A la cabeza de una marcha de protesta contra el presidente de Haití la pasada semana, un manifestante llevaba una gran cruz de madera con las banderas de Canadá, Francia y Estados Unidos, las tres naciones que los manifestantes identifican como puntales del apoyo al régimen del Presidente Jovenel Moise, en reconocimiento por su papel […]
A la cabeza de una marcha de protesta contra el presidente de Haití la pasada semana, un manifestante llevaba una gran cruz de madera con las banderas de Canadá, Francia y Estados Unidos, las tres naciones que los manifestantes identifican como puntales del apoyo al régimen del Presidente Jovenel Moise, en reconocimiento por su papel en el golpe de 2004.
Casi totalmente ignorada por los medios convencionales de prensa, la población haitiana critica constantemente al gobierno de Canadá por este posicionamiento tan poco objetivo en torno a la realidad política de su país. En repetidas ocasiones, desde que el gobierno de Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en 2004, los manifestantes han portado carteles con reproches a la política canadiense o se han congregado frente a la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe. Los periódicos Haiti Progrès y Haiti Liberté de la nación caribeña describen a Canadá como «fuerza de ocupación», una «partidaria del golpe» o simplemente como nación «imperialista».
Durante meses de protestas populares, Canadá se sigue mostrando hostil a los manifestantes, que representan a la mayoría de una población empobrecida. Recientemente una investigación del Tribunal Superior de Cuentas de Haití sobre corrupción y disputas administrativas ha reavivado el movimiento popular que lucha por el derrocamiento de su presidente «apoyado por Canadá».
En el año que cursa ha habido numerosas protestas -incluso una huelga general de una semana, en febrero- exigiendo rendición de cuentas de funcionario públicos. Se alega que la razón principal por la que Moise se mantiene en el poder es porque tiene el apoyo que del «Grupo Central de Amigos de Haití» (Core Group of Friends of Haiti), compuesto por los embajadores de Canadá, EEUU, Francia, Brasil, y Alemania, así como por representantes de España, la Unión Europea y la desprestigiada OEA.
El «Core Group» había emitido una breve declaración de apoyo a Moise en la que pedía «un amplio debate nacional, sin condiciones previas», que era la posición que funcionarios canadienses habían expresado reiteradamente en semanas recientes. La oposición había rechazado tal negociación con Moise argumentando que ello equivaldría a abandonar las protestas para negociar con un presidente corrupto e ilegítimo que pocos haitianos respaldaban.
Otra indicación de la orientación política del Core group, ha sido su declaración del 30 de mayo que «condenaba los actos de degradación cometidos contra el Senado», refiriéndose a que, temprano ese día, un grupo de senadores de la oposición sacaron algunos muebles y los colocaron en el césped del Parlamento con el propósito de bloquear la ratificación del primer ministro interino.
El embajador de Canadá, André Frenette, por su parte, tuiteó que «Canadá condena los actos de vandalismo en el Senado… porque van en contra de los principios democráticos».
Pero se hizo notar que Frenette y el Core Group no habían tuiteado ni publicado declaración alguna contra el reciente asesinato del periodista Pétion Rospide, quien había estado informando sobre la corrupción y la violencia policial. Tampoco se refirieron al resultado de la comisión que declaró al Presidente Moise responsable del robo de fondos públicos así como tampoco al reciente informe de la ONU que confirmaba la participación del gobierno del país en una terrible masacre que tuvo lugar en el barrio La Saline de Puerto Príncipe a mediados de noviembre.
Las recientes declaraciones de gobierno de Canadá y del «Core Grup» ignoran completamente los argumentos sobre la ilegitimidad electoral de Moise y minimizan la magnitud de la corrupción y de la violencia contra los manifestantes.
Peor aún, se argumenta que funcionarios canadienses promovían y muchas veces aplaudían a las fuerzas policiales responsables de muchos abusos. Para deleite de la élite clasista más concientizada del país, Ottawa había tomado la delantera en el fortalecimiento del brazo represivo del Estado haitiano luego de la expulsión del expresidente Aristide.
Un oficial de la RPMC dirige el componente policial de la Misión de las Naciones Unidas para la Justicia en Haití (MINUJUSTH), integrado por 1.200 personas.
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