Mientras el presidente de Perú Alan García tomaba juramento a dos nuevos ministros en el Palacio de Gobierno, a pocas calles de allí miles de manifestantes rechazaban la negativa de las autoridades a derogar las «leyes de la selva», decretos legislativos que promueven la explotación de recursos naturales en territorios selváticos e indígenas.
Miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú, del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú y de organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil se dirigieron el jueves hasta la sede del Congreso legislativo para protestar contra la mayoría oficialista que defiende las cuestionadas normas, y condenar la represión gubernamental a los líderes indígenas.
Más de 2.000 efectivos bloquearon el acceso al Congreso, desatándose un forcejeo que llevó a la policía a repartir varazos y lanzar bombas lacrimógenas.
García invistió a Nidia Vílchez en reemplazo de la saliente ministra de la Mujer y Desarrollo, Carmen Vildoso, quien dimitió por su desacuerdo con la forma en que el gobierno afrontó el levantamiento de los awajún en el norte amazónico, la segunda etnia más numerosa de Perú y de histórica tradición guerrera.
Hubo intensas protestas en las localidades selváticas de Yurimaguas, en el departamento de Loreto, extremo nororiental y Pucallpa, en el oriental Ucayali. Los indígenas bloquearon carreteras y los puertos fluviales.
En Bagua, provincia de la región norteña de Amazonas que fue epicentro de los hechos violentos del viernes con 24 policías y un número indeterminado de indígenas fallecidos, nadie pudo salir de sus casas por el toque de queda. La policía y efectivos del ejército tomaron el control de la zona.
Manifestantes de las localidades sureñas de Puno, Arequipa y Tacna también se movilizaron en adhesión a la lucha de los indígenas contra el gobierno, que se niega a derogar las normas, a pesar de que fueron consideradas inconstitucionales el año pasado por un comité parlamentario multipartidario.
Terminada la manifestación en Lima, sus dirigentes anunciaron la preparación de un paro nacional para el 8 de julio.
El miércoles por la noche, el bloque oficialista y algunos aliados aprobaron la suspensión de los polémicos decretos legislativos 1.090 y 1.064.
En protesta, en la mañana de este jueves la oposición inició un acto de vigilia en el centro del hemiciclo. El presidente del Congreso, Javier Velásquez, sancionó por esa acción a siete legisladores con una suspensión sin goce de haberes por 120 días.
Entre tanto, las autoridades aseguraron que tres de los indígenas muertos por la policía en Bagua pertenecían a la comunidad awajún de la provincia de Condorcanqui, una de las más pobres del país. Para sumarse a la medida de fuerza contra los decretos habían viajado varios días.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 76,3 por ciento de la población de Condorcanqui, mayoritariamente awajún, vive en pobreza, mientras 77,6 por ciento habita en viviendas inadecuadas y 91 por ciento no cuenta con agua potable ni luz eléctrica.
Además, casi 80 de los habitantes de Condorcanqui hablan sólo awajún y 99 por ciento no tienen acceso a servicios de información.
El presidente García, sin embargo, atribuyó a una manipulación de «políticos extremistas» la persistencia de la protesta indígena.
«Estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase», expresó. «Cuatrocientos mil nativos no pueden decir a 28 millones de peruanos: ‘Tú no tienes derecho de venir por aquí’. De ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo», afirmó García.
El mandatario atribuyó al Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organizadora de la campaña contra los decretos legislativos, responsabilidad por la muerte de los 24 policías.
«Se está instigando a la violencia, se está empujando a los nativos como carne de cañón y (Pizango) sería pasible de castigo penal», dijo el presidente.
El Ministerio del Interior pidió al Poder Judicial la detención y captura de Pizango y, con una velocidad inusual, el mismo día la policía salió en busca del dirigente que tuvo que asilarse en la embajada de Nicaragua.
Pizango fue reemplazado por la vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata, quien garantizó que la lucha continuará.
Los historiadores relatan que los awajún rechazaron en el siglo XV los intentos conquistadores de los incas Tupac Yupanqui y Huayna Capac. El cronista Juan de Velasco relató que las tropas de los monarcas andinos «salieron huyendo vergonzosamente» de las tierras de los awajún.
A los españoles tampoco les resultó fácil asentarse en territorio awajún. Sufrieron tantas rebeliones que al final desistieron de su intento de someter a os indígenas para que trabajaran en la explotación del oro. Y durante la fiebre del caucho, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, los awajún mataban a los patrones que abusaban de los nativos.
CONGRESO REAVIVÓ IRA INDÍGENA
En Bagua, mientras tanto, los dirigentes indígenas evalúan nuevas estrategias ante la decisión de suspender la aplicación de los decretos legislativos, que consideran una provocación del Poder Legislativo.
«¿Después que nos han baleado quieren solucionar esto así nomás con una suspensión? Exigimos la derogatoria urgente, no vamos a soportar más. Estamos evaluando nuevas estrategias de lucha para salir a las comunidades y hacer las consultas a las bases», dijo a IPS Edwin Montenegro, dirigente comunal del Río Kanus, en la provincia amazónica de Condorcanqui.
Montenegro y otros líderes se reunieron el jueves en Bagua para evaluar el nuevo escenario, mientras la policía y el ejército vigilaban las calles y zonas estratégicas, como el puente Corral Quemado, que conecta al país con el nororiente.
El secretario de la Aidesep, Saúl Puertas, dijo a IPS que se convocará a una reunión en Bagua con los «apus» (jefes indígenas) de las ocho regiones donde la organización está presente para evaluar el saldo del paro y tomar decisiones.
«A pesar que el gobierno ha violado la Constitución y el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) insiste en lo mismo y así no podemos llegar a ningún acuerdo. Lo que ha hecho el Congreso es una burla», dijo Puertas.
En un comunicado, Aidesep aseveró que «lamentamos que el Poder Legislativo continúe engañando y evadiendo su responsabilidad política y busque salidas que los Pueblos Indígenas y la sociedad peruana en su conjunto entienden que simplemente quieren confundir y engañar».
La Aidesep también exige al gobierno que levante el estado de emergencia decretado en Amazonas y el toque de queda en Bagua. Además pide el «cese inmediato de los sobrevuelos de helicópteros militares y policiales sobre los territorios de las comunidades nativas», pues «generaron zozobra en las poblaciones indígenas, en particular sobre los niños».
COMITIVA INDIGENA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS
Ante la desesperación de decenas de familias que aún aguardan el regreso de sus parientes, una comitiva de dirigentes indígenas recorrió el jueves las quebradas aledañas a la Curva del Diablo, zona donde se produjeron los enfrentamientos del viernes 5 entre uniformados y unos 3.000 indígenas apostados sobre la carretera.
El saldo parcial de víctimas de ese día es de 10 civiles, entre ellos cinco nativos y cinco mestizos, y 24 policías. Además, un uniformado permanece desaparecido, según las autoridades.
La Oficina Defensorial de Amazonas (ombudsman) identificó los nombres de los cinco indígenas caídos ese día: Felipe Sabio Sánchez, Romel Tenazoa Sánchez, David Jaucito Mashigkash, Genaro Samecash Chamick y Rogelio Pintado Castro. Los cuatro últimos murieron en la Curva del Diablo, y Sabio fue baleado en las inmediaciones de la plaza de armas de Bagua.
Los policías cayeron en dos zonas: un grupo de por lo menos ocho murieron en la Curva del Diablo, según la defensoría, y el resto fueron degollados por nativos en la estación de bombeo de petróleo número seis de la empresa Petroperú, en Imazita, Amazonas.
En su recorrida por las quebradas de Curva del Diablo, los líderes Montenegro y Puertas, acompañados de IPS, no encontraron cuerpos ni rastros de sus compañeros. La fiscalía provincial que recorrió la zona el miércoles tampoco hizo hallazgos.
Los comités de más de 300 comunidades continuarán registrando los nombres de las personas que aún no han regresado a sus pueblos.
El jueves por la mañana, el jefe de la Oficina Defensorial de Amazonas, Roberto Guevara, emprendió un viaje por varias comunidades que participaron en las protestas, entre las que figuran Wawas, Chiriaco y Nazareth.
«Queremos saber de boca de los propios presidentes de las comunidades qué está pasando. Esperemos que pronto vuelva la calma», dijo Guevara a IPS.
*Milagros Salazar, enviada especial a Bagua.