El pasado 15 de octubre el gobierno de Filipinas y representantes del Frente Moro Islámico de Liberación (MILF) llegaron a un acuerdo para poner en marcha el proceso de paz que debería verse completado para el año 2016. Desde entonces se han sucedido las declaraciones, los gestos y algún revés también. A finales del pasado […]
El pasado 15 de octubre el gobierno de Filipinas y representantes del Frente Moro Islámico de Liberación (MILF) llegaron a un acuerdo para poner en marcha el proceso de paz que debería verse completado para el año 2016. Desde entonces se han sucedido las declaraciones, los gestos y algún revés también.
A finales del pasado noviembre tuvo lugar una reunión en Indonesia, en la que tomaron parte los actores del proceso, junto a dos asociaciones mediadoras (la islámica Muhammaddiyah de Indonesia y la Comunidad de San Egidio), para abordar los posibles obstáculos que el camino a recorrer puede encontrara, así como para poner «las premisas para una implementación del acuerdo de paz que tenga en cuenta las exigencias de todas las partes involucradas». Y todo ello teniendo en cuenta las bases de os anteriores procesos de paz y negociaciones habidos en el pasado. Así mismo se programaron «encuentros entre todas las partes implicadas para continuar en el camino de la reconciliación».
La lucha del pueblo moro es la expresión de una marginalización histórico y sistematizada contra los grupos musulmanes, conocidos como Moros, que les ha llevado a una minorización en el sur del archipiélago filipino. En esa política se han sucedido los colonizadores españoles (siglos XVI-XIX), Estados Unidos (hasta la mitad del siglo XX) y los diferentes gobiernos filipinos desde la independencia de aquel país en 1946. Frente a las reivindicaciones y luchas para mantener o recuperar su soberanía por parte del pueblo moro, los gobiernos filipinos defienden «la indisoluble unidad de su estado».
No obstante sería un error presentar esta situación como un «problema meramente musulmán», al contrario, tal y como defienden algunos analistas, el verdadero problema reside en la actitud y el legado de la colonización española, que apostando por un proceso colonizador y cristianizante, no quiso reconocer los derechos de los pueblos musulmanes del archipiélago. Mientras que los dirigentes filipinos de aquella época apostaban por un sistema político especial que reconociese a las comunidades no cristianas, los delegados cristianos, influenciados por España, desecharon esa fórmula, incrementando la marginación y la represión contra el pueblo moro.
Desde los representantes moros se han venido señalando diferentes raíces históricas del conflicto, entre otras «la anexión por la fuerza e ilegal de Moroland; al pacificación militar; las leyes que justificaban la confiscación de tierras; la filipinización de la administración, destruyendo además las instituciones políticas tradicionales; la colonización con migrantes de otros lugares del archipiélago, principalmente cristianos; desprecio de la cultura mora».
Y todo ello además, con unas causas más contemporáneas que vienen marcadas por la actitud de los gobiernos filipinos que tras protagonizar diferentes matanzas contra el pueblo moro en las últimas décadas, han impulsado políticas de «pacificación y desmovilización» junto a la apuesta en ocasiones de «una victoria militar».
La reciente iniciativa puede abrir la puerta a la esperanza en la solución definitiva del conflicto. Durante todos estos años, los representantes de l pueblo moro han llevado a cabo diferentes formas de lucha, incluida la lucha armada, apostando en ocasiones por negociaciones encaminadas a la búsqueda de una solución y la paz, y ello junto a mediaciones diplomáticas de algunos países musulmanes.
El actual proceso de paz comenzó en 1997, y en declaraciones de algunos conocedores de sus entresijos se ha ido moviendo «con la velocidad de un glaciar», y además ha tenido tres importantes parones, fruto de acciones armadas de uno u otro bando en unas ocasiones, y por la actuación y el boicot de determinados poderes fácticos (políticos, militares y judiciales) filipinos.
En opinión de esas mismas fuentes en esta ocasión el acuerdo logrado resalta al menos por dos motivos. Por un lado se han acordado un fórmula diferente para abordar el tema de la territorialidad (qué áreas estarán bajo el nuevo gobierno Bangsamoro), así como la garantía de que el conjunto del pueblo moro pueda decidir si acepta o no los términos del acuerdo final. Por otro lado, el acuerdo deja claro que la actual realidad administrativa y autónoma es disfuncional y será reemplazada, lo que abre la puerta a la esperanza de una mejor fórmula de gobierno.
Durante el proceso se ha discutido y negociado todo un abanico de temas, como la territorialidad, el reparto del poder o la redistribución de la riqueza, así como otros aspectos relacionados con la normalización (la desmovilización, el desarme o la reintegración).
Las negociaciones más recientes sobre aspectos policiales o de impuestos, tiene que dar paso a la parte más complicada del proceso, la implementación del mismo. Para ello estos meses se han sucedido los gestos por ambas partes, como la visita del presidente de Filipinas, Benigno Aquino, el pasado mes de febrero al campamento principal del MILF para reunirse públicamente con los representantes de la citada organización mora.
Este escenario no está exento de riesgos y obstáculos. Algunos signos de inestabilidad dentro del territorio moro se han producido en los últimos meses. La aparición de un nuevo grupo escindido del MILF, Luchadores por la Libertad de Bagsamoro Islámico (BIFF) y contrario al proceso, las reticencias de algunos sectores del otros poderoso MNLF, que ven cómo su peso social puede disminuir tras el acuerdo, o la presencia de grupos armados entorno a Abbu Sayyaf son algunos riesgos que puede afrontar el proceso en los próximos meses.
También está el rechazo del anterior status quo filipino, dispuestos a sabotear los avances de cualquier manera, o la utilización interesada en ese sentido del «rido», una tradición ligada a un código de venganzas entre familias o clanes, que en ocasiones da pie a vendettas inter-comunales.
El reciente conflicto en torno a la provincia de Sabah, a día de hoy en territorio de Malasia, pero que ha sido reivindicada históricamente por los musulmanes filipinos, sobre todo por parte del sultán de Joló, puede ser utilizado por diferentes actores para frenar u obstaculizar el proceso de paz.
Los firmantes del acuerdo son conscientes de esos riesgos, de ahí que diferentes representantes moros hayan señalado la necesidad de tender puentes con los colonos católicos que llegaron a la zona durante el siglo XX y también hacia otros pueblos indígenas no musulmanes en Mindanao, conocidos como Lumad o Mangsa-Mamalu.
Conforme al nuevo acuerdo, una nueva realidad institucional, «Bangsamoro» debe reemplazar a la Región Autónoma Musulmana de Mindanao, creada en 1989. Además, la presencia de mediadores y observadores internacionales intenta dotar de un cierto blindaje al proceso. El futuro del pueblo moro conforme avance y se asiente el acuerdo de paz espera poder rentabilizar la riqueza material de su país y dotar de un futuro mejor a un pueblo perseguido y castigado por las diferentes fuerzas coloniales que han ocupado su territorio.
Txente Rekondo. Analista Internacional
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.