Puerto Príncipe.-Muchos parlamentarios haitianos vienen manifestando una gran insatisfacción ante la «impotencia» e incluso la «incapacidad» del actual gobierno de la república caribeña para combatir la carestía de la vida, la miseria y el desempleo que afectan al pueblo. La Cámara de Diputados ha decidido interpelar, el próximo 28 de febrero, al primer ministro haitiano […]
Puerto Príncipe.-Muchos parlamentarios haitianos vienen manifestando una gran insatisfacción ante la «impotencia» e incluso la «incapacidad» del actual gobierno de la república caribeña para combatir la carestía de la vida, la miseria y el desempleo que afectan al pueblo.
La Cámara de Diputados ha decidido interpelar, el próximo 28 de febrero, al primer ministro haitiano Jacques Édouard Alexis para que rinda cuenta de las acciones de su gobierno destinadas a atacar los problemas socioeconómicos del país. Dicha interpelación puede, de acuerdo con la Constitución haitiana vigente de 1987, desembocar en la revocación del actual primer ministro en caso de que los diputados den un voto de no confianza.
¿De la esperanza a la desesperación?
En sus diferentes intervenciones públicas realizadas a comienzos de este año 2008, el actual presidente haitiano René Garcia Préval y su primer ministro Jacques Édouard Alexis no han dejado de afirmar que no prometen «soluciones milagrosas» a los problemas que enfrenta Haití.
El alto costo de la vida, el desempleo, la miseria, la ausencia de servicios sociales e infraestructuras básicos para la mayoría de la población haitiana: ¡son tantos problemas socioeconómicos que exigen una solución urgente!
El jefe de Estado haitiano no se caracteriza por hacer promesas, aun desde la época de su campaña electoral. Sin embargo, se presentó bajo la bandera de la «esperanza», a la vez nombre de su partido político y palabra mágica de su campaña; esperanza que él encarnó para la mayoría de la población que había vivido un periodo de inestabilidad política, de terror y de explosión social bajo el régimen de Jean-Bertrand Aristide (7 de febrero de 2001- 29 de febrero de 2004) y en el transcurso del gobierno provisional del presidente Boniface Alexandre y del primer ministro Gérard Latortue (marzo de 2004- 9 de junio de 2006).
Tomando en cuenta el balance nada convincente del gobierno para el año 2007, se puede preguntar si esta esperanza no se está convirtiendo poco a poco en desesperación.
Un balance gubernamental nada convincente
Es cierto que el gobierno puede vanagloriarse de haber estabilizado los indicadores macroeconómicos del país en 2007: el Producto Interno Bruto -PIB- creció de 2,7 % en 2006 a 3,7 % en 2007; la inflación se redujo considerablemente del 46 % al 8.5% aproximadamente hasta mitad de mayo del 2007; la tasa de cambio del dólar americano se estabilizó frente a la moneda nacional y las inversiones aumentaron en un 3,1 %.
Sin embargo, esta estabilización de los indicadores macroeconómicos no se ha reflejado en el nivel, la calidad de vida y el bienestar de la población. Los precios de los productos básicos y de primera necesidad subieron vertiginosamente del 20 al 50 % al final del año 2007, según la agencia de información haitiana AlterPresse.
¿Qué pasó con la producción nacional cuyo crecimiento podría contribuir a alimentar a la población haitiana o a una buena parte de ella? En lugar de beneficiarse de subvenciones del Estado, el sector agrícola se encuentra asfixiado por los productos de países extranjeros mucho más competitivos que, por medio de los acuerdos de libre comercio, invaden el mercado local sin ninguna restricción arancelaria.
Algunos de esos acuerdos, como la Ley Hope (Hemispheric Opportunity Trought Patnership Encouragement Act) que fue votada por el Parlamento americano en diciembre de 2006, prometieron la creación de empleos en Haití. El pueblo espera aún los 100 000 empleos prometidos o al menos los 20 000 previstos para los primeros meses del 2007 en el marco de dicha ley estadounidense.
Al contrario, el proceso de «modernización» de las empresas públicas anunciado por el actual gobierno el 23 de junio de 2007 alargó la lista de desempleados al causar la revocación de más de mil empleados de la Compañía nacional haitiana de telecomunicaciones (TELECO) considerados como «sobrantes».
Como consecuencias de la miseria, del desempleo, de la carestía de la vida y de la desesperación que brota de esta situación, muchos campesinos haitianos abandonan cada vez más sus tierras para dirigirse hacia los suburbios de las grandes ciudades o para emigrar clandestinamente hacia el país vecino, la República Dominicana, o hacia las otras islas del Caribe como las Islas Turcos y Caicos, Bahamas, Jamaica, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos de América, arriesgándose a la deportación e incluso poniendo en peligro sus propias vidas en el cruce de la frontera o en la travesía marítima.
Pasan los días, y el gobierno ya finalizó su Documento de Estrategia para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (en francés, Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté -DSCRP-), dispositivo fundamental que le habían exigido el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros financiadores como condición para los préstamos concesionarios, el aligeramiento de la deuda y el financiamiento de algunos programas en el marco de la cooperación internacional. Pero, a pesar de haber ya entregado el documento a dichos organismos y otros financiadores internacionales, la actual administración no ha recibido aún gran parte de los fondos que éstos le habían prometido.
Mientras tanto, la miseria continúa golpeando a las familias pobres y de la clase media que está a punto de desaparecer. Una comisión presidencial fue creada a finales de diciembre de 2007 para reflexionar sobre el problema de la carestía de la vida. El pueblo sigue esperando.
Por otro lado, en el 2007 la actual administración haitiana logró mejorar el clima de seguridad en el país. Este logro se debió tanto a la determinación del presidente Préval de neutralizar a los bandidos y secuestradores ubicados en los barrios populares llamados «zonas de no derecho», como a la labor eficaz de las fuerzas del orden nacionales e internacionales y a las disposiciones tomadas por el poder judicial para juzgar y castigar a los bandidos.
Sin embargo, hacia finales del mismo año, hubo un recrudecimiento de la inseguridad en Puerto Príncipe, la capital haitiana, que cobró víctimas particularmente en la población infantil. Más de una decena de niños fueron secuestrados y otros vilmente asesinados, como fue el caso de Schneider Hervil de 7 años que fue ejecutado por sus secuestradores en Cabaret, a unos 30 kilómetros de la capital, porque sus padres no pudieron pagar el rescate exigido por ellos.
¿Hasta cuando el país dispondrá de una fuerza pública nacional encargada de velar por la seguridad de las vidas y de los bienes de la población? El clima de inseguridad reaparece por momentos porque las bandas armadas tienden perpetuamente a reconstituirse. Y esos momentos de inseguridad bastan para sembrar terror y duelo en las familias y en toda la población haitiana.
¿No se debería más bien aplicar el sabio consejo «más vale prevenir que curar» creando una fuerza pública nacional? Entonces, la pregunta central vuelve: ¿hay que re-movilizar las antiguas Fuerzas Armadas de Haití, desmovilizadas en 1994, o reforzar la Policía Nacional o crear una Gendarmería nacional?
Una comisión formada por 5 expertos fue instalada por el actual gobierno desde el 9 de octubre de 2007 para reflexionar sobre la cuestión de la creación de una fuerza pública nacional. Las ciudadanas y los ciudadanos siguen esperando. El pueblo a la espera
La actual administración está al borde de la desesperación porque no se han desembolsado aún gran parte de los fondos prometidos por los financiadores internacionales, fondos que podrían ayudar a solucionar los problemas más urgentes del país.
Por su parte, los representantes del poder legislativo libran entre sí un debate intenso sobre si hay que revocar o no al primer ministro.
Mientras tanto, el pueblo haitiano sigue a la espera, aquejados por problemas socioeconómicos apremiantes tales como la carestía de la vida, el desempleo, la miseria, el analfabetismo, la ausencia de servicios sociales e infraestructuras básicos…