«Estamos asistiendo a la ocupación del Paraguay. Estamos viviendo en un país ocupado», analizaban dirigentes sociales y políticos en un balance de fin de año. «Este proyecto de usurpación económica tiene su proyecto político, encabezado por el actual gobierno», continuaban reflexionando. La expansión del latifundio bajo control extranjero sobre las tierras y los territorios campesinos […]
«Estamos asistiendo a la ocupación del Paraguay. Estamos viviendo en un país ocupado», analizaban dirigentes sociales y políticos en un balance de fin de año. «Este proyecto de usurpación económica tiene su proyecto político, encabezado por el actual gobierno», continuaban reflexionando. La expansión del latifundio bajo control extranjero sobre las tierras y los territorios campesinos e indígenas con apoyo del gobierno y el Estado -a lo que se suma en la actualidad la disputa en los territorios periurbanos-, se expresa cada día con mayor fuerza. El caso Guahory vuelve a mostrar con claridad su carácter represivo, violento y antinacional, así como la dignidad y firmeza del pueblo paraguayo en la defensa del territorio y la soberanía nacional.
El 15 de setiembre del año pasado, sin orden judicial, 1.200 agentes de la policía nacional y la fiscalía -con recursos aportados por colonos brasileños (1)- desalojaron a 200 familias de la comunidad de Guahory, distrito de Tembiaporâ, departamento de Caaguazú. Las tierras de las cuales fueron desalojadas eran propiedad de los campesinos y otras en proceso de expropiación, varias de las cuales fueron tituladas de manera fraudulenta a nombre de terratenientes brasileños de la zona. Mientras el operativo de desalojo se realizaba, un colono brasileño observaba desde un helicóptero de la entidad binacional Yacyretá el operativo, cuyo préstamo agradecía personalmente al presidente Horacio Cartes en un video que el mismo grabó en el aire, lo alzó a internet y se viralizó. Agradecía asimismo a la policía nacional por el buen trabajo realizado (2).
Las familias de Guahory reocuparon las tierras luego del desalojo, e instalaron una carpa de resistencia en Asunción para visibilizar la lucha y exigir soluciones al INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra). Pese a las conversaciones iniciadas con el gobierno, y a carecer nuevamente de orden judicial, la policía nacional volvió a desalojar a las familias de sus tierras el 27 de diciembre del año pasado y el 3 de enero del corriente, con 20 heridos y 12 detenciones ilegales, entre ellas niños. Los medios de comunicación no tardaron en colocar a los campesinos de Guahory como violentos y causantes de la violencia en los desalojos -perpetrada por la policía nacional y no por los campesinos- y salir a favor de los terratenientes. Lo mismo hicieron los gremios de la producción, principalmente la Asociación Rural del Paraguay.
Los sucesos desarrollados en Guahory siguen los mismos patrones de otros casos emblemáticos de lucha por la tierra como Curuguaty y Ñacunday.
Primeramente, tierras públicas o de asentamientos campesinos son usurpadas ilegalmente por terratenientes nacionales o extranjeros: colonos brasileños, entre ellos Jair Weber, en el caso Guahory, Blas N. Riquelme, paraguayo, en el caso Curuguaty, y Tranquilo Favero, brasileño, en el caso Ñacuday. Sobre las tierras usurpadas se desarrollan operativos ilegales de desalojo campesino, montando un escenario político y mediático de criminalización de los campesinos y de defensa de la falsa propiedad privada de los terratenientes usurpadores, buscando luego negociar el traslado de los campesinos a otras tierras -como se intentó en los 3 casos- y generando un montaje jurídico para apresar a los dirigentes campesinos en casos que no accedan a desalojar sus tierras -como en el caso de juicio nulo de Curuguaty y los presos políticos del mismo.
La lucha por la tierra ha marcado y marca la historia del pueblo paraguayo desde el inicio de la colonización española hasta nuestros días. En el marco de un auge de la lucha del movimiento campesino y popular contra el latifundio a inicios de la década del 2010, las ocupaciones de tierras en y las consecuentes resistencias en Curuguaty y Ñacunday expresaron uno de los episodios de resistencia más altos en la historia contemporánea paraguaya, y un hito al ser el inicio del golpe de Estado de 2012, a partir del cual se erige el actual régimen privatista, autoritario, antinacional y represor encabezado por Horacio Cartes. El caso Curuguaty expresa con claridad el inicio del golpe de Estado sobre la masacre montada sobre la resistencia de las y los campesinos en la ocupación de las tierras de Marina Kue. La defensa de la Fiscalía y el Poder Judicial de las tierras usurpadas ilegalmente por la empresa Campos Morombí, así como el juicio nulo montado contra las y los campesinos presos políticos, son claras expresiones de la estructura semi feudal y la superestructura del sistema latifundista que se erige sobre la misma, donde la burguesía y el imperialismo crean y recrean mecanismos para intentar mantener su dominación sobre la base de la violencia, la expulsión del campesinado y los pueblos originarios de sus tierras, la depredación de los recursos naturales y la explotación de la mano de obra para su lucro. El caso Ñacunday deja ver las contradicciones de la dominación extranjera en Paraguay, sustentado sobre la base del latifundio, donde el imperialismo norteamericano y su aliado -en este caso- el subimperialismo brasileño, preocupados por el auge de la lucha campesina contra el latifundio -en gran parte sin título y en situación jurídica irregular-, impulsaron junto a la burguesía paraguaya el golpe de Estado del 2012, buscando frenar el auge de la lucha del movimiento popular por la tierra y la soberanía.
A estos casos se suma hoy el caso Guahory, que expresa, en la consumación del golpe de Estado del 2012, uno de sus objetivos principales, que es el mantenimiento de las tierras usurpadas en poder de los terratenientes extranjeros, principalmente brasileños, y el intento de expandir la frontera agrícola de forma impune sobre territorios de propiedad campesina e indígena.
Sin embargo, estos tres casos, a la par de mostrar con claridad el sistema latifundista que se erige sobre la concentración de la tierra y se alía nacional e internacionalmente en función a mantener sus intereses, expresa asimismo el otro lado de ese decadente sistema latifundista, que es la voz y la fuerza de quienes construyen el presente y son el futuro: la voz de las y los campesinos en lucha, de las y los trabajadores del campo y la ciudad, que unidos en pos de un desarrollo real que supere el latifundio y las trabas del atraso en el país, conquistarán el Paraguay libre, independiente y soberano que el pueblo paraguayo y latinoamericano necesita.
El latifundio semifeudal
La lucha por la tierra en Paraguay se remonta a la misma resistencia de los pueblos originarios contra los invasores colonizadores hace más de 500 años. La usurpación de las tierras realizada por los colonos consolidó una estructura semi-feudal latifundista, sobre la cual se sustentó el proyecto colonial de extracción de recursos naturales y exportación de materia prima al centro.
El régimen patriótico del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia (1811-1840), instalado tras la independencia nacional en 1811, recuperó la mayor parte del territorio nacional. Aproximadamente 80% de la tierra se volvió propiedad del Estado, dada en arrendamiento a los campesinos para que la trabajen.
Sin embargo, representando este régimen de desarrollo autónomo una amenaza a los intereses del incipiente capitalismo mundial de libre competencia, la guerra imperialista de la Triple Alianza (1865-1870) -financiada por Inglaterra y protagonizada por Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay-, destruyó el proyecto de desarrollo impulsado por el gobierno francista y sus sucesores los López (1840-1870), instaló una ocupación militar brasilero-argentina por 7 años en el país, redujo a 1/3 la población paraguaya e inauguró la fase de recolonización del Paraguay.
Tras esta Guerra Grande, se reconstruyó la estructura latifundista a través de las leyes de 1883 y 1885 de venta de las tierras públicas, sancionadas por el gobierno antinacional de Bernardino Caballero(3), y menos de dos docenas de monopolios extranjeros controlaron un cuarto del territorio nacional, siendo los principales los anglo-argentinos Carlos Casado S.A. y La Industrial Paraguaya S.A., y la brasileña Mate Laranjeira, que controló un sector yerbatero en el departamento de Concepción (4). La estructura latifundista semi feudal se reorganizó y se constituyeron los principales partidos latifundistas que mantienen la hegemonía hasta hoy, resguardando dicha estructura -la Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado, y el Partido Liberal, actual Partido Liberal Radical Auténtico.
Actualmente, el 2,6% de las explotaciones concentra el 85,5% de la tierra en el país (5), y -por lo menos- un 19,4% del territorio se encuentra en manos extranjeras (6), principalmente de capitales brasileros -11,78%.
Esta estructura latifundista semi feudal es la base del actual proyecto de dominación en el país, y una de las principales bases de la alianza de clases, tanto entre la burguesía y los terratenientes, como entre capitales nacionales y extranjeros que se sustentan sobre el latifundio, como ser los capitales vinculados a la ganadería, el monocultivo extensivo, la comercialización de insumos para la ganadería y el monocultivo, el capital financiero que trabaja sobre la especulación del agro, la industrialización de la materia prima proveniente del monocultivo extensivo como los aceites y biocombustibles, entre otros.
La misma frena el desarrollo nacional, manteniendo al Paraguay subordinado al proyecto imperialista regional y mundial, como proveedor de tierra, energía, recursos naturales y mano de obra barata.
La expansión del control de la tierra
Una de las bases de esta estructura latifundista es la usurpación de las tierras mal habidas, tierras adjudicadas a sujetos no beneficiarios de la reforma agraria, cercanos a la cúpula de poder, tanto en el periodo dictatorial -1954 a 1989- como en la transición democrática desde 1989 hasta nuestros días.
Estas tierras, correspondientes al 20% del territorio nacional (5), tocan la contradicción del latifundio y la impunidad que sostiene esta estructura semi-feudal, donde se expresa con claridad el sistema latifundista: los mismos usurpadores de tierras son quienes controlan el poder político, las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación, manteniendo así bajo su control el latifundio y las tierras robadas.
Datos de los últimos Censos Agrícolas demuestran que este avance del latifundio ya no se da solamente sobre tierras fiscales sino, al ir agotándose éstas, avanza sobre asentamientos campesinos e indígenas (7). Actualmente con el avance de los intentos de desalojo de poblaciones urbanas, como el caso de los asentamientos de la capital conocidos como los Bañados, se incorpora a esta lógica de expansión del latifundio también el desalojo de asentamientos urbanos, para la inversión del excedente del agronegocio en el negocio y la especulación inmobiliaria.
Solamente en el periodo entre el Censo Agrícola de 1991 y el del 2008, la superficie cultivada o de uso ganadero aumentó 30%, y la frontera agrícola se expandió duplicando la superficie de explotación en 102,5%, desaparecieron 17.572 fincas (5,7% del total), con mayor rapidez las menores de 1 ha (18,9% en superficie y 29,1% en cantidad sobre el total); y las de 20 a menos de 50 ha (27,7 y 27,5% en superficie y número respectivamente). La cantidad de productores individuales decreció en 25.481 (8,4%) (8).
Estos datos explican en gran medida no solamente el aferro de la burguesía y el imperialismo a las tierras fiscales usurpadas, sino asimismo la avanzada de desalojos masivos a asentamientos campesinos e indígenas ya consolidados, como se ve con fuerza en los meses posteriores a la consumación del golpe de Estado del 2012 y en la actualidad, donde se incluyen por primera vez desalojos de mano de civiles armados pagados por latifundistas, como el caso la comunidad indígena Y´apo y el asentamiento campesino Naranjito, ambos en el departamento de Canindeyú en el año 2014, a los cuales se suman los desalojos de Guahory, realizado por policías con financiación de los colonos brasileños.
El 15 de junio del 2014 civiles armados pagados por un colono brasileño ingresaron a tierras ancestrales de la comunidad indígena Y´apo, en Canindeyú, asesinando a un dirigente e hiriendo a varios otros, intentando llevar adelante un desalojo ilegal. Las tierras de la comunidad indígena colindan con una extensa plantación de soja de un colono brasileño, quien viene presionando a la comunidad para que le venda sus tierras. Ante la negativa de la comunidad, el colono pagó a civiles para que realicen el intento de desalojo armado.
Lo mismo sucedió en el asentamiento 1º de marzo, de la colonia Naranjito en el departamento de Canindeyú, donde el 12 de junio del 2014, civiles armados desarrollaron un desalojo ilegal, hiriendo a un dirigente de la zona y quemando casas de la comunidad. El asentamiento se encuentra en proceso de recuperación de dichas tierras, que son tierras malhabidas usurpadas por un terrateniente paraguayo desde la dictadura stronista, y actualmente en proceso de expropiación.
Tanto la comunidad indígena de Y´apo como el asentamiento 1º de marzo de Naranjito continúan ocupando sus tierras y luchando por las mismas, al igual que Guahory, Curuguaty y Ñacunday. En la siguiente entrega entraremos a analizar cada uno de estos casos emblemáticos, y el patrón de comportamiento de la burguesía terrateniente y el imperialismo en el intento de avanzar en la expansión del latifundio en territorio nacional.
Notas:
(1) ÚLTIMA HORA (9 de octubre de 2016). «Colono admite que «dan regalos» a policías en Guahory». Accesible en: http://www.ultimahora.com/colo
(2) ABC DIGITAL (19 de setiembre de 2016). «Colono acompaña procedimiento de desalojo en Guahory». Accesible en: https://www.youtube.com/watch?
(3) CREYDT, Oscar. Formación Histórica de la Nación Paraguaya. Pensamiento y vida del autor, tercera edición revisada y ampliada. Asunción: Servilibro, 2007.
(4) PASTORE, Carlos. La lucha por la tierra en el Paraguay. Tercera edición corregida, Asunción: Intercontinental Editora, 2008.
(5) COMISIÓN VERDAD Y JUSTICIA PARAGUAY(CVJ). Tierras Mal Habidas. Informe Final, Anive haguâ oiko. Asunción: Comisión Verdad y Justicia Paraguay – CVJ, 2008.
(6) GLAUSER, Marcos. Extranjerización del territorio paraguayo. Asunción: Base IS, 2009.
(7) PALAU et al. Los refugiados del modelo agroexportador. Impactos del monocultivo de soja en las comunidades campesinas paraguayas. Asunción: Base Investigaciones Sociales, 2007.
(8) PNUD Paraguay. Sector rural paraguayo: una visión general para un diálogo, en Cuader¬nos de Desarrollo Humano, n. 7, Número especial, Asunción: PNUD Paraguay, diciembre 2010.
Cecilia Vuyk. Politólga, docente, investigadora del centro Cultura y Participación para el cambio social y militante del Movimiento 15 de junio de Paraguay.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.