De todas las nuevas instituciones que se han creado en los últimos años en América Latina, solo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) ha sido capaz de convertir las bonitas palabras con la que estas instituciones llenan las declaraciones con las que clausuran sus […]
De todas las nuevas instituciones que se han creado en los últimos años en América Latina, solo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) ha sido capaz de convertir las bonitas palabras con la que estas instituciones llenan las declaraciones con las que clausuran sus encuestros, en hechos. Y esto es debido a que sus integrantes apuntan en la misma dirección contra el capitalismo en fase neoliberal.
No existe oposición a que Cuba comparta sus medicamentos con otros países a precios muy reducidos recibiendo a cambio carne bovina de Nicaragua y petróleo a precios preferenciales de Venezuela. Y no hay nadie en contra porque ninguno de los países del ALBA – TCP defiende los intereses de las grandes farmacéuticas, ni del latifundista de turno ni de ninguna empresa petrolera privada. Son acuerdos que favorecen a los pueblos, no a las empresas privadas.
Tampoco existe en el ALBA problemas para llevar una posición común contra, por ejemplo, el bombardeo de la OTAN en Libia, en favor de la independencia del Sáhara y palestina, en apoyo a reactivar el protocolo de Kyoto denunciando la complicidad de los estados capitalistas con las empresas que están acabando con la naturaleza. Y no existe por la misma razón que antez, porque los gobiernos integrantes de esa organización representan a sus ciudadanos y sus intereses, no a las grandes empresas.
Sin embargo, desde hace unos años con la creación de la UNASUR, todos los países sudamericanos (de Colombia hasta Argentina) han mostrado sus deseos de unirse para conseguir objetivos comunes. Pero, ¿qué objetivos comunes puede tener el presidente colombiano Santos con el presidente ecuatoriano Correa? ¿O el chileno Piñera con el venezolano Chávez? ¿O el peruano Humala con el boliviano Morales? Unos (Santos, Piñera, Humala) alejan al estado de la economía, al contrario que los otros. Los mismos que alejan al estado de la economía, privatizan la sanidad y la educación, mientras que los otros vuelven a hacer lo contrario. Mientras los que privatizan reconocieron corriendo a los golpistas hondureños (excepto Humala que en ese momento se encontraba en la oposición), los otros no. Mientras los que reconocieron a los golpistas hondureños establecen bases militares norteamericanas en sus territorios, los otros las cierran.
Son gobiernos que por su accionar político se puede establecer que son contrarios. Y sus posiciones sobre los mismos temas también lo son. Por eso, la UNASUR, dirigida en este momento por el ex guerrillero Alí Rodríguez Araque, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tiene muy difícil llegar a una posición concreta y unánime sobre el golpe de estado en Paraguay. Mientras que los gobiernos que representan a sus pueblos como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia ya han dicho que no reconocerán otro gobierno que no sea el de Fernando Lugo, otros gobiernos de la UNASUR que representan a las grandes empresas, enormes bancos y latifundistas como los de Colombia y Chile ya han dicho que respetan la decisión de los golpistas.
¿Cómo se puede llegar a una posición común si unos países quieren restituir al derrocado presidente Lugo en el Poder mientras otros quieren legitimar al golpista Federico Franco que se ha autoproclamado presidente de Paraguay? Dos posiciones contrarias en una misma organización como la UNASUR que toma sus decisiones por consenso para no quebrar la débil unidad que surge incondicionalmente entre enemigos políticos que se alian.
Mientras tanto Fernando Lugo se ha enfrentado a un «juicio político» por una masacre que el no cometió -al menos los golpistas que han impulsado el juicio no lo han demostrado-, sin posibilidad a defenderse y sin pasar por el congreso porque la sentencia se ha dado antes de celebrar el juicio. Este proceso deleznable es el que apoyan gobiernos como los de Colombia y Chile integrantes de la UNASUR que según su máximo dirigente Rodríguez Araque quieren volver a restituir a Lugo en el poder.
En los próximos días se comprobará si la UNASUR realmente sirve para frenar los golpes de estado en la región y restituir el orden democrático o por el contrario es otra institución integrada por miembros con visiones políticas opuestas donde sobran las buenas intención y faltan los hechos concretos que materialicen esas buenas intenciones en la realidad. Por ahora Brasil ha pedido la expulsión inmediata de Paraguay de la UNASUR, veremos si todos los miembros de la organización están dispuestos a dar este duro golpe a los golpistas paraguayos.
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