Después de dos meses del juicio político que le siguió el Congreso paraguayo, Fernando Lugo continúa hoy sin recibir documentos oficiales sobre el proceso de su destitución. La denuncia fue hecha por su abogado Emilio Camacho, quien presentó un recurso de habeas data ante el Poder Judicial exponiendo la ilegalidad que se comete al no […]
Después de dos meses del juicio político que le siguió el Congreso paraguayo, Fernando Lugo continúa hoy sin recibir documentos oficiales sobre el proceso de su destitución.
La denuncia fue hecha por su abogado Emilio Camacho, quien presentó un recurso de habeas data ante el Poder Judicial exponiendo la ilegalidad que se comete al no comunicar en tiempo y forma al presidente destituido todo lo relacionado con la acción mediante la cual se le separó de su cargo.
El mencionado recurso es una figura constitucional que establece el derecho de toda persona a acceder a la información y datos sobre sí mismo existentes en registros oficiales o privados de carácter público.
La solicitud correspondiente fue hecha al Congreso, autor de la destitución del mandatario, inmediatamente después de concluido el juicio parlamentario contra su persona, pero reiteradas demandas posteriores no tuvieron éxito y obstaculizan eventuales reclamos internacionales de Lugo.
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia tampoco se pronunció aún sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el proceso de juicio político efectuado y esa instancia ahora anuncia que solamente en septiembre eso será posible.
Para mayor dilación, el recurso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, enviado por la Corte, para que emita una opinión sobre el alegato jurídico antes de emitir el fallo definitivo.
La defensa de Lugo y otros abogados resaltaron lo ilógico de la tardanza hasta en notificar con todos los documentos necesarios las razones esgrimidas por el Parlamento para la sanción al Presidente electo en los comicios del 2008.
Sectores opositores vieron en esa demora la intención de crear todas las dificultades posibles para demorar la apelación ante instancias internacionales por el expedito proceso efectuado contra un Jefe de Estado electo por la población y a menos de 10 meses de nuevos comicios.