La remoción de Jorge Lanata de Canal 12 pone en la orden del día una serie de rémoras, algunas lindantes con el escándalo, otras, las más, con el ridículo, que la sociedad uruguaya viene padeciendo en su proceso de reconstrucción democrática. Una vez más un medio de comunicación privado cede ante impresentables presiones políticas y […]
La remoción de Jorge Lanata de Canal 12 pone en la orden del día una serie de rémoras, algunas lindantes con el escándalo, otras, las más, con el ridículo, que la sociedad uruguaya viene padeciendo en su proceso de reconstrucción democrática.
Una vez más un medio de comunicación privado cede ante impresentables presiones políticas y del poder económico y consigue sancionar (acallando) a una voz independiente. ¿Hasta cuando, habría que preguntarse, permanecerá intocado el poder discrecional e ilegítimo de que disponen los canales privados?
La sanción al periodista argentino forma parte de una sucesión de arbitrariedades que en los últimos años afectan a todas las formas de comunicación, especialmente las que más difusión consiguen.
1- Con Lanata se reproduce la situación de otros periodistas, como Carlos Peláez y varios de sus colaboradores y colegas en Maldonado que, lisa y llanamente, están siendo impedidos de ejercer su profesión. En estos casos, se está violando descaradamente el famoso «derecho al trabajo» consagrado en los textos legales y que se presta para muchas interpretaciones; todas menos impedir que las empresas periodísticas, en aras del ocultamiento y la mentira, confeccionen sus «listas negras» registrando a quienes, por insumisos y brillantes, hay que mantener alejados del público lector.
También resulta ilustrativa la reacción de hostilidad de algunos sectores políticos y parlamentarios ante la decisión del TVEO de trasmitir en vivo y en directo las sesiones del Parlamento mientras se consideraba el proyecto de ley referido al plan de emergencia social. Creo que se trata no solo de un derecho del pueblo de conocer las resoluciones, los enfoques y el estilo que se cultiva en el ámbito donde se elaboran las leyes que luego todos debemos cumplir.
Se trata también de un derecho de los legisladores, representantes del pueblo, para que se conozca cuáles son sus actitudes políticas en momentos que se asumen compromisos y se adoptan decisiones nacionales importantes. De un derecho y de una obligación. De los que apoyan al gobierno y de los que opinan distinto: tienen que decir, a viva voz y a cara vista, de qué manera ejercen nada menos que la representación de la voluntad popular. Si se está allí por efecto del mandato republicano de la ciudadanía ¿qué mejor circunstancia que una difusión pública de sus dichos y sus hechos?
En términos de un régimen republicano, donde el respeto al pueblo soberano es la piedra angular del conjunto de las instituciones, el rendir cuentas ante la gente debe ser algo más que una frase. ¿Qué limpieza mayor en el juego puede existir que toda la polis los oiga y los vea, en tiempo real? ¿En nombre de qué valor se puede pedir una protectora «discreción» hacia el quehacer político de los representantes nacionales?
Creo que cuanto mayor sea la «televisión-verdad» y más nítida la transparencia en la consideración de los asuntos públicos, mejor. Cuando más informado y conciente del curso político esté el pueblo, más suyas y más democráticas serán las instituciones. Es de esperar que la iniciativa asumida por el canal del Estado no sea trabada por el «abrazo del oso» con que la derecha intenta mantener estancada las instituciones en nombre del pluralismo o la concordia nacional.
2- En otro orden de cuestiones, la finalización del conflicto en GASEBA con la reposición de los sindicalistas despedidos está llamada a tener repercusiones profundas en la sociedad uruguaya y especialmente en la sociedad obrera uruguaya. La actitud, ponderada y legalista, de las autoridades del Ministerio de Trabajo son coherentes con las nítidas afirmaciones del Ministro del Interior en lo referido a la no intervención de los efectivos policiales en el desalojo de lugares de trabajo en el marco de los conflictos laborales.
La ocupación forma parte de una tradición vieja y firme del movimiento obrero, que no se detuvo incluso cuando hubo que enfrentar patronales empecinadas y policías bravas. La ocupación del local de la empresa, como bien se ha dicho, es una extensión del derecho de huelga y permite al débil en la pulseada, en este caso el sindicato obrero, hacerse más fuerte para lograr una solución exitosa para sus demandas. Así ha sido desde hace decenios, con gobiernos blancos, colorados y verdes.
Es un derecho con el que toda la sociedad y especialmente los empresarios tienen que acostumbrarse a convivir. Sea cual sea el gobierno que esté al frente del P. Ejecutivo. Pero también tendrían que entender que este gobierno, que cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores manuales e intelectuales del país, no puede hacer otra cosa que cumplir con su programa social, con su compromiso con los más pobres. Es por su programa de izquierda que el FA está en el gobierno.
3- Basta detenerse a pensar cinco minutos, desconectándose de ese «sentido-común» anestesiante que supura la televisión, para comprender que el hecho que el Frente Amplio, que ascendió por izquierda, gobierne como izquierda, es lo mejor que le puede pasar al país.
Las otras fórmulas ya se ensayaron por los otros protagonistas: blancos, colorados y cívico-militares de sable en mano. Fracasaron todos. Se los desalojó del gobierno con hastío pero con calma porque, justamente, no se habían comprometido con un programa popular de justicia social y redistribución de la riqueza.
Si la izquierda uruguaya hiciera lo mismo que hizo la izquierda argentina en el gobierno de Fernando de la Rúa o lo que hizo Lucio Gutiérrez en Ecuador, no solo el gobierno se vería desprestigiado sino que la democracia uruguaya resultaría seriamente lastimada. De todos modos, un factor es la oposición política a través de partidos que representan genuinamente corrientes de opinión que en el país existen y existirán siempre.
Y otra muy distinta son las dificultades solapadas, las que provienen de ese tipo de instituciones que algunos llaman los «poderes fácticos», es decir el poder que detentan algunos grupos sin ninguna legitimidad para ejercerlo, como pueden ser la presión de jerarcas o ex jerarcas de la administración, integrantes de las cúpulas de los aparatos de seguridad y defensa nacional, o grupos que concentran el poder económico.
En ese terreno, resulta inaceptable la actitud del jerarca policial que emitió una circular a sus subordinados con la que intenta obstaculizar el desempeño de las funciones de la autoridad legítima que es el Ministro José Díaz. En ese campo nadie en el país puede confundirse. Como bien ha dicho Díaz, el criterio de respetar la carrera funcional de los jerarcas y funcionarios policiales, procedimiento tan ajustado a derecho como desconocido por los gobiernos anteriores, no puede entenderse como una resignación a la conducción política de las fuerzas policiales. Conducción que el pueblo uruguayo puso en manos del actual gobierno.
4- Inaceptable asimismo resulta la suspensión de la ciudadanía al Contador Ariel Álvarez, integrante del Tribunal de Cuentas, y única voz que, desde ese órgano, durante años se alzó para denunciar la negligencia y las irregularidades y reclamar honestidad y control en el manejo de los dineros públicos.
El ataque al Contador Álvarez sólo puede plasmarse como una acción semi-subterránea, casi clandestina, con argumentos de tal índole que, como algunas bacterias,-anaerobias las llaman- no resistirían la más mínima oxigenación. Bajo esa forma, distinta pero convergente con el manejo restrictivo de los medios de comunicación, se intenta poner trabas a la acción reparadora del gobierno.
De los temas enumerados surge la reafirmación política de la necesidad de una participación activa de las organizaciones sociales, gremiales, cooperativas, culturales, de género, estudiantiles, ambientalistas, etc. en el desarrollo de la democratización de la sociedad y del Estado y en el cumplimiento adecuado de los planes de reparación social ahora convertidos en ley.