Las 65 etnias amazónicas piden al Gobierno la derogatoria de más de 30 decretos, consecuencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que alientan la venta indiscriminada de sus territorios en la Amazonía.
Alberto Pizango, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a las 65 etnias amazónicas de Perú, explicó que los Machiguenga, tomaron este lunes una central hidroeléctrica, una embarcación y dos pozos de explotación de gas de la argentina Pluspetrol. Centenares de indígenas, armados con lanzas y flechas, tomaron la central hidroeléctrica El Muyo, Amazonas.
Hasta ahora son los pueblos de Loreto y Amazonas (norte), Ucayali (centro), y Cusco y Madre de Dios (sudeste) los que están en la pelea. Pizango ha declarado que, «Queremos que se cumpla con el convenio 169 de la OIT que obliga a los gobiernos a respetar los derechos de los pueblos autóctonos».
El gobierno declaró el lunes el estado de emergencia en tres provincias y un municipio de la región amazónica de Perú, por un lapso de 30 días, ante las protestas de más de 60 etnias contra varios decretos legislativos que lesionan los derechos de los indígenas a la tierra y al entorno, y que fueron promulgados por el Gobierno como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
La medida de excepción se ha aplicado invocando razones de orden público, e implica la suspensión de garantías constitucionales, impide ejercer el derecho de reunión y libre tránsito, y autoriza a la policía a hacer detenciones y allanamientos sin orden judicial.
El estado de emergencia rige en las provincias de Bagua y Utcubamba, en la norteña región de Amazonas norte, y Datem del Marañón, en la oriental de Loreto, así como el municipio de Echarate, en la sureña región de Cuzco.
El 17 de agosto varias personas resultaron heridas en la provincia de Bagua, cuando un grupo de policías intentó reabrir el canal de agua que abastece a la hidroeléctrica en El Muyo. Nativos de la etnia Awajún, que tienen tomada desde el 9 de agosto esa instalación, rechazaron a los uniformados y en la refriega resultó herido de bala un civil y ocho uniformados fueron golpeados.
El incidente fue precedido por la negativa del gobierno a la exigencia de los indígenas de dialogar con el primer ministro, Jorge del Castillo, y no con el ministro del Ambiente, Antonio Brack. Este inició las conversaciones el viernes, 15 de agosto, en la localidad amazónica de San Lorenzo, pero los nativos de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) interrumpieron las pláticas porque el ministro no tenía nivel de decisión, y consideraron que el Gobierno empleaba una maniobra dilatoria, para desgastar el movimiento.
El presidente de la AIDESEP, Luis Pizango, ratificó la exigencia de que el gobierno anule decretos que afectan los derechos de los aborígenes a la tierra y el entorno y que responden a exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Los indígenas tomaron la semana pasada dos instalaciones gasísticas en Cuzco y bloquearon diversas vías en La Convención, mientras que en la región Ucayali, las protestas han dejado varadas ocho embarcaciones proveedoras de la empresa argentina Pluspetrol.
Se avecina levantamiento indígena nacional
Miguel Palacin, dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), advirtió que, «si el gobierno no atiende la demanda de los pueblos amazónicos y originarios, se viene un levantamiento indígena en todo el país a partir del 12 de Octubre».
Melchor Lima, dirigente de la Confederación Campesina del Perú, declaró que «existe un gran descontento en las bases campesinas de Cusco, Puno y Piura, entre otras, por la política anticomunitaria del gobierno que puede conllevar al desborde campesino».
El Gobierno ha respondido enviando al ministro del Ambiente a «dialogar», pero sin otorgarle facultades, al tiempo que acusa a «grupos de ultraizquierda» de manipular a los indígenas y endurece la represión enviando más contingentes policiales contra los indígenas que quieren tomar Camisea.
El presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, afirmó que el Gobierno quiere confundir a la población y ofertar las tierras de los pueblos indígenas a las empresas transnacionales.
El portal de noticias 24 Horas Libre recoge declaraciones de Ada Chueca, directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, quien considera que las demandas de las comunidades indígenas están plenamente justificadas, y asegura que los territorios nativos están reconocidos no solo dentro de la legislación peruana, sino también en los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Perú, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos Indígenas, que respaldan a los pueblos amazónicos y reconocen la intangibilidad de sus territorios.
«Acá el punto divergente es que justamente los decretos legislativos (que los nativos piden ser derogados) afectan directamente a los territorios indígenas, y el punto central y la gran demanda de los pueblos indígenas es que no han sido consultados en este proceso. En principio, creo que estos decretos legislativos son inconstitucionales en la forma en que se están estableciendo».
Chueca refirió que la Constitución de 1993 le quitó a los indígenas la protección de sus tierras que establecía la Carta Magna de 1979, y por ello buscan derogar los decretos que pretenden cambiar el uso de sus territorios.