La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero no se masacran.
Paul Valéry
Entre los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Álvaro Uribe, de México y Colombia, respectivamente, cumplen ambos aspectos similares: el uso de la coerción social como medida de control y exponentes de las laceraciones más graves en el tejido psicosocial de muchas comunidades que vieron mermadas sus territorialidades por los desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, delincuencia, asesinatos.1 Ambos, desde su muy distanciada, aunque cercana periferia por acuerdos económicos, representaban los sectores de podredumbre política, donde los graves daños de trauma psicosocial se verían representados por los individuos de las distintas comunidades afectadas.
En semanas pasadas se ha anunciado un proceso de aprehensión al ex presidente de Colombia Álvaro Uribe por investigaciones relacionadas con compras de votos, silencio por los atropellos cometidos durante el proceso denominado “Plan de Seguridad Democrática” que vivió Colombia durante la presidencia de Uribe, como medida al combate de la guerrilla, la delincuencia organizada, el narcotráfico…, pero que acumuló cientos, miles de muertos, así como desaparecidos y una polaridad en la percepción de los individuos sobre los efectos positivos o negativos de ese plan.2 Un país dividido por las formas, que se volvieron los fondos y a lo largo del tiempo, observamos la irrupción de un poder de contención en la generación y acumulación de riqueza de unos cuantos particulares, así como asesinatos de líderes comunitarios y excombatientes, todo, en un mapa de reordenamiento coercitivo político.3
Por otro lado, la guerra contra el narcotráfico, consolidada por el ex presidente de México, Felipe Calderón, fue la consigna de su campaña de elección presidencial, dado que en las encuestas figuraba con una enorme desventaja en relación al contendiente de la izquierda en aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador y, cuyos resultados conocidos por unos y por otros, pronosticaba lo que ya se sabía: el triunfo de Calderón por supuestos hechos de corrupción en su campaña y un discurso de combatir la inseguridad, lo que le generó muchos adeptos dadas las condiciones sociohistóricas del país. Sin lugar a dudas, a pesar del imaginario colectivo que se presumía sobre el grave error de declarar una guerra confrontativamente directa contra el narco, nunca nos imaginamos que esto se desarrollaría con una brutalidad sin precedentes; en ella, la sociedad mexicana aprendió a elogiar la locura y naturalizar su proceso, de tal suerte, que las sorpresas de descuartizados, “encostalados”, asesinatos, desaparecidos, se volvieron en una realidad que pocos o, casi nadie, quiso, ni se atrevió a cuestionar y cuando se realizaba, existía una tendencia a revictimizar a las víctimas en todo proceso judicial4, práctica aprendida desde Colombia por el aprendizaje directo de “los falsos positivos”. El horror con que se desprendió esa guerra fue de tal magnitud, que el número de muertos y desaparecidos dan idea de la ruptura del tejido social y el abismo en que se adentró. Más de 174 mil asesinatos y aproximadamente entre 30 y 50 mil desaparecidos, aunque los números, al paso de los días, podrían referir estadísticas más trágicas.5 Los cientos, miles de desapariciones han sido documentados y el Estado en su actuación de investigador, reparador (aunque no se sabe de qué ni de cómo) y repartidor de justicia, ha quedado sobrepasado: de hecho, en la administración de Felipe Calderón, las desapariciones forzadas dirigidas a población de clase trabajadora aumentaron, al igual que asesinatos a líderes comunales y líderes de movimientos de resistencia. Situación similar en todas sus aristas influenciadas, además, por un Plan Mérida, donde la opinión de Álvaro Uribe, jugó un papel fundamental para que Calderón llevara a cabo una guerra sobre intereses económicos con nulidad de reparo psicosocial por las consecuencias de muerte y destrucción.6 Dado los acontecimientos descritos anteriormente, resulta muy puntual visualizar algunos puntos que comparten en ese escenario de impunidad y daño psicosocial tanto la administración de Calderón como de Uribe. No significa que sean necesariamente los más importantes o los únicos en la lista de situaciones pendientes referente al daño psicosocial, sólo esbozan particularidades que, para mi entender, resultan de relevancia al momento de establecer un juicio contra expresidentes y temáticas que convergen en la ruptura del sentido comunitario:
1) Desplazamiento forzado: En medio del horror de la guerra, aparecía un problema complicado, disruptivo en las interrelaciones sociales y que generaría la movilización de grupos comunitarios: el desplazamiento de decenas de comunidades de sus territorialidades a partir de las cuales el sentido de comunalidad, de identidad, donde se pierde la relación con el territorio y su relación directa de experiencia de vivir,7 se vio trastocado por el enorme avance de la delincuencia organizada y la ocupación de terceros con el fin de expandir su dominio y hegemonización respecto a otros grupos rivales de delincuencia. En Colombia, el desplazamiento llevó al asesinato de personales, líderes comunitarios y decenas de personas de una comunidad sin que hasta ahora exista una investigación real, mucho menos justicia para las comunidades afectadas en ese momento. Las transfiguraciones de una guerra civil de más de 50 años manifiestan el realce de una estrategia de afrontamiento mediante la cual la polarización de la sociedad colombiana fue uno de tantos estragos de una apuesta por el afrontamiento directo como medida de protección de intereses trasnacionales, pero no como la reparación de un tejido de identidad social que hoy se ha visto fracturado en diferentes comunidades de Colombia. Bajo la bandera de países democráticos, actos de guerra fueron presentados como soluciones de anteriores administraciones y sus fracasos visibles por el simple hecho de observar un problema desde la centralización de complicaciones administrativas y no, de un problema de territorialidades donde la tierra tiene una representación fundamental en la cosmovisión de los pueblos, un tercer sujeto8 del cual, el simbolismo recuerda el pasado directo en sus raíces, con aquello que construyeron y generó diversidades de memorias colectivas fortaleciendo los lazos comunales y el sentido de comunidad que durante cientos de años permeó en cada uno de los pueblos. Ese desarraigo genera diferentes problemas psicosociales tan fuertes que son representados o percibidos como la pérdida de un mundo o de la vida.9
2) Asesinatos y desapariciones: Este ha sido un fenómeno con graves consecuencias psicosociales colectivas e individuales. En ese sentido, hemos visto como herramientas tanto en Colombia como en México, el uso de la desaparición forzada como un arma elemental de contención y coerción, es decir, como un elemento de represión contra la disidencia política armada y no armada (Cerezo, 2018). Bajo esa característica, la aparición del narcotráfico en la escena pública y su combate se genera como mecanismo de control y legalización del establecimiento del orden por parte del Estado, ocupándose para ello de la desaparición de garantías individuales y la violación de derechos humanos. En la guerra contra el narcotráfico, así como en la apuesta por una Ley de Seguridad Democrática como la desarrollada en Colombia, el fin último justifica la protección de intereses personales económicos en una esfera sombríamente injustificada de que la vida sobre sí misma se determina a través de procesos económicos más no de intereses de un existir, de un ser en tanto que ser. Y esta situación termina por borrar la episteme de las personas y de los pueblos, convirtiendo estos procesos en factores secundarios “lamentables” de bajas o como falsos positivos sobre una guerra que no afronta 1) los problemas psicosociales de las comunidades y 2) se diluye la conceptualización de violencia, orden y negocios bajo una premisa de creencias racionales sobre lo que “debe de” ser y no lo que “se desearía” que fuera. ¿Cuál sería el objeto concreto sobre estas situaciones? La fragmentación social, la ruptura del tejido comunitario como una apuesta de medidas de contención social para evitar los recuerdos vividos10 o la construcción de una memoria histórica capaz de aglutinar a un movimiento específico que termine por concretar una fuerza de contención contra esa tendencia coercitiva. De la misma manera, la creación y aparición del paramilitarismo reforzó la idea que más arriba en este texto se pronunciaba: el desplazamiento de zonas geográficas fundamentalmente como medidas estratégicas. Los retenes que terminaban por influir en la desaparición forzada, dan cuenta del uso comercial de la vida, donde en algunos casos reportados, fueron sustraídos de vehículos o de domicilios para trabajar en los campos y dedicarse a la recolección forzada de uno u otro cultivo. La fuerza de motivación tangible en esa sociedad radica en su capacidad de producción y los asesinatos un número menor de rivalidades y demostración del espectáculo que se es capaz de realizar ante la menor provocación, además de fortalecer los procesos de impunidad y servir como tema electoral, muy en contraste con los procesos de pacificación.11
Estos dos temas sociales descritos de forma muy reducida permiten dar una continuidad a la idea del análisis de este escrito: entre ambos, señores de la guerra, comparten, además de una similitud de planteamiento en la “pacificación” del país, la guerra. Pero también, en el desgaste social que esto implicó y el grave resultado psicosocial que tuvo como consecuencia para un grueso de la población.
Apegándose a la idea de Martín-Baró y el trauma psicosocial, podemos aventurar que los hechos sociales e históricos permiten una interpretación de elementos simbólicos por medio de los cuales abrimos una idea de lo que ha sucedido y esclarecer ese pasado, desarrollado sobre los procesos de dominación y exterminio social.12 Los proyectos de militarización en ambos países generaron medidas de represión que podrían visualizarse por medio de los efectos psicosociales como el miedo basado en sobregeneralización de hechos inmediatos, la catastrofización sobre el futuro inmediato, la rumiación cognitiva sobre los sucesos que han sucedido a lo largo del tiempo, donde en muchos casos, aumento de ansiedad, cuadros depresivos, anergia, anhedonia, dificultad para concentrarse, ideaciones suicidas (García, 2019) fueron los resultados de la maquinaria de guerra que dejarían secuelas en las vida de muchas personas, en muchas de ellas irreparables en un plano cognitivo. Pero hay más: los hechos no son exclusivamente clínicamente comprobables sino, al mismo tiempo, y como efectos psicosociales de la violencia, una difuminación del sentido de identidad en las poblaciones, donde los principios de comunalidad fueron pisoteados y barridos en un intento visible de desaparición de las cosmovisiones, de las formas de quehacer comunitario con el objetivo de la expropiación de tierras, la superioridad entre comunidades y subgrupos y la menguación y descodificación de las población sometidas bajo principios de relaciones de poder. Un sentido de pertenencia que se perdía en tanto los desplazamientos dejaban de lado las memorias históricas que se habían construido en la pertenencia de la tierra, de los brazos orientadores de la formación de vida, del aprendizaje de tradiciones y procesos culturales que refrescaban la memoria de tanto en tanto en el devenir como pueblos indígenas y originarios, poblaciones que han sufrido los estragos más dolorosos de la guerra. Ese mismo sentido de identidad que ha tenido que contar de elementos como la pobreza, el olvido, la revictimización por parte de las autoridades, el silencio de los medios de comunicación y los grandes intentos de un epistemicidio conjurado para no hablar “con” sino un “desde el fondo y al olvido”, situación que genera una tensión social al no tener abiertos los canales de comunicación, mucho menos los baluartes bajo los cuales se pueda proceder para un proceso de reparación, paz y justicia. Justamente porque el lenguaje que utilizan los procesos del Estado responden a una instancia centralidad con visiones empresariales destinadas al “fortalecimiento de la vida económica de una región”, tienden casi en automático a ignorar, o no comprender las relaciones psicosociales en comunidades étnicamente diferenciadas, con un gran dilema epistémico sobre comunidad o comunalidad13, variando dependiente del punto de vista institucional donde se arraiga el poder que ejerce una opresión sobre las condiciones psicosociales de cada región en particular. De tal suerte que, termina por establecer puentes de ruptura comunitaria al involucrarse en los padecimientos de la individualización capitalista como la drogadicción, alcoholismo, violencia, (García 2019) como formas de expresión cognitiva sobre un trauma psicosocial que no percibe en sus esquemas cognitivos la racionalidad coherente de un entramado de irracionalidades que, para sobrevivir se tiene que abandonar la tierra con la cual existe una conexión arraigada o, la búsqueda de un familiar con el objetivo de reestablecer la conexión afectiva y corpórea con el ser que ha sido arrebatado por la “inoperancia” del aparato de justicia del Estado, sin importar el peligro que represente para sí mismo, la familia y la modificación obligada de los patrones familiares y merma de la salud biopsicosocial de las personas.
¿Cómo no sería fundamental el arresto en estos momentos de Álvaro Uribe, cuando pudo apreciarse en el marco de la época denominada “uribismo” intentos siempre extraordinariamente efectivos de distraer la opinión pública para quitar la carga de importancia colectiva de un acuerdo de pacificación con la FARC y el gobierno de Colombia, por una situación económica a través del Programa Seguridad Democrática que conllevó a vaivenes materiales tanto para instituciones privadas como al propio Uribe? Porque justamente el caso involucra a miles de personas involucradas de forma directa e indirectamente, se vuelve esencial al momento de hablar de reparación, justicia y paz, con leyes establecidas que permitan la no repetición de estos actos de laceración social. Ahí, bajo el acompañamiento judicial, la importancia de los procesos de identidad comunitaria y el gran daño que estableció en cientos de comunidades por la protección de intereses económicos nacionales e internacionales privados. ¿Acaso no se trató de borrar de los esquemas cognitivos los procesos de resistencia comunitaria diluyendo en sí el golpe del trauma psicosocial y la ahistoricidad de los individuos que fueron directamente perjudicados por esta situación? ¿La reparación de las familias también determina un proceso de acompañamiento psicosocial, donde el acceso a la verdad, la justicia permita dilucidar el entramado de complicidad de los representantes del ejecutivo, militares, empresarios y una larga cadena de responsables que hoy, en un proceso de dominación, entablan un diálogo de poder desde su identidad y comunidad específica por los procesos de blanquitud y hegemonización de clase social?
Estos conglomerados dan idea de una ruptura por medio de las sociedades postindustriales y su conformidad bajo los aditamentos que se confieren sobre sí misma y la problematización que se tiene al momento de hablar de un avance hacia el progreso, donde las herramientas, versan con una visión hegemónica tanto cultural como de políticas que terminan por defenestrar los avances y logros de esas resistencias comunitarias. Subjetividades que se diluyen al paso del tiempo y son deslegitimadas por la idea de una individualización y el consumo como su medida de estandarización social consumada. Los objetos que transforman las relaciones en idea de moda, a través del consumo, de la especificidad del objeto en la vida del sujeto y su formulación en un acción social como consecuencia directa del racionamiento racional que determina la vida cotidiana de una sociedad, donde la subjetividad se ve reducida a una propuesta pasiva y no necesariamente implementada de respuesta ante las contradicciones del marco conceptual capitalista y menos como una herramienta de satisfacción del sujeto como un acto social donde la otredad renueva el acto de pertenecer, identificarse como parte de un contexto donde el individuo deja de pasar como un simple engranaje del mecanismo económico y recupera una objetividad que le permite disentir y expresar un desacuerdo sobre los moralismos en turno. En ese sentido cabría recordar la idea de un médium is message14 y, dado que el mensaje no oculta la función real del medio, bien podríamos decir que ambos expresidentes tienen una responsabilidad mucho más allá de la transición de ideas sociopolíticas-económicas que atravesaron en sus contextos históricos, en cuanto sí el resquebrajamiento de una identidad comunitaria que sirvió como sacrificio de los intereses electorales en momentos de tensión política, de los cuales era consecuentemente un resultado de armar discursos que carecían de elementos de transformación social y solo de prebendas o transición de imágenes que, sin decir nada, creaba todo un espectáculo y la oportunidad de trascender y crear un nuevo país…
Visto desde esa interrogante de suposiciones sobre lo que ocurrirá, la colusión del Estado en el crimen organizado y la apertura ante las herramientas digitales de comunicación, determinan que esa vida social sigue teniendo una superposición de ideas, proyectos, sueños vendidos por aquellos en cuyo presencia, hoy, recae miles de denuncias; aunque su formación sigue siendo la venta de mercancías totales en el espacio social donde la presencia de libertad, justicia, pacificación son palabras mercadológicamente tentadoras y por ello, con costos económicos (y sobretodo sociales) muy altos15. En esa interrogante aparece la idea de un fin de lo social, hacia raíces de una afluencia donde inhiben los derechos y no existen garantías del ejercicio de su libertad y justicia para esa cosmovisión que se vio afectada por los intereses particulares y, en lo epistemológico, cambiar al sujeto humano, en un objeto del consumo, destinado hacia un espectáculo. Tratando así a un sujeto moldeable de acuerdo a intereses particulares y privados donde la existencia del individuo responda a las condiciones mecánicamente impuestas por una fracción empresarialmente fuerte y de visión individualista respecto al avance de la fragmentación de micro sociedades unilateralmente pensantes bajo una misma conceptualización: la producción de mercancías, el enriquecimiento y la coerción social sobre todo aquello que se interponga en asuntos económicos por ideas absurdas como el sentido de lo comunitario. Bajo esas condiciones el quehacer del individuos, su transformación de lo individual al actor social y su problematización referente a lo comunitario, radica en la interrogante constante del desintereses de ese marco social sacralizado, económicamente ponderante y más que una preocupación, sobretodo, una ocupación alrededor de sus propios derechos, su libertad, su justicia16 y su camino trazado, en el ejemplo de colectivos de madres, familias en búsqueda de sus seres queridos, de la recuperación de sus territorialidades, de la justicia en la toma de conciencia de un sujeto humano que trataron, bajo todos los medios de silenciar y, en el mejor de los casos, olvidar entre cientos, miles de coerciones.
El gran desafío que tienen las instituciones del Estado mexicano y colombiano versa sobre la aplicación de un enjuiciamiento hacia los expresidentes de Nuestra América, quienes históricamente siempre han salido limpios y fuera de toda investigación judicial. El proceso de “limpieza” sobre la corrupción que está realizando el presidente López Obrador en las antiguas administraciones que le antecedieron, tienen la oportunidad de marcar un antecedente en la política mexicana y levantar una investigación sobre las muertes extrajudiciales, los casos de desaparición forzada y enriquecimiento ilícito de los colaboradores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (aunque este último parece una pieza ya arreglada desde antes), que podrían llevar a un juicio, por primera vez en la historia a un presidente de México, respaldado por el gobierno de Estados Unidos (en tanto que Trump sea renovado en el cargo). En el caso de Uribe, se debe de seguir todas las informaciones, las documentaciones sobre espionaje y asesinato de testigo importante en la relación directa del paramilitarismo-uribismo-asesinatos de cientos de defensores comunales. Colombia puede tener un presente también histórico si la Corte colombiana se rige por principios de honestidad, justicia, reparación y castigo a los verdaderos culpables. En lo referente, los procesos con manuales de investigación presentes a las búsquedas, la resolución de casos, sus esclarecimientos, así como leyes que protejan a las familias y permita una articulación interdisciplinaria, permitirá el encuentro de justicia, reparación, castigo y la no repetición de actos violentos que laceren a las comunidades y familias como lo han hecho los gentlemen de la guerra, dirigidos por el entramado geopolítico de Estados Unidos, bajo el principio de democracia y libertad, cuento que hace tiempo es la gran tragicomedia de la realidades de Nuestra América.
REFERENCIAS
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