Cada vez que entra el tribunal en la sala y exclaman ‘en pie’, nos mantenemos sentados. Sabemos que es un acto de desobediencia y que no es propio de perfil bajo, pero somos incapaces de renunciar a ese maravilloso acto de libertad. Nos parece que aquellos hombres y mujeres que representando la justicia son incapaces […]
Cada vez que entra el tribunal en la sala y exclaman ‘en pie’, nos mantenemos sentados. Sabemos que es un acto de desobediencia y que no es propio de perfil bajo, pero somos incapaces de renunciar a ese maravilloso acto de libertad. Nos parece que aquellos hombres y mujeres que representando la justicia son incapaces de deponer sus circunstancias personales -por más que estas les pesen- y obran de tal modo que la máxima de su acción no puede convertirse en ley universal, no merecen ningún tipo de respeto. Y más aún, cuando la libertad de 9 hombres y 4 mujeres depende de ellos. 13 campesinos y campesinas inocentes, que en acto de desobediencia civil ejercían su libertad y derecho a un pedazo de tierra en la cual poder vivir y cultivar en el Paraguay. A nuestros ojos, eso les llena de razón, de razones, de dignidad y dignidades. Erich Fromm lo afirmó, «el acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón». Ahora bien, ¿cuáles son las razones del Estado paraguayo para juzgarles?
La sociedad paraguaya, pocos meses después de lo ocurrido, ejerciendo su derecho a conocer la verdad, interpelaba al Estado preguntando: ¿qué pasó en Curuguaty? Hoy, la pregunta se ha instalado en el debate social y político no solo del Paraguay, ha traspasado fronteras, pintado calles, dibujado camisetas y escrito libros, reflejando que no hay una respuesta sino un conjunto de acontecimientos artificiosamente encubiertos y de difícil comprensión, detrás de los cuales está la derecha paraguaya en alianza con el imperialismo norteamericano.
¿Qué pasó en Curuguaty?
El 15 de junio de 2012, 326 policías con furgones, caballería y un helicóptero entraron a desalojar ilegalmente las tierras públicas de Marina Kué, en la comunidad de Yvypytã, departamento de Canindeyú, donde acampaban decenas de familias sin tierra. El resultado de la invasión dejó 17 muertos, 11 campesinos, varios de ellos ejecutados una vez heridos, y 6 policías. Y de igual modo que a los hechos les preceden las intenciones, las consecuencias de esos hechos quieren responsables; responsables que poco o nada tienen que ver con esas intenciones y que acaban siendo el chivo expiatorio del suceso. Aquellos campesinos y campesinas que lograron ponerse a salvo fueron imputados por la muerte de los 6 policías. Poco importa lo que develara la autopsia; estas pruebas iban a ser silenciadas en pos de una condena injusta. Los campesinos asesinados quedaron en el camino y su muerte hasta el día de hoy no ha sido investigada ni sancionada. Y es que en Paraguay pasan cosas muy raras, tan raras como que esta matanza significó el inicio de la mayor crisis política del país en el siglo XXI y la continuación del nuevo modelo de Golpe de Estado en América Latina, inaugurado en Honduras en 2009.
Fernando Lugo, la democracia golpeada
El 20 de abril de 2008 se acude a las urnas por quinta vez después del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989. Ese mismo día, después de seis ininterrumpidas décadas en el poder, pierde las elecciones el Partido Colorado. El osado era un obispo católico llamado Fernando Lugo, el cual asumió el mandato el 15 de agosto después de recibir una dispensa papal en la que se le concedía la vuelta al estado laical y, por ende, la pérdida del estado clerical para ejercer como político. Decían que enarbolaba una bandera cercana a la Teología de la Liberación, sin embargo, al carecer de estructura, su partido, el Frente Guasú haría alianza con el tradicionalista Partido Liberal Radical Auténtico. Bajo esas circunstancias, la recuperación del Estado de Derecho prometía ser tarea complicada. Y si bien es cierto que sus objetivos principales fueron la reforma agraria, el mejoramiento de la justicia y la recuperación de la soberanía energética, sus logros fueron discretos. Los movimientos campesinos estaban en una encrucijada ante el lento avance hacia la igualdad: si se movilizaban podrían debilitar al gobierno y favorecer la estrategia de desgaste de la derecha; si no lo hacían se suavizaba la presión y se retardaba el proceso de cambio. Se optó por distender, así de 169 ocupaciones de tierra se abandonaron un centenar.
Para cuando Lugo comienza a investigar las tierras malhabidas (tierras fiscales repartidas ilegalmente, primero entre los amigos del régimen stronista y después entre la oligarquía paraguaya) ya habían pasado casi tres años de su mandato. Las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, nucleadas en la Unión de Gremios de la Producción (UGP), intensificaron la campaña de desprestigio, que sumada al conflicto mediático que generó la negativa del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) a autorizar el cultivo de la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, generaron un clima de ambigüedad que el gobierno no supo resolver a su favor.
Con la derecha atenta, y hurgando donde más dolía, se aprovecharon dos circunstancias: Las fuertes protestas de la UGP contra el gobierno y la emboscada organizada de las tierras de Marina Kué, que derivó en la conocida masacre. De inmediato, Lugo fue acusado de «traer el caos y la lucha de clases entre compatriotas», como aparece en las acusaciones del juicio político que lo destituyó el 22 de junio de 2012. Su vicepresidente, el liberal Federico Franco, tomó el poder hasta el 15 de agosto de 2013, cuando asumió nuevamente un presidente colorado, Horacio Cartes.
Los intereses ocultos tras la masacre.
Marina Kue tuvo una intención concreta pero invisibilizada. Una orden de desalojo no va acompañada de un ejército. Más bien, son los ejércitos los que no van acompañados de papeles, porque cuando uno tiene la fuerza ¿por qué debería acompañarlo la razón? Sea como fuera la estrategia funcionó. Se presentó la masacre como un enfrentamiento, modificando el suceso y posibilitando la destitución de Fernando Lugo por medio de una farsa golpista de juicio político parlamentario en el que jugaron un papel esencial los traidores del Partido Liberal.
Este golpe instaló de nuevo un gobierno de ideología fascista en el poder, el cual puso a funcionar, de inmediato, sus conocidas prácticas: despido de funcionarios opositores, criminalización de la lucha social, cooptación o persecución de dirigentes, compra de medios de comunicación, legalización de semillas «mejoradas», carta blanca para las transnacionales y los agrotóxicos, expropiación de los bienes comunes y restitución de alianzas con el imperio yanqui.
Nuevamente en el estrado, la derecha recobraba la tranquilidad perdida durante el mandato de un gobierno que sin ser transgresor supuso un cambio en la dinámica de Paraguay y del pueblo paraguayo. Una dinámica que podía descontrolarse y generar un cuestionamiento real de los astronómicos beneficios del capital. El Partido Colorado no podía seguir alejado de la presidencia. Debía asegurar la caída de Lugo y para ello generó un clima de desorientación y confusión que no permitiera distinguir con claridad su intención: ganar las siguientes elecciones.
Marina Kué: tierras estatales en manos de una empresa, Campos Morombí
Según datos oficiales del Censo Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería del año 2008, el 85% de las tierras cultivables del país le pertenecen a una pequeña oligarquía que representa el 3%. A día de hoy las cifras son más drásticas, pero a falta de datos oficiales no se utilizan. Esto origina algunos de los problemas actuales: la acelerada expansión de la agricultura empresarial en detrimento de la biodiversidad de la agricultura familiar y en pos del empobrecimiento, el excedente de mano de obra, la contaminación del suelo y el agua, la deforestación o la forzada migración campo-ciudad.
El campesino en la ciudad se suma a los cinturones de pobreza y miseria, sobreviviendo como puede. Este hecho se constata en el desbordamiento de estos cinturones hacia el mismo centro de la ciudad de Asunción, donde pequeñas casetas construidas con madera contrachapada dan cuenta de la magnitud del problema. Como nos decía Néstor Castro, procesado del caso Curuguaty, «en el Paraguay sin tierra no se come y con tierra se vive». Este es el motivo por el cual en estas latitudes, como en muchas otras, se sigue ocupando tierras en reclamo de esa vida digna de la que la Declaración Universal de Derechos Humanos hace gala. Por ello, una verdadera reforma agraria es urgente y necesaria.
En ese reclamo estaban las familias que decidieron ocupar las tierras de Marina Kue, las cuales formaban parte de las llamadas tierras malhabidas. El amigo del régimen stronista que se adueña de dichas tierras es el hoy fallecido exsenador colorado Blas N. Riquelme, de la familia Riquelme, propietaria de Campos Morombí SAC y A.
¿Qué es Campos Morombí?
Campos Morombí Sociedad Anónima Comercial y Agropecuaria es una empresa del grupo Riquelme. En 2012, Blas N. Riquelme era el presidente, Licy Yanes de Riquelme asumía la vicepresidencia, Jorge A. Riquelme era el director y Marta Riquelme la secretaria. Todo un linaje que logró apropiarse de las tierras de Marina Kué de forma fraudulenta.
Las 2000 hectáreas que conforman Marina Kue fueron entregadas al Estado en 1967 por La Industrial Paraguaya SA (Lipsa), como forma de pago por las deudas contraídas, para uso de la Armada Nacional. Desde 1967 hasta 1999, de manera ininterrumpida, el Destacamento Naval Agropecuario Km 35 Curuguaty ocupó las tierras, tal cual data en el registro administrativo de la fuerza naval, donde se señala que se desocupó el lugar por problemas logísticos. Cinco años después, el 19 de abril de 2004, el Movimiento por la Recuperación Campesina de Canindeyú (MRCC) inició las acciones administrativas correspondientes para solicitar las tierras para la ampliación de la colonia Yvypytã de Curuguaty. Ese mismo año, las tierras fueron desafectadas de la Armada mediante decreto del Poder Ejecutivo y transferidas al ente estatal para la administración de la política agraria. En paralelo, el INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) reactivó las gestiones para la transferencia legal del inmueble. Mientras esto ocurre, la empresa Campos Morombí SAC y A. inicia un juicio de usucapión (ley que permite obtener tierras por ocupación) que gana en primera y segunda instancia gracias a varias irregularidades.
Cuando los campesinos y campesinas ocupan estas tierras, la empresa Campos Morombi presenta una denuncia por invasión de inmueble ajeno solicitando el carácter de «auxilio judicial y desalojo». La consecuencia de esta solicitud fue una masacre, la masacre de Curuguaty.
¿Reserva natural un pedazo de tierra?
Actualmente, el caso continúa en disputa legal. En cambio, sin haberse clarificado la titularidad de propiedad, la empresa Campos Morombí, a principios de septiembre, lleva a cabo otra irregularidad. En esta ocasión la astucia consistió en realizar una donación de las tierras de Marina Kue al Estado para declararlo reserva natural. La donación generó mucha polémica y abrió un debate que ha durado hasta el 24 de noviembre reciente, fecha en que el actual presidente Horacio Cartes decide validar la última artimaña de los Riquelme aceptando la donación. El colorado declara aceptar para «dar por acabado el tema». Importante reseñar que serán las Fuerzas Armadas de la Nación las encargadas de resguardar y custodiar la integridad de la reserva, así como la conservación de sus recursos.
Y desde nuestra discreta distancia preguntamos: ¿habrá tenido algo que ver el hecho de que los familiares de los procesados de Marina Kue y de los campesinos asesinados volvieron a ocupar las tierras a finales de agosto?, ¿será que en esta ocasión ordenar un desalojo despertaría la indignación de los paraguayos y paraguayas, propiciando un levantamiento a favor de los compañeros y compañeras?, ¿es posible que la astucia de la derecha sea tan grosera que haya estudiado las características de las nuevas generaciones y haya observado que demandan un inocente cuidado del medio ambiente?, ¿será posible que hayan conseguido legitimar los cultivos de soja transgénica de los brasileros en primera línea de carretera y protegidos por la reserva natural en unión con las Fuerzas Armadas garanticen el cultivo de marihuana en el interior del territorio? Parece que todo apunta a planes de enriquecimiento de unos pocos en base al pisoteo de muchos otros.
¿Es o no es casualidad que en el país más pobre de América Latina gane Horacio Cartes las elecciones? Como decía Ernesto Guevara: un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo fácil de manipular. ¿Tiene sentido declarar reserva natural un lugar cuyos alrededores son hectáreas de monocultivo de soja transgénica? ¿Puede ser la tierra de Marina Kue, ocupada durante años por la marina, una reserva natural? y, lo más importante, ¿con qué ética el Estado paraguayo decide expulsar a decenas de familias necesitadas de tierra, techo y comida hacia los atestados cinturones de pobreza de la ciudad? Sería muy inocente pensar que esta donación se realiza y acepta a favor de la preservación del medio ambiente.
Rubén Villalba, Néstor Castro, Felipe Benítez, Dolores López, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Lucia Agüero, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez, María Fani Olmedo, Felipe Nery Urbina, Luis Olmedo y Raquel -una adolescente en el momento de los hechos y que se la está juzgando en un juicio aparte- , son los rostros que el Estado ha elegido para purgar la maniobra. Desde entonces viven encarcelados, primero en las penitenciarias y, después de varias huelgas de hambre, en prisión domiciliaria. Salvo Rubén, hoy preso en la vergonzosa prisión de Tacumbú. Actualmente están siendo juzgados. Mientras, el presidente del país quiere «dar por terminado el tema» aceptando la donación de Campos Morombí. La pobreza debatiendo contra la riqueza acumulada de los oligarcas. El fiscal, Jalil Rachid, cuyo padre, referente estronista, tenía relaciones políticas con Blas Riquelme, los quiere entre rejas, no consiente ningún reclamo. Cuando los mira, los observa detrás de esa careta de tipo de «buena familia» y seguro de sí, sabedor de que tiene al tribunal de su lado. Con ese posicionamiento de superioridad entra y sale de la sala por la puerta de atrás para que no le molesten los periodistas. «Hay unos españoles que quieren conocer tu opinión», le dice su compañera. «No quiero hablar con nadie» dice Rachid. El fiscal se niega a hablar con nosotros y el Ministerio de Justicia da largas a nuestra solicitud para ingresar nuestras cámaras en la cárcel de Tacumbú y entrevistar a Rubén Villalba, sin ni siquiera darnos una respuesta durante los casi dos meses que permanecemos en Paraguay. ¿Qué esconden?
Vanessa Pérez y Raúl García, del proyecto sobre América Latina Vocesenlucha.