Las Naciones Unidas tienen, por lo general, muy buena prensa. Aparecen como la última instancia a quien recurrir en casos de violaciones de los derechos humanos. Esta visión humanitaria ha sido activamente promovida por la propia institución internacional, la cual se refiere a sus cascos azules como los soldados de la paz. Estos soldados son, […]
Las Naciones Unidas tienen, por lo general, muy buena prensa. Aparecen como la última instancia a quien recurrir en casos de violaciones de los derechos humanos. Esta visión humanitaria ha sido activamente promovida por la propia institución internacional, la cual se refiere a sus cascos azules como los soldados de la paz. Estos soldados son, en realidad, soldados de ejércitos normales y corrientes que cambian sus cascos, convirtiéndose así en miembros del Ejército de las Naciones Unidas en misión de paz.
Esta imagen humanitaria está sufriendo un ataque frontal con la exposición de las violaciones de esos derechos humanos realizadas en Bosnia Herzegovina, cuando los cascos azules no protegieron, como deberían haber hecho, a 300 civiles musulmanes en Srebrenica frente a las atrocidades realizadas por las tropas serbias. Familiares de las personas asesinadas como consecuencia de la falta de protección que deberían haber proporcionado los cascos azules han llevado al gobierno responsable de esas tropas, el de Holanda, a los tribunales, que han aceptado tales denuncias y han concluido que el gobierno holandés debería compensar a los familiares de las víctimas de este hecho. Este caso está alcanzando un gran revuelo mediático internacional (ver «Holanda, declarada responsable de la deportación de 300 víctimas de Srebrenica», El País, 16 de julio 2014).
Dicha atención mediática contrasta con el silencio de otro caso semejante, donde la negligencia, incompetencia y absoluta irresponsabilidad de los cascos azules han causado 8.563 muertos (el número equivalente en España sería de 38.715). Las Naciones Unidas y los países envueltos en esta tragedia no solo no han querido indemnizar a las víctimas, sino que incluso no han reconocido el crimen. El lugar donde han ocurrido estos asesinatos es Haití, donde los cascos azules han estado diez años protegiendo la estructura de poder casi feudal que gobierna el país, difundiéndola frente a una creciente agitación social. La causa de la muerte de 8.563 ciudadanos de aquel país fue la contaminación de las aguas, de las cuales dependían miles y miles de personas, con heces de los cascos azules portadores del virus del cólera, lo que creó una epidemia que se ha extendido a gran parte de la población. En realidad, han quedado infectadas, enfermas de cólera, más de 700.000 personas, de un total de diez millones e habitantes. Las tropas eran del Nepal, estacionadas en una base militar en el centro de Haití. La evidencia de que el origen de esta epidemia de cólera fueron la falta de condiciones sanitarias y la ausencia de las mínimas condiciones de higiene de esas tropas es abrumadora. Y, sin embargo, las Naciones Unidas han permanecido calladas, negando que los cascos azules fueran los responsables. Aunque contrarias al reconocimiento de su culpabilidad, la dirección de las Naciones Unidas acordó proveer (más que proveer, estimular el donativo) un préstamo de más de 2.200 millones de dólares para prevenir la expansión del cólera, de los cuales apenas se han conseguido 400 millones. Del resto no se ha visto ni la sombra.
Mientras tanto, hay más de 5.000 cascos azules y 2.600 policías, añadidos a los 11.000 miembros ya existentes de la policía haitiana, que continúan con sus acciones de defensa del statu quo, sin ninguna voluntad de aceptar cualquier responsabilidad por este hecho. A lo máximo a lo que han llegado las Naciones Unidas y su Secretario General, el Sr. Ban Ki-moon, es a expresar su tristeza por el dolor que ha causado la epidemia de cólera, sin nunca admitir lo que está más que documentado, es decir, la responsabilidad directa de los cascos azules en la aparición de esa plaga.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
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