El 22 de junio, el senador del Partido Popular Tekojoja, Sixto Pereira, trataba de hacer uso de la palabra en el Congreso paraguayo. Fue imposible. No le dieron posibilidad de hacer uso del derecho de palabra porque se había acabado el tiempo para la discusión. El tema del día era el «juicio político» para destituir […]
El 22 de junio, el senador del Partido Popular Tekojoja, Sixto Pereira, trataba de hacer uso de la palabra en el Congreso paraguayo. Fue imposible. No le dieron posibilidad de hacer uso del derecho de palabra porque se había acabado el tiempo para la discusión. El tema del día era el «juicio político» para destituir al presidente constitucional Fernando Lugo.
El libreto de la Cámara de Diputados no aceptaba variaciones. Tal y como se había fijado en menos de 24 horas, al final de la jornada, Lugo era «separado» del cargo.
La Carta Magna de los paraguayos consagra una democracia participativa, representativa y pluralista. Al finalizar el 22 de junio, sólo la representatividad prevaleció: 39 senadores y 76 diputados habían violado, en nombre de la democracia, la voluntad popular que en abril de 2008 eligió a Fernando Lugo con más de 40% de los votos.
«Para la derecha, los partidos de la oligarquía, la democracia participativa significa arrear al electorado con prebendas el día de las elecciones», apuntó Pereira en una entrevista con al Agencia Venezolana de NoticIas (AVN).
De allí que, a tan solo dos días de la consumación del golpe de Estado parlamentario, el canciller de Federico Franco desdeñara a los miles de ciudadanos que se agolparon en la Plaza de Armas de Asunción para reclamar la restitución del orden democrático: «100 personas, 200 personas, 800 personas, 1.000 personas, 1.500 en la Plaza no representan al pueblo», dijo José Félix Fernández.
«Este gobierno (de Lugo) surgió de una participación popular. No fue un arreglo de las cúpulas de los partidos conservadores», explicó el senador de Tekojoja.
Pereira detalla que «los actores que realmente intervinieron y prendieron la mecha» para que se realizara el golpe de Estado parlamentario, fueron los integrantes de la Unión de Gremios de Paraguay (sojeros, ganaderos, terratenientes, agroempresarios, banqueros) y la fracción conservadora de la iglesia católica.
La participación popular «conspiraba contra el clientelismo de los partidos conservadores»; la construcción de una fuerza popular y reorganización de las bases era un peligro latente para la oligarquía local.
Uno de los principales riesgos para la oligarquía conservadora era la «formalización» de la economía. Los empresarios paraguayos no pagan tributos (impuestos), «tampoco respetan la ley ambiental», dijo Pereira, tras recordar que la propuesta de un impuesto de 12% fue utilizada por las empresas comerciales de comunicación para calificar a los impulsores del tributo como «perseguidores de productores» y «enemigos del progreso».
Utilizar herramientas como el catastro nacional en un país con 10 millones de hectáreas públicas robadas también era una afrenta a los sectores que ostentan el poder. Recientemente, el presidente Lugo dijo que «Paraguay tiene 406.752 km2 y sumando todos los títulos hay 529.000 km2. Es decir, hay terrenos que tienen dos, tres y cuatro títulos» que el Poder Judicial debe sanear.
«Atajamos la privatización, vinculada a los negocios transnacionales, a los latifundistas, y emprendimos un proceso de institucionalización de la Fuerza Armada y la Policía», precisó el Senador.
Pereira definió la recuperación de la institucionalidad como «quitarle la órbita del Plan Colombia a las Fuerzas Armadas y sanear el cuadro de seguridad interna de la Policía».
Otro factor central que apareció a modo de acusación contra Fernando Lugo fue su apuesta por el proceso de integración regional. Proceso que ponía en jaque los interese de los latifundistas pues implicaba una distribución más equitativa de la tierra y la profundización de la soberanía.
A nueve meses de las elecciones presidenciales, el golpe de Estado parlamentario se impuso para «quitarle el oxígeno a los programas sociales, debilitar la base popular y favorecer el bipartidismo».
Los objetivos de la derecha paraguaya son claros: «Liquidar el proceso de integración, criminalizar la lucha social y desaparecer al movimiento de izquierda», sentenció Pereira.
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