Al presentar ayer su informe preliminar sobre el operativo policiaco en San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo pasado, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), sostiene que «se probó» que hubo exceso de fuerza pública, una grave vulneración masiva de derechos humanos, que incluyeron violaciones y agresiones […]
Al presentar ayer su informe preliminar sobre el operativo policiaco en San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo pasado, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), sostiene que «se probó» que hubo exceso de fuerza pública, una grave vulneración masiva de derechos humanos, que incluyeron violaciones y agresiones sexuales contra mujeres detenidas, torturas, la muerte de un menor y la muerte cerebral de un estudiante. «Querían quebrar la identidad de las personas, al humillarlas y torturarlas sicológicamente», sostiene el informe.
La CCIODH demandó los ceses inmediatos del comisario general de la Agencia Estatal de Seguridad, Wilfrido Robledo Madrid; del comandante David Pintados Espinos, máximo responsable policial del operativo de la policía estatal; el comisionado -responsable del operativo por la Policía Federal Preventiva- Alejandro Eduardo Martínez Aduna, y el jefe del estado mayor de la PFP, el general de brigada Ardelio Vargas Fosado.
De igual forma demandó la libertad inmediata de las personas detenidas en los penales de Santiaguito y La Palma, con base en el principio de presunción de inocencia, y consideró inaplazable la revocación de las medidas de expulsión acordadas contra cinco extranjeras -dos españolas, dos chilenas y una alemana- detenidas en el operativo referido.
No basta «con la aceptación de las autoridades» de que se cometieron excesos o abusos policiales, porque ello no implica una asunción suficiente de las responsabilidades por el Estado, aseguró la CCIODH. «Se debe identificar, procesar y sancionar a las autoridades federales y estatales que, por omisión o por acción, participaron en la elaboración o planificación del operativo, así como en su ejecución», abundó.
Sostiene que «tenemos indicios de que militares en activos participaron en el operativo; eso es muy grave, lo estamos investigando, hay la presunción, y por lo menos sabemos y estamos documentando un caso, que de comprobarse sería gravísimo».
En el informe preliminar la CCIODH consideró que las fuerzas policiacas no se condujeron dentro del marco del estado de derecho, conforme a lo dispuesto por la Constitución mexicana, los tratados internacionales suscritos y ratificados por el país, las leyes y reglamentos aplicados. Los abusos policiales representaron una grave vulneración masiva de derechos humanos: detenciones arbitrarias, allanamientos de morada injustificados, actos de tortura, graves atentados a la libertad sexual, incluidas las violaciones sexuales, vulneración de los derechos de los procesados que estuvieron incomunicados y sin saber de qué se les acusaba.
Aseveró que «al revisar el auto de formal prisión de los consignados en todos, y cada uno de ellos, las imputaciones son de orden genérico, no hay concreción, no se indica qué hizo cada uno de los consignados; entendemos que por la cantidad de personas es difícil, pero ello es fundamental en un estado de derecho; por ello decimos que deben quedar en libertad, porque sólo debe haber prisión cuando se presuma que los presuntos pueden evadir la acción de la justicia, y no es el caso».
La CCIODH informó que hicieron 173 entrevistas con mujeres violadas y agredidas sexualmente; con familias cuyas casas fueron cateadas ilegalmente; con personas golpeadas y detenidas, pero que ya están libres; con los detenidos en Santiaguito; con funcionarios de la CNDH, con funcionarios mexiquenses, con alcaldes de Texcoco y San Salvador, pero «no nos fueron concedidas todas las entrevistas solicitadas con el gobierno federal y estatal; también se nos negó la entrada a La Palma».
Los integrantes de la CCIODH, entre quienes se encuentran abogados, sicólogos, antropólogos, médicos, siquiatras, periodistas, entre otros, destacaron que «resulta poco creíble que los mandos policiacos no tuvieron conocimiento de lo que estaba ocurriendo, sobre todo por la magnitud e intensidad de las violaciones a los derechos humanos. Hubo una operación indiscriminada de detenciones en varios lugares, incluso distantes de donde ocurrió el enfrentamiento».
En el caso de las agresiones y violaciones sexuales a mujeres, sostuvieron: «los testimonios de las mujeres tienen valor jurídico, fueron hechas las pruebas sicológicas y los testimonios de todas coinciden en el modus operandi; no hubo contradicciones, y hay daños probados. No se pueden poner en duda esos testimonios», sostienen.
Este informe y el documento final serán presentados a la Organización de Naciones Unidas, a organismos internacionales de derechos humanos, a gobiernos de la Unión Europea, a los parlamentos de España, Barcelona, Italia y de otros países, además de que se entregará al gobierno de México y a organizaciones civiles internacionales y nacionales.