cesará, ahora como activista. «La soja es absolutamente ilegal y nos seguiremos oponiendo a su expansión».