La Declaración de Panamá, aprobada y rubricada el pasado viernes 30 de julio por los jefes de Estado, Gobierno, o sus representantes de alto nivel en la IV Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), reafirma el firme compromiso con el multilateralismo y los principios fundamentales del Derecho Internacional, y reconoce que para […]
La Declaración de Panamá, aprobada y rubricada el pasado viernes 30 de julio por los jefes de Estado, Gobierno, o sus representantes de alto nivel en la IV Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), reafirma el firme compromiso con el multilateralismo y los principios fundamentales del Derecho Internacional, y reconoce que para avanzar hacia el logro de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo sostenible y el progreso social, es necesario fortalecer eficazmente el sistema multilateral, con la Organización de Naciones Unidas como centro.
Al respecto se reitera la disposición de contribuir al logro de una reforma integral de Naciones Unidas, que fortalezca la autoridad de la Asamblea General como máximo órgano deliberativo y representativo del Sistema.
Se subraya la importancia de que los países en desarrollo tengan mayor representación en un Consejo de Seguridad que requiere ser democratizado.
Se reafirma el compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular, la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados y el respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos.
La Declaración de Panamá contiene un párrafo que señala textualmente: «Reiteramos el respeto a los principios de soberanía, integridad territorial y de no-intervención, así como del derecho de cada pueblo a construir en paz, estabilidad y justicia su propio sistema político. En ese sentido, recordamos la Declaración de Margarita, la cual rechazó todo tipo de medidas económicas coercitivas unilaterales aplicadas por un Estado, y la aplicación extraterritorial de leyes internas, como la Ley Helms Burton, la cual socava los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En consecuencia, nos sentimos profundamente preocupados por las medidas que fortalecen y amplían la aplicación de dicha legislación. Instamos una vez más al Gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin a tales medidas, en concordancia con las 13 resoluciones tituladas `Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’, aprobadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas».
OTROS ASPECTOS DE LA DECLARACIÓN
En relación con el tema de Haití, se subraya la importancia de generar un amplio diálogo entre todos los sectores de la sociedad para lograr estabilidad política, crecimiento económico y la reconciliación nacional, y se insta a la comunidad internacional a dar una mayor prioridad a la movilización de recursos para facilitar el desarrollo económico y social de Haití.
Otro acápite del documento rubricado por los gobernantes caribeños señala que «la lucha contra la pobreza y la exclusión social es esencial para consolidar la democracia», y al respecto se destaca la importancia de redoblar los esfuerzos en la consecución de las Metas del Milenio.