La comunidad indígena Sawhoyamaxa de Paraguay está a un paso de recuperar las tierras de donde fue expulsada hace 23 años por un empresario alemán, después de que el Congreso haya aprobado expropiar 14.404 hectáreas de terreno para devolverselas, como sentenció una corte internacional en 2006. «Por fin se hizo justicia», ha dicho a Efe […]
La comunidad indígena Sawhoyamaxa de Paraguay está a un paso de recuperar las tierras de donde fue expulsada hace 23 años por un empresario alemán, después de que el Congreso haya aprobado expropiar 14.404 hectáreas de terreno para devolverselas, como sentenció una corte internacional en 2006.
«Por fin se hizo justicia», ha dicho a Efe Leonardo González, vicelíder del grupo, que pertenece a la etnia Enxet Sur, originaria del Chaco.
La Cámara de Diputados paraguaya ha aprobado casi por unanimidad el proyecto de ley para expropiar la tierra en favor de los Sawhoyamaxa, después de que el Senado hiciera lo mismo el mes pasado. El voto ha sido por mano alzada y el Congreso aún no ha divulgado el resultado oficial.
Tras la ratificación en la Cámara Baja, la propuesta legislativa se traslada al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, que puede suscribirla o vetarla.
«Ahora solo le pedimos al presidente Cartes que promulgue la ley para que podamos volver a sentirnos en casa», ha manifestado emocionado González mientras abrazaba a su hijo y a otros miembros de la comunidad, tras seguir la sesión en el Congreso en Asunción.
Es la primera vez que el Estado paraguayo pretende restituir las tierras de una comunidad indígena a través de una expropiación, según la ONG Tierraviva, que ha apoyado a los Sawhoyamaxa durante el proceso.
«Tenemos que dejar de ser prófugos de la justicia», ha exclamado la diputada independiente Olga Ferreira durante el corto pero intenso debate en la Cámara, donde ha defendido el proyecto a capa y espada, al igual que el resto de los legisladores que han tomado la palabra.
Incluso el diputado del gobernante Partido Colorado Bernardo Villalba, que ha pedido sin éxito demorar 30 días el proyecto, con el argumento de que el Estado no tiene previsto en su presupuesto el pago por esas tierras, se ha mostrado a favor de la ley durante su intervención.
En 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció que antes de tres años el Estado paraguayo debía restituir el terreno, en manos de Heribert Roedel, condenado en su país en la década de 1980 por estafar a inversores alemanes con un esquema de venta fraudulenta de tierras en Paraguay.
Los Sawhoyamaxa, que pertenecen al pueblo Enxet Sur, viven hasta ahora en precarias condiciones al lado de una carretera regional, donde montaron sus sencillas casas de madera a la espera de que se resolviera su caso.
Represalias
Según Tierraviva, los miembros de la comunidad han sufrido represalias, persecuciones y vejaciones por parte del propietario, que nunca quiso ceder el terreno al Estado a pesar de los reiterados intentos de negociación realizados hasta la fecha.
Paraguay es el único país en toda la región que tiene en su contra tres sentencias incumplidas de la CorteIDH en materia territorial indígena, según Tierraviva.
«Es lamentable que tengan que venir de afuera a decirnos qué hacer con los derechos de nuestros pueblos hermanos. Esto debe avergonzarnos», ha declarado Ferreira, quien ha criticado a los congresistas que «ya tuvieron la oportunidad de solucionar este problema» en el pasado y no lo hicieron.
Para Walter Harms, líder de una de las bancadas en las que está dividido el Partido Colorado en la Cámara Baja, esta ley «resuelve una deuda histórica del Estado».
«Los derechos indígenas deben dejar de ser un caballito de batalla electoral. No podemos seguir incumpliendo un derecho humano», ha añadido.
Algunos de los nativos, llegados desde las cercanías del municipio de Pozo Colorado, situado a unos 270 kilómetros al noroeste de Asunción, en plena región del agreste y extenso Chaco, han asistido al debate de los legisladores desde la sala de visitas del Congreso.
Otro grupo de casi dos centenares esperaba frente al edificio del Legislativo junto con miembros de la ONG Amnistía Internacional, que se reunieron con los congresistas para convencerles de que apoyaran la expropiación.