El Ministerio de Defensa español informó el 21 de julio de una novedosa operación: el Ejército del Aire tiene previsto desplegar cazas F-19 en Islandia, en el marco de la Policía Aérea de la OTAN; la operación se desarrollará hasta finales de agosto; se trata, según el ministerio, de “reforzar la seguridad en el Atlántico Norte ante la amenaza de actividades aéreas no identificadas”.
Dentro de la escalada militarista, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado 22 de abril el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa; anunció, de hecho, una inversión de 10.471 millones de euros adicionales en Defensa, lo que permitirá -según el dirigente socialista- alcanzar el 2% del PIB en seguridad y defensa en 2025.
¿Qué relación tiene la deriva belicista con el quebrantamiento de los derechos humanos? (a finales de julio más de 60.000 muertes en Gaza por el genocidio israelí, según el Ministerio de Sanidad de la Franja; y más de 1.000 gazatíes fallecidos desde mayo cuando trataban de conseguir alimentos, informa Naciones Unidas).
El 23 de julio la periodista Olga Rodríguez destacó en elDiario.es que, en mayo de 2025, el Estado español importó el 78% de las armas y municiones que Israel envió a la Unión Europea (UE); la cifra se acerca a 6 millones de euros (datos de la Secretaría de Estado de Comercio); se da la circunstancia que la cifra de mayo constituye un récord de importaciones españolas de Israel -en armas y munición- desde octubre de 2023.
Los colectivos han señalado asimismo la responsabilidad de las empresas; así, el movimiento BDS denunció que acero del estado español -producido por la empresa vasca Sidenor, en una planta de Cantabria- estaba exportándose con destino a la industria militar israelí; en concreto, el acero se trasladaría por el puerto de Barcelona; distintos medios de comunicación informaron el 1 de julio que, debido a la presión del BDS y organizaciones sindicales, Sidenor decidió suspender estas ventas.
¿Puede establecerse una conexión entre los conflictos bélicos y la economía capitalista? La ONG Economistas sin Fronteras (ESF) dedica el dosier Primavera-2025 a La economía de guerra; la coordinación del documento corre a cargo del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
El gasto militar tiende al alza en el planeta: 2,44 billones de dólares en 2023, recuerda la investigadora del Centre Delàs y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, Chloé Meulewaeter (2,7 billones de dólares en 2024, según el SIPRI); “aunque no todos los incrementos en armamento conducen directamente a guerras, las expansiones competitivas aumentan significativamente la probabilidad de conflictos”, afirma.
Del balance anterior se deduce otro pico en los registros, que resalta el Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala (Suecia): 59 conflictos armados estatales en 2023.
“El mercado legal de armamento tiene la peculiaridad de que los clientes son los Estados”, subraya la presidenta del Centre Delàs, Tica Font; el líder global en la exportación de armas es Estados Unidos (43% en el mercado mundial de armamento); la UE ocupa la segunda posición (32%, si se agregan Reino Unido y Noruega); el estado español se sitúa en noveno lugar en la lista; en cuanto a los países importadores, destacan Ucrania, India, Catar y Arabia Saudí en el periodo 2020-2024.
Además, el analista en cuestiones de paz y desarme, Pere Ortega, reflexiona en el dosier sobre La industria de guerra en España; afirma que cerca de 400 empresas abastecen de productos y servicios al Ministerio de Defensa español, “aunque las que producen solamente armamentos, componentes o aportan ingeniería son muchas menos, unas 40”.
El texto de Pere Ortega subraya que, en este contexto, tres empresas operan a modo de oligopolio: Airbus (consorcio europeo de aeronáutica); la pública Navantia (construcción de buques para la Armada española) e Indra (multinacional de la electrónica, de la que el Estado español controla -a través del SEPI- el 28% de las acciones).
Y se refiere a las empresas militares españolas -una decena- que proveen de armas al Ejército de Tierra, entre las que destacan General Dynamics/Santa Bárbara; la compañía Escribano; la gallega UROVESA; la empresa vasca SAPA e Iveco.
Asimismo, subraya Ortega, “están las cuatro que fabrican municiones de diferentes calibres para los tres ejércitos y la exportación, la más importante Rheinmetall/Expal, a la que siguen Nammo; Fábrica de Municiones de Granada (FMG) e Instalaza”.
Otra cuestión son los puestos de trabajo que pueda crear la industria bélica; a este punto dedica un artículo el economista del Centre Delàs, Jordi Calvo; destaca un estudio de la investigadora de la Universidad de Massachusetts, Heidi Peltier –Job opportunity cost of war (2017): por cada millón de dólares de gasto estadounidense en defensa, se generan 6,9 empleos en las empresas de armas de este país (y también indirectos en la cadena de suministros).
Pero, según la misma fuente, en caso de que se invirtiera la citada cifra en energía eólica el efecto sería mayor: 8,4 puestos de trabajo; y si esta inversión tuviera como objetivo la eficiencia energética,podrían crearse 10,6 empleos; el impacto positivo sobre la ocupación sería muy superior si el gasto se dedicara a la enseñanza primaria y secundaria.
Un punto de interés tratado en el dosier es la financiación de la I+D militar por parte del estado español; así, los presupuestos públicos destinaron 1.833 millones de euros en 2023, divididos en dos partidas, destacan el profesor Xavier Bohigas y la investigadora Teresa de Fortuny: el Programa de Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas (la partida mayor); y el de Apoyo a la Innovación Tecnológica en el Sector de la Defensa.
Por otra parte, en cuanto a la relación entre la ética, la banca y el armamento, concluye el miembro del Centre Delàs, Eduardo Aragón:
“El sector financiero y asegurador español ha apostado por la industria de las armas; en las nuevas investigaciones han aparecido sistemáticamente grandes bancos como el BBVA, el Banco Santander, CaixaBank, Banco Sabadell”; y otros de menor dimensión por activos: Bankinter, Banca March e Ibercaja; también empresas de los seguros, por ejemplo Mutua Madrileña o Mapfre.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.