A un mes del juicio político sumario que destituyó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay, Luis Ortiz Sandoval evalúa el contexto político y social del país. Doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en esta entrevista con Debate identifica a los actores detrás de la destitución […]
A un mes del juicio político sumario que destituyó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay, Luis Ortiz Sandoval evalúa el contexto político y social del país. Doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en esta entrevista con Debate identifica a los actores detrás de la destitución y adjudica a la jerarquía católica paraguaya un rol activo en la secuencia de los hechos. Además, sostiene que el gobierno de Federico Franco está dispuesto a «implementar el proyecto de aquéllos cuyos intereses se veían afectados o demorados con Lugo».
¿Qué reflexiones le merece el juicio político contra el ex presidente Fernando Lugo?
Varias. Una primera reflexión es que, con el quiebre institucional de finales de junio, se retrocedió en la construcción de un consenso político según el cual todas las expresiones partidarias e intereses sociales en Paraguay tenían iguales oportunidades de disputar el poder del Estado y de llevar adelante un mandato constitucional refrendado por el sufragio universal y culminarlo. El revanchismo y la persecución política eran aspectos que se creían superados a pesar de las asimetrías entre las diferentes fuerzas políticas y sectores sociales en una sociedad de extremas desigualdades sociales. Sin embargo, afloró lo que estaba latente en la sociedad: el imperio de la fuerza y la intolerancia. Una segunda reflexión es que el gobierno resultante del golpe institucional estaba preparado para tomar el poder, pero nunca contó con una agenda propia.
¿En qué sentido?
El entonces vicepresidente Federico Franco se limitó a atacar a Lugo y a contribuir con su desgaste, al mismo tiempo que en su partido, el Partido Liberal, se disputó internamente quién y cómo sacar ventajas de su alianza en el gobierno. Carente de agenda propia, Franco llegó al Palacio de López para implementar el proyecto de actores políticos y económicos cuyos intereses se veían afectados o demorados con Lugo. Una tercera reflexión es que la situación desatada por los políticos que conforman el nuevo gobierno genera una gran necesidad de contar con reconocimiento internacional, para disimular la arbitrariedad y la desprolijidad con la que llegan a la conducción de la República. Dicha necesidad no será satisfecha porque la causa que genera el aislamiento de su entorno externo más inmediato es pasible de sanciones cuyos principios Paraguay suscribió.
¿Se refiere a la decisión del Mercosur de suspender a Paraguay?
Exacto, porque el gobierno de Franco no puede actuar discrecionalmente, como lo hizo hacia el interior de la República. Como Estado-miembro del Mercosur y la Unasur, Paraguay refrendó las cláusulas y los protocolos que establecían la obligatoriedad del cumplimiento de compromisos y responsabilidades relativos al orden democrático, conforme con su condición de miembro de pleno derecho. Con el juicio político irregular a Lugo, se violaron todos los acuerdos en cuestión al constituir una afrenta a los derechos que todo Estado democrático debe garantizar. Por tanto, era de esperar la sanción internacional.
¿Cuál fue la respuesta interna a esa sanción?
Franco sentó su esperanza en el organismo que históricamente avaló regímenes autoritarios en la región, la OEA, para reivindicar cierta legalidad de su acceso al poder. Pero ante la imposibilidad de controlar el escenario externo, la clase gobernante alimentó, en el plano interno, un discurso político-mediático de nacionalismo conservador según el cual la decisión de los demás socios del Mercosur de suspender a Paraguay hasta las elecciones de abril de 2013 -fundada en las cláusulas que Paraguay refrendó- constituye hoy una supuesta afrenta a la «soberanía nacional».
¿Qué actores identifica detrás de la destitución?
Son varios los actores políticos involucrados, provenientes de los diferentes sectores conservadores de la sociedad y el sistema político. Sin dudas, el principal responsable es el Partido Colorado, que veía en la continuidad de la Alianza Patriótica para el Cambio (Partido Liberal y las fuerzas de izquierda) su ausencia en el gobierno, además de temer la progresiva inclusión de sectores sociales excluidos como parte de un proceso de construcción de un Estado socialdemócrata. Esto último también afectaría al mismo Partido Liberal, que debatía en sus filas si continuar apoyando a Lugo o distanciarse de él.
¿Y en el plano económico?
Los actores altamente beneficiados son los grupos agro exportadores, quienes a la semana siguiente de la destitución vieron aprobarse una serie de beneficios de importación y uso de semillas transgénicas, y la derogación de medidas cautelares en defensa del medio ambiente. En lo que respecta a negocios de gran envergadura, la concreción de la instalación de una empresa multinacional, la «Río Tinto Alcan» -que durante el gobierno de Lugo fue condicionada con el cumplimiento de garantías mínimas de protección al medio ambiente y con el pago a precio de mercado de la energía eléctrica-, halló vía libre con el nuevo gobierno. Pruebas de esta jugada: el primer país que reconoce el gobierno de Franco es Canadá, sede de la empresa; y el principal representante de la misma en Paraguay fue nombrado viceministro de Comercio.
¿Qué rol jugó la jerarquía católica paraguaya?
La Iglesia Católica es una institución que nunca comprendió la situación de la población católica mayoritaria; siempre centró su atención en la moral individual y el ritualismo abstracto. Ni el mensaje ni las prácticas apuntaron a vincular la vida cristiana con un proceso de organización social que favorezca el desarrollo social, económico y político de aquellos sectores más desfavorecidos y que han estado históricamente excluidos de la vida pública. De este modo, la Iglesia es funcional a los grupos de poder, avalando una sociedad de extrema desigualdad. Así, en el proceso de destitución del presidente Lugo, la jerarquía católica hizo caso omiso del cumplimiento estricto de la ley. La ilegitimidad del proceso de destitución, por no respetarse los derechos y garantías del presidente depuesto, no fue revisada, discutida ni cuestionada por la jerarquía católica. Pero el fondo del asunto es que con el gobierno de Lugo se plantearon propuestas ético-políticas para ampliar el marco de derechos de la ciudadanía.
¿Cuáles fueron esas iniciativas?
Una de ellas fue el proyecto de ley para instaurar un «Marco Rector de la Educación Paraguaya», con el que se garantizaban principios de información, responsabilidad y no discriminación en los planes de estudio, que chocaban con las normas tradicionales de la Iglesia. Asimismo, las políticas públicas con un fuerte contenido de equidad de género y de diversidad en materia de moral individual, fueron resistidas y hasta atacadas por diferentes sectores, minoritarios en términos demográficos pero poderosos políticamente, del catolicismo paraguayo. Con la destitución de Lugo se pondrá paño frío a estas propuestas e incluso se demolerán programas ya institucionalizados.
Uno de los temas principales en Paraguay es la distribución de la tierra. Franco dijo que el asunto tendrá una solución «inmediata». ¿Qué imagina que sucederá?
Franco no va a tocar la base del régimen de propiedad de la tenencia de la tierra. Anunció que impulsará la modernización del catastro y la compra de tierras a campesinos. Lo primero, en verdad, es un proyecto impulsado ya a inicios de 2009 por el gobierno de Lugo; y que fue rechazado en pleno por el Congreso. Otra vía fue implementar acciones sobre la base de una investigación que el gobierno de Lugo hizo en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), organismo responsable de la distribución de tierras públicas y de implementación de la reforma agraria. El dictamen de la situación de las propiedades, sus transferencias y registros, fue realizado y divulgado un poco antes del golpe institucional. La disyuntiva, entonces, es si Franco lleva a término la aprobación de aquella ley para el reordenamiento catastral y emprende las acciones vinculadas al dictamen elaborado sobre el Indert; o si emprende acciones puntuales para dar un cierto viso de preocupación a un problema que se presenta complicado y sobre el cual se requiere la determinación de tocar grandes intereses a los cuales él mismo responde.
PERSPECTIVAS ELECTORALES PARA 2013
¿Qué escenario vislumbra de cara a las elecciones presidenciales de 2013?
Es difícil de prever. Tengo la impresión de que incluso sin el quiebre institucional, el Partido Colorado venía cobrando fuertes chances de retornar al poder. No porque el gobierno de Lugo no hubiera hecho nada, sino por lo poco que comunicó sus logros, de modo que no se capitalizaron políticamente las cosas que se hicieron bien en favor de un nuevo proyecto político para 2013. Más bien, jugarán en contra los errores y las dificultades que sí hubo, los que a su vez son sobredimensionados por la prensa. Hay que sumar a ello la desgastada relación entre el principal partido aliado a Lugo, el Partido Liberal, con las fuerzas políticas minoritarias que constituyen su base, la coalición socialdemócrata denominada «Frente Guasu». Entre telones se habla de que Lugo podría postular su candidatura como senador. Es posible y está en su derecho; la Constitución lo habilita. Retornando al Partido Colorado, éste apuntaló el juicio político para consumar la ruptura de la alianza entre el sector político de Lugo y el Partido Liberal, principales fuerzas políticas que lo desplazaron del poder después de 61 años. Y sin duda que con ello se fortalece políticamente.
¿Cuál fue la estrategia de los dirigentes colorados?
La modalidad de destitución -promovida y liderada por políticos colorados en ambas Cámaras- apuntó a aislar económica y políticamente al gobierno de Franco, a sabiendas de que iba a tener un costo en materia de las relaciones internacionales. El Partido Colorado calculó y ejecutó no solamente la ruptura de la alianza formal entre el Partido Liberal y la coalición socialdemócrata, sino también una crisis en el contexto externo para el gobierno de facto. Claramente, de ninguna manera iba a dejar a su centenario rival político las condiciones para un buen desempeño gubernamental ni le iba a permitir contar con la aprobación generalizada, simplemente porque al Partido Colorado podría costarle caro en las próximas elecciones. Y para un partido que basó su historia en el cálculo y el oportunismo político, esta situación no iba a ser la excepción.
RAÚL ZACARÍAS FERNÁNDEZ, SOCIÓLOGO PARAGUAYO
«NUESTRA DEMOCRACIA NO TOLERA EL PLURALISMO IDEOLÓGICO»
Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Paraguay, el sociólogo Raúl Zacarías Fernández analiza la situación política y social de su país luego de la destitución del presidente Fernando Lugo y la asunción de Federico Franco. También examina el apoyo de la Iglesia paraguaya al nuevo gobierno.
¿Qué observa de la situación política y social actual?
Es delicada. La tranquilidad es aparente y el aislamiento político exterior está en desarrollo. Los partidos tradicionales están divididos internamente con miras a las elecciones generales de 2013. La situación social se mantiene casi invariable: la pobreza y la extrema pobreza afectan casi al 57 por ciento de la población. Y Paraguay es el país más desigual de América Latina, pese al crecimiento macroeconómico de 2010. Los llamados «sin tierra» o «carperos», que luchan por la tenencia de la tierra propia, se están reorganizando y preparando «ocupaciones».
¿Cuáles identifica como las principales causas de la destitución?
Los factores que contribuyeron para la «conspiración» de la derecha político-empresarial conservadora son, por un lado, su gradual separación de los liberales y la decisión de lanzar candidatos propios de la izquierda para las próximas elecciones y, por el otro, los terratenientes, sojeros, ganaderos, e industriales, molestos por las constantes invasiones de los campesinos y por algunas políticas sociales -sobre todo en el campo de la salud y la educación-, que favorecieron a las clases más desprotegidas. En el sector rural, hubo varios intentos por reivindicar los legítimos derechos de campesinos sin tierra. Claramente, la democracia ha sido herida por la decisión ilegal e ilegítima del Congreso. De ahí que, estando en controversia los fundamentos democráticos, sea justa la reacción del Mercosur. No vivimos dentro de una democracia representativa y participativa que tolera y permite el pluralismo ideológico. Ante el posible afianzamiento de un frente de izquierda de inspiración socialista con miras a 2013, los partidos liberales-conservadores se sintieron amenazados, con la complacencia y apoyo de varios sectores económicos y empresariales. Además, también se utilizó el tema de la pérdida de autoridad moral; que si bien se superó, no se olvidó.
¿Se refiere a las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), monseñor Claudio Giménez, sobre la «pérdida de autoridad moral» tras los rumores de paternidad endilgados a Lugo?
Muchas personas que habían votado por Lugo se desencantaron con las constantes apariciones de supuestos hijos. A esto hay que sumarle su estilo de gestión «parroquial» y su inhabilidad, en el campo político, que se hicieron visibles cuando destituyó a Efraín Alegre y Rafael Filizzola, entonces ministros de Obras Públicas y del Interior respectivamente. Ésas y otras decisiones contribuyeron a desgastar significativamente su imagen y la del gobierno. Aunque, como dije recién, no fueron ésas las razones que llevaron al golpe en su contra.
Ni bien se supo sobre el juicio político, la CEP salió a recomendarle a Lugo que renunciara. ¿Qué razones aludía?
Sus argumentos tenían que ver, aparentemente, con evitar un innecesario derramamiento de sangre, que sostenía que podía producirse si el gobierno de Lugo -y parte de la ciudadanía-, se oponía al juicio político. Se podría deducir que ya sabían que la situación era irreversible. Pero es importante señalar que se trató de una posición que muchos obispos de la Conferencia no compartieron.
Al mismo tiempo, estos argumentos dejaron entrever cierto apoyo a su reemplazante, Federico Franco.
Desde el triunfo de Lugo con la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), uno de los principales detractores del ex mandatario fue Giménez, que no perdía oportunidad alguna, en declaraciones a la prensa o desde su púlpito en las misas de Caacupé, para hostigar el comportamiento de Lugo. Obviamente, para la opinión pública nacional e internacional, se interpretó como un apoyo a Franco, que siempre se mostró como un fervoroso católico.
Fuente: http://www.revistadebate.com.