Los socialistas han malinterpretado a menudo las expresiones democracia burguesa y revolución democrático-burguesa, pues parecen implicar que la democracia es un regalo de la burguesía, inseparable del capitalismo y nada tiene que ver con el socialismo. Es cierto que en muchas revoluciones contra el feudalismo, el absolutismo y el imperialismo, la gente trabajadora se alza […]
Los socialistas han malinterpretado a menudo las expresiones democracia burguesa y revolución democrático-burguesa, pues parecen implicar que la democracia es un regalo de la burguesía, inseparable del capitalismo y nada tiene que ver con el socialismo. Es cierto que en muchas revoluciones contra el feudalismo, el absolutismo y el imperialismo, la gente trabajadora se alza masivamente y asume su programa de libertad, igualdad y solidaridad en su lucha. Pero una vez la burguesía está en el poder, pronto o tarde trata de revertir estas conquistas, a veces de una manera extremadamente brutal. Y el capitalismo puede sobrevivir durante largos periodos sin democracia: no existe ningún lazo inherente entre ambos. La solidaridad, en particular, es una amenaza para una burguesía insegura, que por consiguiente favorece las divisiones, relaciones de dominación y subordinación y medidas de discriminación, exclusión y persecución a determinadas comunidades.
En claro contraste con la idea de que la democracia no tiene nada que ver con el socialismo, Marx y Engels declararon en el Manifiesto Comunista que «el primer paso en la revolución de la clase obrera consiste en elevar al proletariado a la posición de clase dominante, para ganar la batalla de la democracia»; y Engels confirmó más tarde que «el Manifiesto Comunista ya proclamó que la conquista del sufragio universal, de la democracia, es una de las primeras y más importantes tareas del proletariado militante». Puesto que pensaban que la emancipación de la clase trabajadora sería obra de la clase en su conjunto, tenía sentido afirmar que la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, la igualdad ante la ley y la protección legal en igualdad de condiciones, así como el derecho a elegir representantes en elecciones libres y justas, eran conquistas necesarias para preparar a la gente trabajadora para hacerse con las riendas del gobierno y de la producción.
Vista esta hostilidad a la democracia por parte de la burguesía, sería más útil contemplar las revoluciones burguesa y democrática como dos revoluciones distintas, llevándose a cabo la revolución burguesa con bastante rapidez, mientras que la revolución democrática puede demorarse durante décadas. En efecto, incluso si se ha establecido una república democrática, puede ser destruida y sustituida por un Estado fascista. Esta lucha continua entre autoritarismo y democracia se evidencia en Sri Lanka, siendo la elección presidencial del pasado 16 de noviembre de 2019 el hasta ahora último episodio.
De la independencia a la guerra civil
Sri Lanka se independizó de Gran Bretaña el 4 de febrero de 1948 a raíz de una revolución burguesa en Ceilán (como se llamaba en aquel entonces), en que la clase dominante local se hizo con una parte sustancial del poder político arrebatado al gobierno colonial británico. La esperanza de que también fuera una revolución democrática genuina se vio frustrada muy pronto.
Casi inmediatamente después de la independencia, el gobierno del Partido Nacional Unido (UNP) privó del derecho a voto y convirtió en apátridas a la población tamil, formada en su mayoría por trabajadores y trabajadoras de las plantaciones, que había votado en contra de dicho partido. En 1951, S. W. R. D. Bandaranaike se escindió del UNP para fundar el Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP), que accedió al poder en 1956 con la promesa de declarar lengua oficial el cingalés, una medida que suponía una discriminación de la importante minoría de habla tamil. La promulgación de la ley provocó disturbios, y cuando Bandaranaike parecía echarse atrás, fue asesinado por una organización supremacista cingalesa de monjes budistas.
En 1977, J. R. Jayewardene, del UNP, asumió el poder aupado por una mayoría de dos tercios, que aprovechó para establecer la constitución de 1978 y convertirse en presidente ejecutivo con poderes casi ilimitados. Impulsó pogromos contra el pueblo tamil; promulgó leyes que permitían al gobierno detener, torturar y asesinar a jóvenes tamiles a voluntad y llevó a cabo un accidentado referéndum en el que la población de Sri Lanka supuestamente votó a favor de suprimir las elecciones. Los pogromos de 1983 provocaron una guerra civil en la que los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE), de cariz totalitario, se enfrentaron al régimen.
En 1987, cuando hubo un alzamiento armado de un grupo supuestamente marxista cingalés, el Janatha Vimukthi Peramuna (JVP, Frente de Liberación Popular, también extremadamente autoritario), el gobierno empleó los mismos métodos implacables no solo contra sus militantes, sino también contra críticos desarmados y la juventud rural. Estas políticas continuaron cuando Ranasinghe Premadasa, del UNP, sustituyó a Jayawardene en 1989.
Mientras que el norte y el este del país continuaban sometidos al régimen totalitario de los LTTE, el resto del territorio se ganó un respiro cuando Chandrika Kumaratunga, del ala izquierda del SLFP, que formaba parte de la Alianza Popular (PA), accedió al poder en 1994 y restauró los derechos y las libertades democráticas. A pesar de su promesa de negociar un tratado de paz con los LTTE, obtuvo un sonado triunfo electoral con una mayoría de dos millones de votos más que su rival del UNP en la elección presidencial de noviembre, en una prueba de que lo que deseaba la mayoría de la población cingalesa era la paz y no la eliminación de la población tamil.
En 2004 el JVP, que había abandonado la lucha armada, se unió a la PA para formar la Alianza Popular Unida por la Libertad (UPFA), pero se separó de ella al año siguiente. Los intentos de Kumaratunga de cambiar la constitución para devolver poder a la mayoría tamil en el norte y el este del país chocaron con el sabotasje de los LTTE, que asesinaron a Neelan Tiruchelvam y Lakshman Kadirgamar, dos políticos tamiles asociados al proyecto, y trataron de atentar también contra la presidenta. Asimismo se enfrentaron a Ranil Wickremesinghe, líder del UNP, que asumió el cargo de primer ministro en 2001. Se reanudó la guerra, que continuaba cuando fue sustituido por el presidente Mahinda Rajapaksa en 2005.
El régimen de Rajapaksa
Durante la presidencia de Kumaratunga se redujeron sustancialmente las violaciones de los derechos humanos contra la población tamil. Esto cambió durante el mandato de su sucesor. Cuando se logró arrebatar la provincia oriental a los LTTE con la ayuda de la fracción Karuna, que se había desgajado de ellos, se perpetraron múltiples atrocidades contra la población civil, y los lugareños vieron cómo en vez de devolverles sus tierras, estas fueron ocupadas por el ejército con la excusa de crear zonas de alta seguridad, reviviendo temores de una nueva manipulación demográfica con vistas a cingalizar la región.
La libertad de expresión se vio gravemente mermada y reaparecieron los escuadrones de la muerte que atacaban a quienes criticaban al gobierno. Entre las numerosas víctimas, tal vez la más conocida es Lasantha Wickrematunge, quien en una carta que predecía su propio asesinato, y que se publicó después de su muerte, escribió un mensaje para Mahinda Rajapaksa: «En nombre del patriotismo has pisoteado los derechos humanos, impulsado una corrupción desenfrenada y derrochado dinero público como ningún otro presidente anterior.» Esta carta destaca dos rasgos que diferencian el régimen de Rajapaksa de otros gobiernos autoritarios anteriores. Uno de ellos es el increíble grado de concentración de poder y riqueza en manos de la familia de Rajapaksa, que supera de lejos el bandidismo familiar y la corrupción de regímenes anteriores.
Por ejemplo, el hermano de Mahinda Rajapaksa, Gotabaya, no solo controlaba las fuerzas armadas y múltiples servicios secretos, sino que también intervenía en la enseñanza superior, obligando a los estudiantes a dedicar tiempo a entrenarse en campos militares, y en la planificación urbana (departamento que se integró en el ministerio de Defensa). Las actividades de desarrollo de Divi Neguma (Mejora de la vida) bajo la dirección del ministerio de Desarrollo Económico recayeron en otro hermano, Basil, pese a que supuestamente eran competencia de consejos provinciales. Un tercer hermano, Chamal, era el presidente del parlamento.
El otro rasgo es la insistencia ultranacionalista en la identidad cingalesa y budista de Sri Lanka y el carácter foráneo de otras comunidades. Otros regímenes anteriores no habían dudado en agitar sentimientos antitamiles cuando les convenía, y el trato especial dado a la lengua cingalesa y al budismo ya estaba consagrado en la constitución, pero la caracterización fascista de la raza cingalesa como propietaria de Sri Lanka, y de las minorías como forasteras a eliminar, aunque no era nuevo, adquirió un renovado protagonismo.
Mahinda Rajapaksa ganó su segundo mandato presidencial en las elecciones de enero de 2010, poco después de que su gobierno derrotara a los LTTE en una batalla final en que Naciones Unidas calcula que murieron alrededor de 40.000 civiles, en parte porque fueron utilizados como escudos humanos por los LTTE, y en parte porque las fuerzas gubernamentales, dirigidas por el ministro de Defensa, Gotabaya Rajapaksa, bombardearon objetivos civiles como hospitales y zonas de refugio.
Las elecciones de 2010, en las que Rajapaksa se enfrentó con el exgeneral del ejército y héroe de guerra Sarath Fonseka, candidato común de la Alianza Nacional Democrática, estuvieron marcadas por numerosas irregularidades. El presidente saliente utilizó recursos públicos en apoyo de su propia campaña y para denigrar a su rival, agredir y asesinar a periodistas que no le secundaban, atacar actos de la oposición y amañar el voto de forma tan masiva que el comisionado electoral admitió que era incapaz de garantizar la seguridad de ni siquiera una sola urna.
La UPFA, ahora liderada por Rajapaksa, ganó las subisguientes elecciones parlamentarias en abril. Pese a que el gobierno no alcanzó la mayoría de dos tercios requerida para cambiar la constitución, hizo aprobar la 18ª enmienda a la constitución por la vía de urgencia sin apenas debate alguno. Podría haber sido derrotado si el UNP, dirigido por Ranil Wickremesinghe, se hubiera opuesto con fuerza, pero sus diputados se ausentaron del debate y de la votación, cediendo al JVP y a la Alianza Nacional Tamil (TNA), cuyo diputado M. A. Sumanthiran se opuso a la enmienda, el protagonismo de la oposición parlamentaria.
Una de sus medidas más importantes fue la supresión del Consejo Constitucional, que había sido creado al amparo de la 17ª enmienda durante la presidencia de Kumaratunga. Dicha enmienda especificaba que sin el visto bueno del Consejo, ninguna persona podía ser nombrada ni depuesta de la Junta Electoral, la Comisión de la Función Pública, la Comisión de la Policía Nacional, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Cuentas, la Comisión de Delimitación y la Comisión Permanente de Investigación de Acusaciones de Fraude o Corrupción; tampoco se podía nombrar al presidente ni a los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelación, ni a los miembros de la Comisión de la Función Judicial, sin el visto bueno del Consejo Constitucional.
Así, la abolición de este organismo permitió al presidente intervenir directamente en todos estos nombramientos, cosa que aprovechó plenamente. Sobre todo, hizo uso de esta facultad para destituir a la presidenta del Tribunal Supremo, Shirani Bandaranayake, con acusaciones falsas, y nombrar en su lugar a Mohan Peiris, un acólito que ni siquiera era juez. El segundo aspecto importante de la 18ª enmienda fue que suprimió el límite de dos mandatos de la presidencia. En combinación con la capacidad de nombrar a familiares y amigos a todas las comisiones y cargos arriba mencionados, Rajapaksa pensó que esto le permitiría ser presidente vitalicio y heredar el cargo a su hijo Namal.
Mahinda Rajapaksa podría haber ganado la elección presidencial de 2010 incluso sin la campaña de fraude e intimidación frente a Sarath Fonseka, pero sería un error atribuirlo al supremacismo étnico de la mayoría de los budistas cingaleses. Estos le estaban agradecidos por haber puesto fin a la guerra, que había asesinado e incapacitado a sus hijos durante décadas, y a los ataques terroristas contra civiles. Pero estos no fueron quienes favorecieron políticas como la ocupación militar permanente de las zonas de mayoría tamil o la constante invocación de la sempiterna amenaza de los LTTE. Al contrario, parece que el régimen de Rajapaksa siguió agitando la supuesta amenaza de un resurgimiento de los LTTE precisamente porque veía que flaqueaba su apoyo entre los budistas cingaleses y necesitaba un enemigo frente al cual podrían lucirse como acusación. Cuando fracasó esta estrategia, apareció un nuevo enemigo: los musulmanes.
Durante el segundo mandato de Rajapaksa surgieron diversos grupos budistas extremistas, siendo el más destacado la Bodu Bala Sena (BBS, Fuerza Budista), dirigido por el monje budista Gnanasara Thero. Su retórica ultranacionalista describía Sri Lanka como un país budista cingalés invadido por forasteros, sobre todo musulmanes; amenazó con aniquilarlos e incitó la violencia tumultuaria contra ellos en una serie de ataques en que se provocaron incendios y se cometieron asesinatos para expulsar a la gente musulmana de sus hogares y sus negocios.
Las imágenes en que aparece Gotabaya Rajapaksa junto a Gnanasara y el hecho de que las fuerzas de orden no actuaran contra este último hicieron que cundiera la opinión de que la BBS era un grupo patrocinado por el Estado, una opinión que se ha visto confirmada recientemente. Fue muy reveladora la manera en que la policía y los jueces trataron al monje budista Vijitha Thero, quien condenó los ataques a los musulmanes y se levantó en defensa de los derechos de los no budistas. Pese a las amenazas de muerte contra Vijitha y los ataques violentos a él y sus seguidores, la policía y los tribunales reprimían los actos convocados por él. Una vez, después de que matones de la BBS lo apalearan, lo ataran con su propio hábito y lo dejaran inconsciente en una cuneta, la policía solo le detuvo a él y lo mantuvo retenido una vez recuperado de sus heridas en un hospital. Este fue el telón de fondo de la elección presidencial que tuvo lugar en 2015.
La elección de 2015 y sus consecuencias
Otro monje budista, Maduluwawe Sobitha Thero, un dirigente del Movimiento Nacional por una Sociedad Justa, tuvo el mérito de tomar la iniciativa de constituir un Frente Nacional Unido por la Buena Gobernanza (UNFGG, Yahapalanaya) para oponerse a los Rajapaksa en las elecciones de 2015; numerosas organizaciones de la sociedad civil y Chandrika Kumaratunga, quien convenció a miembros del SLFP para que abandonaran la UPFA y se unieran al UNFGG, también desempeñaron un papel importante. En la elección presidencial de enero de 2015, Maithripala Sirisena, del SLFP, fue proclamado candidato conjunto frente a Mahinda Rajapaksa y ganó. Nombró a Ranil Wickremesinghe primer ministro temporal hasta las elecciones parlamentarias de agosto, en las que el UNFGG, que se presentó como frente unido, derrotó de nuevo a Rajapaksa, y Wickremesinghe se convirtió en primer ministro del nuevo gobierno.
Se introdujeron algunas mejoras. No se abolió la presidencia ejecutiva, tal como se había previsto, pero la 19ª enmienda recortó drásticamente los poderes del presidente. Shirani Bandaranayake volvió a ocupar la presidencia del tribunal supremo y se restableció la independencia del mismo. La recuperación de la libertad de expresión permitió airear en público, sin temor a represalias, agravios durante mucho tiempo silenciados, y la ley del derecho a la información implantó la transparencia en la gobernanza. Parte de las tierras ocupadas por el ejército fueron devueltas a sus propietarios tamiles, hubo un intento de proteger a la población musulmana de las turbas violentas y el monje Gnanasara fue condenado a seis años de cárcel por desprecio al tribunal. Asimismo se emprendieron investigaciones sobre algunos de los crímenes del régimen anterior. Pero incluso antes de que Sobitha muriera en noviembre del mismo año hubo importantes incumplimientos de las promesa de combatir la corrupción.
Las acusaciones de corrupción contra el nuevo régimen adoptaron dos formas. Una fue su falta de voluntad para procesar a los responsables del régimen anterior culpables de importantes escándalos de corrupción, como la estafa de Avant Garde, de la que Gotabaya Rajapaksa fue uno de los implicados en la pérdida de 11.400 millones de rupias de dinero público. La otra fue la revelación de nuevas estafas, en especial la de los bonos del Estado, en la que Arjuna Mahendran, el gobernador del Banco Central de Sri Lanka, nombrado por Ranil Wickremesinghe, fue acusado de provocar una pérdida de 11.145 millones de rupias de dinero público al participar, aprovechando su información privilegaida, en operaciones de compraventa de bonos con la empresa de su yerno, Perpetual Treasuries Limited.
Tras estas acusaciones de corrupción subyacen problemas más profundos. Por un lado, hay que señalar la política neoliberal de desregulación y privatización que aplicó Wickremesinghe. Una consecuncia de la misma fue la proliferación de empresas microfinancieras que prestaban dinero -sobre todo a mujeres- con tipos de interés de rapiña, lo que provocó la acumulación de deudas, la pérdida de sus escasos patrimonios e incluso una serie de suicidios. Junto con la incapacidad para proporcionar empleo a la gente joven, las enormes privaciones que sufrieron los sectores menos ricos de la sociedad provocaron un inmenso resentimiento contra un gobierno que a sus ojos no se ocupaba de ellos.
Por otro lado, Sirisena comenzó a inclinarse de nuevo por el bando de Rajapaksa a partir de 2016, y el 26 de octubre de 2018 lo hizo abiertamente destituyendo a Wickremesinghe como primer ministro y nombrando en su lugar a Mahinda Rajapaksa, quien procedió a establecer su propio gabinete. La reacción fue rápida y abrumadora: desafiando intimidaciones violentas e intentos de sobornar a diputados, el parlamento emitió repetidos votos de confianza a favor del gobierno depuesto, tras lo cual Sirisena suspendió y después disolvió el parlamento. Se presentaron entonces una docena de peticiones al Tribunal Supremo para que amparara los derechos fundamentales y declarara ilegal e inconstitucional el golpe de Estado, y la gente salió a la calle para protestar. En noviembre, el Tribunal Supremo dejó en suspenso la disolución del parlamento y el 13 de diciembre sentenció que la decisión del presidente de disolver el parlamento y convocar elecciones inmediatas era ilegal e inconstitucional.
Sin embargo, Sirisena siguió actuando como agente de los Rajapaksa. Nombró comandante del ejército a Shavendra Silva, que había sido la mano derecha de Gotabaya Rajapaksa cuando torturó y asesinó a cientos de cingaleses y los enterró en una fosa común en Matale, y cuando llevaba a cabo ejecuciones extrajudiciales y ataques militares indiscriminados contra miles de civiles tamiles en el norte. Concedió el indulto presidencial a Gnanasara, poniéndolo en libertad para que volviera a aterrorizar a la población musulmana. Una vez asumido el control sobre la policía y excluido a otros miembros del gabinete de los informes confidenciales del Consejo Nacional de Seguridad, destituyó al inspector de policía Nishantha Silva, quien había conseguido investigar varios asesinatos y tramas corruptas del régimen de los Rajapaksa. El escándalo fue mayúsculo y tuvo que retirar la orden, pero otras intervenciones suyas en el sistema de justicia penal no se revirtieron, con consecuencias nefastas.
El domingo de Pascua de 2019, una serie de atentados de bomba en iglesias y hoteles causaron más de 250 víctimas mortales y centenares de heridos. Pronto se supo que el servicio de inteligencia de India había avisado de antemano al gobierno de estos ataques, por lo que mucha gente en Sri Lanka se preguntó por qué no se habían tomado medidas para prevenir los ataques. Sri Lanka’s Easter Tragedy: When the Deep State Gets Out of Its Depth (Ravaya, 2019), de Rajan Hoole, propone una respuesta. Informa de que después de la escisión de Karuna de los LTTE en abril de 2004, el servicio secreto del ejército, controlado por Gotabaya Rajapaksa, lo utilizó para reclutar y entrenar a musulmanes para que lucharan contra los LTTE. En octubre de 2004, unos 500 de estos militantes, que se habían acercado al wahabismo, pusieron fuego al centro de meditación sufí de Kattankudy, además de los hogares y negocios de más de 200 familias musulmanas sufíes. En diciembre de 2006, organizaron disturbios en los que incendiaron las casas de 117 sufíes y amenazaron a muchos más, que huyeron del distrito. A pesar de estos actos de violencia masiva, no se practicaron detenciones.
Entre dichos militantes se hallaba Mohamed Zahran, quien fundó en 2015 la National Tawheed Jamaat (NTJ) y proclamó su apoyo al Estado Islámico. En marzo de 2017, él y sus seguidores lanzaron otro ataque violento contra los sufíes, tras lo cual el jefe de policía local, Wedegedara, detuvo a nueve de ellos y finalmente solicitó una orden judicial para detener a Zahran y otros dos que habían huido, a pesar de que le presionaran para que no lo hiciera. El juez M. Ganesharajah emitió la orden y se negó a poner a los detenidos en libertad bajo fianza. Sin embargo, Wedegedara fue trasladado y sustituido por el inspector Kasturiarachchi, quien no se opuso a la libertad bajo fianza de los detenidos; Ganesharajah también fue trasladado, y en octubre el Tribunal Superior concedió la libertad bajo fianza a los detenidos.
Mientras tanto, representantes de los sufíes se reunieron con delegados gubernamentales y formularon una queja contra las prédicas extremistas de Zahran y la violencia que habían sufrido. Uno de los funcionarios, Nalaka de Silva, de la División de Investigación Antiterrorista, inició un seguimiento de Zahran y los miembros de su familia y obtuvo del juez una orden de detención contra él. Sin embargo, en octubre de 2018 de Silva fue expulsado de la policía y detenido por su supuesta implicación en un intento de asesinato, respaldado por India, del presidente Sirisena y de Gotabaya Rajapaksa, un complot sobre el que nunca se ha presentado prueba alguna.
Ahí aparece un modo de proceder sistemático en que cualquier funcionario que pretenda actuar contra Zahran y sus socios han sido castigados, lo que demuestra la afirmación de Hoole de que los islamistas que más tarde llevaron a cabo los atentados sucicidas del domingo de Pascua habían estado protegidos por un aparato de Estado que, como demostró la conducta flagrantemente sesgada de algunos funcionarios electorales, seguía estando dominado por los leales a Rajapaksa. La acusación se apoya en la afirmación del ministro Rajitha Senaratne, del 2 de mayo de 2019, de que tanto grupos extremistas budistas como islamistas habían sido financiados por el gobierno de Mahinda Rajapaksa en una operación controlada por Gotabaya Rajapaksa. Cuando el ministro Lakshman Kiriella anunció en junio que una treintena de miembros del NTJ, incluido el propio Zahran, habían recibido dinero del gobierno de Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa contestó que estos asuntos no debían ventilarse en público, admitiendo tácitamente que era cierto. De ello no se deduce que Zahran y sus acólitos no hubieran actuado o no se inspiraran en el Estado Islámico, sino más bien que los objetivos de los islamistas encajaban perfectamente con los de los Rajapaksa.
Los atentados del domingo de Pascua dieron pie a nuevos ataques contra la población musulmana, acompañados de grotescas acusaciones de que el doctor Segu Shihabdeen Mohamed Shafi, un ginecólogo, había esterilizado secretamente a 4.000 mujeres cingalesas -cosa que desmintió de inmediato el Departamento de Investigación Criminal- y de que restaurantes musulmanes echaban un polvo en las comidas que servían para esterilizar a hombres cingaleses. Hoole sostiene que el apoyo del Estado profundo a los islamistas estaba destinado a justificar una violencia que disuadiría a los musulmanes de votar, y esto es enteramente plausible. Pero sus pruebas también respaldan la hipótesis de que estaba destinado a convencer a los budistas cingaleses de que se enfrentaban a una amenaza mortal por parte de los musulmanes y de que únicamente un régimen de seguridad nacional que prescinda de los derechos humanos, de la reconciliación étnica y de las libertades individuales, como dijo Gotabaya Rajapaksa, podía salvarles.
Esta fue la plataforma con la que presentó su candidatura para las elecciones presidenciales de noviembre de 2019 por el recién formado partido Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP, Frente Popular de Sri Lanka). Por otro lado, hubo una insólita insistencia en los derechos y el bienestar de las mujeres, dado que la candidatura de Sajith Premadasa, del UNP, quien se presentaba en nombre del Nuevo Frente Democrático, prometió compresas higiénicas gratuitas a las mujeres pobres y denunciaba el pésimo historial de misoginia, violación y asesinato de mujeres de su oponente. La victoria de Rajapaksa con el 52,25 % de los votos demuestra que el voto de castigo al gobierno saliente (que siempre ha sido un importante factor en las elecciones en Sri Lanka), reforzado por el fracaso del gobierno en relación con los atentados del domingo de Pascua, pesó mucho en el electorado cingalés, a pesar de que las minorías votaron mayoritariamente por Premadasa.
El papel de los socialistas
Los partidos de izquierda, de los que el más importante fue el Lanka Sama Samaja Party (LSSP, Partido por la Igualdad Social de Lanka), de filiación trotskista, desempeñaron un papel destacado en la lucha por la independencia y en la organización del movimiento sindical, las luchas por la liberación de las mujeres y las campañas por la seguridad y el bienestar social. Se opusieron con firmeza a las leyes de ciudadanía, que privaron de los derechos civiles y convirtieron en apátrida a la población tamil de las tierras altas, así como a la ley de exclusividad de la lengua cingalesa. Sin embargo, en 1964 el LSSP y el Partido Comunista formaron una alianza con el SLFP, que llegó al poder en 1970 y propició la promulgación de la constitución republicana de 1972, que privó a las minorías de sus derechos y consolidó el poder en manos del Estado, lo que hizo que mucha gente abadonara estos partidos.
La política del JVP, que impulsó sendas insurrecciones en 1971 y 1987, también representaba una combinación de socialismo y nacionalismo cingalés. Por otro lado, algunos socialistas apoyaron a grupos nacionalistas tamiles y lo siguieron haciendo incluso después de que se pusiera de manifiesto su naturaleza autoritaria.
La alianza de los partidos de izquierda con el SLFP pudo tener sentido durante la presidencia de centroizquierda de Kumaratunga, pero su adhesión al régimen de Rajapaksa, cuando intentó instalar un Estado patrimonial fascistoide, provocó escisiones en el LSSP, el PC y el Frente Democrático de Izquierda, que formaron el Frente Único de Izquierda (ULF). En las ciscunstancias actuales, el apoyo de izquierda a un candidato presidencial que promete efectivamente perseguir a las minorías y volver a crear escuadrones de la muerte es un ejemplo de las alianzas rojipardas (socialfascistas) contra las que mucha gente advirtió en el siglo XX.
En las elecciones de noviembre de 2019, las escisiones de los partidos de izquierda y activistas socialistas sin partido no tuvieron otra opción que votar por Sajith Premadasa, el único candidato presidencial con posibilidades de derrotar a Gotabaya. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de 2020, no sería una opción aceptable apoyar simplemente al UNP dirigido por Wickremesinghe, quien no solo es impopular por sus políticas neoliberales, sino porque también fue un importante miembro del gabinete durante los regímenes autoritarios de J. R. Jayewardene y Ranasinghe Premadasa. Habría que llevar a cabo un gran esfuerzo por crear una plataforma que uniera al ULF, el JVP y la plétora de pequeños partidos de izquierda a fin de constituir una alternativa democrática socialista viable.
Esperanza de democracia
La historia de Ceilán/Sri Lanka ha sido la historia de repetidos ataques a la libertad, la iagualdad y la solidaridad por parte de la clase dominante y sectores de la pequeña burguesía. Pero existe una historia paralela de resistencia obstinada a estos ataques, sin la cual el país sería hoy una dictadura.
Las traiciones y la fragmentación de los partidos de izquierda se han visto compensadas hasta cierto punto por entidades apartidarias que pueden calificarse en sentido amplio de izquierdas, incluidas las organizaciones defensoras de los derechos humnos como el Movimiento por los Derechos Civiles y la Universidad de Enseñantes por los Derechos Humanos (Jaffna), grupos antisegregacionistas como el Movimiento por la Justicia y la Igualdad Interracial, activistas por la democracia como la Organización de Asociaciones Profesionales de Sri Lanka y el Foro Viernes, sindicalistas y activistas del movimiento obrero que han luchado por los derechos de la clase trabajadora a riesgo de perder su puesto de trabajo e incluso la vida, y mujeres que han rechazado el ostracismo y los ataques para luchar contra el patriarcado y la misoginia.
En determinadas coyunturas cruciales, personas que no forman parte de ninguna organización han actuado en contra de las peores atrocidades, como las familias cingalesas que acogieron a tamiles durante los pogromos y mujeres tamiles que salieron en defensa de militantes desarmados que iban a ser masacrados por un grupo rival. Las madres de las personas desaparecidas han persistido en su voluntad de conocer el paradero de sus seres queridos frente a quienes querían disuadirlas o las amenazaban. La lista es interminable, y esta es una razón para pensar que todavía hay esperanza de democracia -y de socialismo- en Sri Lanka.
Rohini Hensman es escritora, académica independiente y activista que lucha por los derechos de la clase trabajadora, el feminismo y los derechos de las minorías.
Fuente: https://www.jacobinmag.com/2019/11/sri-lanka-mahinda-rajapaksa-regime
Traducción: viento sur