El año pasado hubo 122 ataques en contra de defensores de derechos humanos, de estos 12 fueron allanamientos y 15 fueron asesinatos. Alrededor del 40% de estos ataques tienen un origen en la confrontación con un poder local. El resto tiene los patrones propios de operaciones de inteligencia de aparatos militares. Este patrón es similar […]
El año pasado hubo 122 ataques en contra de defensores de derechos humanos, de estos 12 fueron allanamientos y 15 fueron asesinatos. Alrededor del 40% de estos ataques tienen un origen en la confrontación con un poder local. El resto tiene los patrones propios de operaciones de inteligencia de aparatos militares.
Este patrón es similar al ocurrido entre el 2000 y el 2003 donde se contabilizaron 387 ataques, de los cuáles 119 tenían indicios de participación de aparatos clandestinos de seguridad. Durante el gobierno de Alfonso Portillo se contabilizaron 68 allanamientos en cuatro años (un promedio de 17 ataques al año).
La cosa se agrava este año, hasta el 12 de mayo estábamos contabilizando 65 ataques, de los cuáles 15 son allanamientos.
De estos allanamientos, 8 se dieron entre el sábado 7 y el jueves 12 de mayo. El 6 de mayo un intento de secuestro a Francisco Sánchez, miembro de la agrupación Hijos para la Identidad y Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), hecho efectuado por dos hombres armados que se conducían en un taxi. Por la noche del sábado 7, allanamiento en la oficina de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesina (CNOC). Entre el 8 y 9, allanamientos en contra de la sede del Movimiento Nacional de Derechos Humanos en Santa Rosa y allanamiento a la sede de la Federación de Iglesias Luterana en Petén.
El 10 y 11, intentos de allanamiento a la Central de Unión de Sindicatos de Guatemala (CUSG), Instituto Penal de Ciencias Comparadas (ICCPG) y Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG. El 11, allanamiento de una vivienda particular de un miembro de Mesa Global y la Coordinación de ONGs y Cooperativas (CONGECOP) y de la coordinadora de Acompañamiento de Austria. Mientras que el 11 y 12 fue allanada la oficina de HIJOS por segunda vez en una semana. Aún siguen siendo objeto de amenazas, intimidaciones y persecución este recién fin de semana.
La escalada de los allanamientos llama a la reflexión y acción por parte de la comunidad nacional e internacional. El patrón de ataques que hoy vemos no se ha visto antes. Si bien es cierto, durante los cinco años anteriores ha habido momentos de picos de ataques, el patrón ha sido que organizaciones similares empiezan a recibir distinto tipo de ataques.
En el caso de organizaciones como CNOC e HIJOS, los objetivos son conocer su estado contable y poder detectar sus debilidades. Los ataques a ambas organizaciones se vinculan al MICSP (Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular, que se ha opuesto a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos TLC y a la Ley de Concesiones. Interesantemente, ambas tienen protagonismo en las manifestaciones. La CNOC por ser la sede operativa del MICSP e HIJOS., por ser activos y estar en la primera fila de las manifestaciones. Esto es muy parecido a los 6 allanamientos en contra de organizaciones indígenas y afines al movimiento indígenas ocurridas en febrero, como efecto posterior a las protestas en Sololá contra la minería de metales. El caso de HIJOS, empieza a preocupar ya que se parece al patrón sufrido por CEIBAS entre el 2000 y el 2001, que llevó a la desaparición de la organización.
Los allanamientos son comunes, los supuestos ladrones, coincide sólo que se llevaron los discos duros de las computadoras, aunque en el lugar se encontraba otro tipo de equipo electrónico y dinero en efectivo.
Para el Grupo de Apoyo Mutuo -GAM- es preocupante este tipo de acciones por parte de grupos paralelos que buscan entorpecer los trabajos de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, por lo que pedimos y exigimos al gobierno y a las autoridades que garantice la seguridad de las instituciones y el personal que laboran en ella.