Una mujer nativa vestida de negro grita entre sollozos apenas nos ve llegar: «mi hijo, mi hijo, me lo han matado». Es Andrea Rocca Vishu, la madre de Felipe Sabio, un joven que murió en los enfrentamientos con policías en la protesta indígena de la norteña región peruana de Amazonas.
Mujeres, hombres y niños de la comunidad de wawas estaban reunidos en la puerta de la familia Sabio cuando llegó IPS este sábado junto a otros periodistas.
Hay consternación y temor por la muerte de Felipe, a quien consideraban como uno de los pocos hombres ilustrados de esta comunidad ubicada a cuatro horas de viaje de la ciudad de Bagua, cabecera de la provincia de igual nombre en la Amazonia.
«Él era un defensor de las comunidades, ha puesto el pecho por defender nuestros territorios», dice Germán Llagkuag, tío del nativo fallecido, quien exige a los periodistas que se conozca la versión de los indígenas a quienes el gobierno nacional de Alan García acusa de violentos por el cruento desenlace de la huelga que comenzaron hace dos meses.
Los indígenas protestan contra la promulgación de decretos legislativos para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que promueven la inversión privada en sus territorios y abre la posibilidad a proyectos de explotación de recursos naturales y otras actividades económicas que generan temor entre la población amazónica.
Debido al derramamiento de sangre de policías e indígenas, el Congreso legislativo suspendió el miércoles la aplicación de dos de los decretos cuestionados por los nativos y calificados por expertos de inconstitucionales. Pero los indígenas insisten en que se deroguen.
García dijo el viernes que lo sucedido en Bagua fue un «genocidio de policías por parte de elementos extremistas que quieren entregarnos a modelos extranjeros de desarrollo». Se refirió así a la muerte de 24 uniformados el 5 de este mes en los enfrentamientos con los nativos en la Estación Número 6 del Oleoducto Norperuano de Petroperú y en la denominada Curva del Diablo en la carretera Fernando Belaunde Terry.
En respuesta y al sentirse aludido, el presidente de Bolivia, el indígena Evo Morales, calificó al día siguiente lo ocurrido en la Amazonía como «el genocidio del TLC».
La Defensoría del Pueblo de Perú asegura que murieron cinco indígenas, pero los participantes en las protestas aseguran que fueron muchos más, por lo cual se continúa con la búsqueda de los cuerpos y los comités de más de 300 comunidades de la zona elaboran un registro de las personas que aún no retornan a sus lugares de residencia.
Salomón Aguanash, presidente del comité de lucha regional por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y quien lideró las acciones en la Curva del Diablo, identificó ante IPS a otro nativo muerto en la lista de víctimas elaborada por la Defensoría. Se trata de Jesús Carlos Timias de la comunidad de Uracuza, con lo cual la cifra fatal ascendería a seis por lo menos en la cuenta oficial. A ellos se suma el fallecimiento de cinco mestizos.
En total, hay un saldo de más de 30 muertos, unos 50 nativos detenidos hasta el viernes según organizaciones de derechos humanos, y 85 indígenas que no han vuelto a las comunidades de Santiago, Nieva y Cenepa, aseguró Aguanash.
ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
«Mi esposo no era cualquier hombre, era inteligente y preparado. Solucionaba los problemas de la gente aquí, y si él fue a la lucha era porque Alan García nos quería quitar nuestras tierras con una ley para dárselas a los empresarios. Él es el culpable», dice a IPS Violeta Pitug Wanpush, de 27 años, tendida sobre una cama pues hace sólo un día que dio a luz.
Pitug Wanpush es la viuda de Felipe Sabio y esta semana ha tenido que enfrentarse a la vida y a la muerte.
El día 6 vio el cuerpo de su esposo muerto, que fue traído desde la ciudad de Bagua con una herida de bala en el lado izquierdo del pecho y cinco días después nació su hija. Tiene otros tres hijos pequeños.
«Mis hijos lloran todo el día y preguntan ¿dónde está mi papá? Cómo los voy a cuidar ahora sin mi esposo. Con ese pensamiento, con ese sufrimiento estoy aquí», señalaba entre sollozos con su beba en brazos y rodeada de sus otros tres hijos que tienen entre dos y cuatro años.
Felipe Sabio César, a quien la Defensoría registró equivocadamente su segundo apellido como Sánchez, trabajó como corresponsal en una radio local y comunicaba a las comunidades el avance de la lucha indígena en coordinación con la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (Orpian).
Murió en las inmediaciones de la plaza de armas de Bagua el día 5, cuando la policía intentaba disuadir a los pobladores que reclamaban airadamente por la muerte de los nativos que se habían registrad pocas horas antes en la carretera Fernando Belaunde Terry y en las quebradas aledañas.
«ESTÁBAMOS A PUNTO DE VOLVER»
El dirigente Aguanash narró a IPS que 15 días antes del trágico viernes 5, unos 2.600 nativos de las cinco comunidades de la provincia de Concorcanqui se trasladaron a la Curva del Diablo. A ellos se sumaron 140 de la provincia de San Ignacio, de la región Cajamarca, y un millar de Paután, del distrito de Nieva en Amazonas.
Entre los manifestantes en la carretera estaba David Jausito Mashigkash, de 19 años, de la comunidad de La Curva, quien fue el primero que murió en los enfrentamientos en la Curva del Diablo, según Aguanash.
«La policía empezó a disparar primero desde los helicópteros y luego llegaron dos tanquetas por la carretera. Todo era bala y cayeron varios hermanos, pero él, David, fue el primero», aseguró a IPS el dirigente indígena.
La madre de David nos mira en silencio, no quiere hablar. Su padre, Moisés Jausito Lucinda, habla, pero poco. «Se fue para ver cómo era la lucha, no pensamos que lo iban a matar», dijo mientras nos enseñaba una foto en la que su hijo aparece vestido de enfermero.
David Jausito vivió en Chiclayo desde los 11 años y en febrero llegó a Bagua para estudiar técnica de enfermería en un instituto tecnológico de la zona. Su cadáver llegó a la comunidad el miércoles y fue enterrado a pocos metros de su casa.
La tumba de Jausito Mashigkash representa la humildad de esta comunidad amazónica: su cuerpo yace bajo un pedazo de terreno protegido por una calamina, una cruz de madera pintada de blanco y flores alrededor.
«Cuando uno muere en la comunidad, afecta a todos», aseguró el primo del fallecido awajun, Lucio Rocca Autukai, quien contó que la mayoría de los pobladores de La Curva participaron en el entierro en solidaridad con el reclamo indígena.
Rocca Autukai estuvo junto a su primo en los enfrentamientos en La Curva. «Los disparos fueron de frente, al cuerpo. La policía nos ganó, porque nosotros ya íbamos a retirarnos ese día antes de las 10 de la mañana, ese era el acuerdo. Estábamos a punto de volver», aseguró a IPS.
Aguanash avaló esa versión, que también fue narrada a IPS por otros nativos que participaron en las protestas.
Comentarios periodísticas sostienen que en la Estación Nº 6 de Petro Perú, los policías habrían suscrito un acuerdo de no agresión con los indígenas. En ese lugar, a cuatro horas de Bagua, los nativos habrían degollaron a los efectivos el día 5, según la información oficial.
«Los hermanos policías al igual que nosotros no tenían la culpa. Esto se ha producido por la orden del gobierno», aseguró el líder aguajun, quien además pidió a Lima que cese las denuncias contra los nativos que encabezaron las protestas.
Cinco dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía, entre ellos su líder, Alberto Pizango Chota, fueron acusados por la fiscal Silvia Sack Ramos del delito contra la «tranquilidad pública en agravio al Estado, en la modalidad de apología de la sedición y motín».
Según Sack, los dirigentes podrían ser condenados hasta seis años de prisión.
El conflicto sigue latente, mientras el ejército vigila las comunidades de Bagua y continúa el toque de queda.