El Tribunal Internacional de Justicia criticado por permitir que representantes de la junta militar birmana representen a Myanmar en las audiencias de esta semana.
El Tribunal Internacional de Justicia reanuda las audiencias sobre la demanda presentada contra Myanmar por Gambia en 2017. La defensa en representación de los gobernantes militares de Myanmar solicitó ayer que se desestime el caso en el que se acusa a la junta militar de genocidio contra la minoría Rohingya.
La demanda refiere a los brutales asaltos del ejército birmano, a finales de 2017, contra las comunidades Rohingya en el oeste de Myanmar y que llevaron a más de 700.000 civiles a cruzar la frontera con Bangladesh. Según investigadores de las Naciones Unidas, estos asaltos mostraban «intención genocida.»
Esta semana, el Tribunal Internacional está celebrando audiencias para abordar la larga lista de objeciones preliminares presentadas por el gobierno civil de Myanmar en enero de 2021, apenas 10 días antes del golpe de estado por parte de los militares, y que desafiaron la jurisdicción del Tribunal.
Según Associated Press, la defensa que representa a Myanmar repitió estas objeciones en la audiencia de ayer, impugnando el caso con el argumento técnico de que el Tribunal solo atiende casos entre estados, mientras que el caso del genocidio Rohingya fue presentado por Gambia en nombre de la Organización de Estados Islámicos. El equipo jurídico de la junta militar, dirigido por el ministro de Cooperación Internacional Ko Ko Hlaing, argumentó que Gambia no podía llevar el caso al Tribunal Internacional de Justicia porque no tenía relación directa con los sucesos en Myanmar.
Sin embargo, la cuestión de si Myanmar es o no es culpable de genocidio ha pasado a un segundo plano en la intensa lucha entre la junta militar y su conjunto de opositores. En particular, las audiencias de esta semana se han visto ensombrecidas por la cuestión sobre quién tiene derecho a representar a Myanmar en el caso de genocidio. A principios de este mes, el Gobierno de Unidad Nacional o NUG de la oposición de Myanmar, que representa al gobierno civil elegido y destituido el pasado mes de febrero, anunció que había retirado formalmente «todas las objeciones preliminares» en el caso y que ahora aceptaba la jurisdicción del Tribunal.
El NUG también expresó su preocupación por el hecho de que el Tribunal Internacional de Justicia «se haya estado comunicando con anteriores representantes de la diplomacia de Myanmar en Bruselas que en la actualidad están bajo el control de la junta militar» y señaló que el Tribunal debería tratar únicamente con Kyaw Moe Tun, embajador de Myanmar ante la ONU y leal al gobierno civil derrocado.
Esto se produjo después de que el NUG informara que ya no ofrecería una defensa en el caso, y que aceptaría el veredicto del Tribunal Internacional de Justicia sobre la cuestión del genocidio, a pesar de que miembros del gobierno de la NLD colaboraron en la defensa y justificación de los crueles asaltos del ejército birmano a las comunidades Rohingya del estado Rakhine. Entre estos colaboradores se encuentra la destituida líder civil del país, Aung San Suu Kyi, que está detenida desde el golpe de estado. Ella encabezó el equipo jurídico de Myanmar en anteriores audiencias del caso en 2019, durante las cuales afirmó que Gambia había presentado una «imagen factual incompleta y engañosa de la situación en el estado Rakhine.»
En conformidad con las quejas del NUG, el Tribunal ha sido objeto de numerosas críticas por permitir que la administración militar de Myanmar represente al país en las audiencias de esta semana, alegando que ello marca el inicio de su aceptación como gobierno legítimo de Myanmar. «Es indignante que el Tribunal Internacional de Justicia siga adelante con estas audiencias con la representación de la junta militar», observó en un comunicado Chris Sidoti, miembro del Consejo Asesor Especial para Myanmar. «La junta militar no es el gobierno de Myanmar, no representa al estado de Myanmar, y es peligroso que el Tribunal Internacional de Justicia permita que se presente como tal». La declaración del Consejo Asesor señaló que «ningún otro organismo de las Naciones Unidas ha aceptado que la junta militar represente a Myanmar».
En una declaración previa a la audiencia de ayer, la ministra de Asuntos Exteriores del NUG, Zin Mar Aung, comentó que sería una «profunda injusticia para la etnia Rohingya si los militares fueran simultáneamente sus abusadores y la voz del país en el Tribunal». Informó que el NUG estaba trabajando para establecer un sistema federal inclusivo en el que habría «un lugar especial para las comunidades Rohingya».
Al comenzar la vista, la presidenta del Tribunal, la jueza estadounidense Joan Donoghue, trató de eludir la cuestión de la legitimidad señalando «que las partes de un caso contencioso ante el tribunal son estados, no gobiernos específicos».
Es difícil valorar el impacto que esto tendrá en la cuestión del reconocimiento diplomático. La identidad del gobierno legítimo de Myanmar no es una cuestión que el Tribunal Internacional de Justicia tenga capacidad para resolver, aunque podría haber aplazado las audiencias hasta que la Comisión de Credenciales de la Asamblea General de la ONU se pronuncie al respecto.
Sin embargo, dado que dicha Comisión optó, a finales del año pasado, por aplazar su decisión final, se correría el riesgo de retrasar indefinidamente la perspectiva de justicia y rendición de cuentas para el pueblo Rohingya que el Tribunal Internacional de Justicia puede ofrecer. A fin de cuentas, es muy posible que la cuestión del reconocimiento esté más determinada por el equilibrio de fuerzas dentro de Myanmar que por las decisiones que tomen los jueces de La Haya.
Sebastian Strangio es editor para el sureste asiático en The Diplomat.
Fuente original en inglés: https://thediplomat.com/2022/02/myanmar-genocide-hearings-open-overshadowed-by-question-of-recognition/