Traducido del francés para Rebelión por Guillermo F. Parodi y revisado por Caty R.
En todos los tiempos ha existido la guerra de propaganda. En la actualidad a esa guerra se le sumó la guerra jurídica desde que las comisiones de investigación y los tribunales internacionales intervienen incluso durante el tiempo en el que se desarrolla el conflicto. Los grupos armados palestinos y el gobierno israelí se han integrado perfectamente en esta nueva dimensión de la guerra.
Hamás no oculta su objetivo: deslegitimar al Estado hebreo de la misma manera que se hizo con Sudáfrica bajo el apartheid. Militarmente Hamás se reconoce vencido de antemano frente a un ejército que posee el control absoluto del espacio aéreo y dotado de un armamento sofisticado, mientras que sus combatientes están equipados con Kalachnikovs, lanzacohetes y morteros rudimentarios. Pero al dirigir la guerra desde zonas densamente pobladas -la Franja de Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo- Hamás y los demás grupos armados compensan su inferioridad al contar de antemano con que se desencadenará una reacción desproporcionada del adversario que podrá servirles política y jurídicamente.
Es lo que ocurrió con la ofensiva israelí «operación plomo fundido», caracterizada por un tremendo balance de pérdidas humanas y destrucciones masivas. Hubo trece bajas israelíes (de las cuales cuatro fueron alcanzados por fuego de sus camaradas, por error) y entre 1.166 y 1.444 palestinos muertos, de los cuales, como mínimo, 295 eran hombres, mujeres y niños no implicados en los combates (cifras del ejército israelí). Si la operación «plomo fundido» ha permitido a las autoridades israelíes limitar el número de misiles caídos en el sur de Israel de 3.000 en 2008 a menos de 300 en 2009, la victoria política fue palestina, como surge del análisis del diario en lengua árabe de Londres Al-Ayat: «Las destrucciones y los muertos se convierten en los elementos de una victoria moral, política y legal del «débil»». De hecho, aunque acusados de crímenes de guerra por la comisión de investigación de las Naciones Unidas dirigida por Richard Goldstone, los grupos armados como Hamás no tienen gran cosa que perder en términos de reputación y más bien suscitan la simpatía por su población dañada. Por el contrario el Estado hebreo teme que acusaciones parecidas lo transformen en un paria en la escena internacional. Sus temores se confirmaron por la acusación de un tribunal británico, en diciembre de 2009, a su ex ministra de Relaciones Exteriores Tzipi Livni por «crímenes de guerra« cometidos durante la ofensiva militar en Gaza.
De ahí la tentación de Israel, pero también de otros Estados occidentales -Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, comprometidos en Iraq y/o en Afganistán- de revisar las leyes de la guerra al estimar que éstas hacen el juego a los grupos armados. Es, en particular, lo que preconiza el israelí Asa Kasher, considerado el ideólogo de la operación «plomo fundido», que quiere reducir drásticamente la definición de los civiles protegidos por el derecho humanitario. El Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió a sus ministros, en octubre de 2009, «que examinen las posibilidades de sostener una iniciativa internacional« de revisión de las leyes de la guerra. Su ministro de Defensa, Ehud Barak, reveló que ya estaba discutiendo el tema con sus colegas de la OTAN, cuyos ejércitos están comprometidos en Iraq y en Afganistán.
De hecho la separación tradicional entre civiles y combatientes, piedra angular de los convenios de Ginebra de 1949, se complica con el desarrollo de estas guerras asimétricas donde se oponen ejércitos poderosos y grupos armados como en Afganistán, Pakistán, Filipinas, Colombia y otros lugares. ¿Qué hay del campesino que se transforma en combatiente por la noche? ¿Qué pasa con los combatientes de Hizbulá y Hamás que, sin uniformes, se esconden entre la población civil, almacenan armas en sus casas y disparan desde lugares densamente poblados? El resultado es previsible: los civiles, difíciles de distinguir de los combatientes, se convierten en blancos con más frecuencia.
Sun Tzu ya describió la complejidad de los conflictos asimétricos en El Arte de la Guerra hace más de dos mil años. Pero el desarrollo de las comisiones de investigación y de la justicia internacional ofrece ahora la posibilidad -al menos teórica- de criminalizar a la potencia con más fuerza militar del conflicto, algo que no era posible en el pasado, por ejemplo, contra Francia durante la guerra de Argelia. Esta amenaza de la criminalización se ha vuelto más dura en tanto que la presunción de inocencia no existe en el espacio público. Acusar a los beligerantes de haber violado las leyes de la guerra equivale a condenarlos ante la opinión pública.
Esto explica las presiones estadounidenses, británicas e israelíes para iniciar un proceso de revisión de la ley con el fin de proteger a sus soldados del riesgo de criminalización. Cosa que preocupa al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que teme que los civiles paguen cara la adaptación de las leyes deseada por esos países. Sin embargo el CICR ha aclarado el concepto de «participación directa en las hostilidades», además definió precisamente el concepto de «civiles» y subrayó el hecho de que un combatiente sin uniforme es un objetivo legítimo, incluso cuando no esté armado. Un paso muy pequeño para el gobierno israelí y para el de los Estados Unidos, pero demasiado grande para los demás. La ley nunca ha dejado de ser un campo de batalla.
Pierre Hazan es profesor invitado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo. (Ginebra).
Fuente: http://www.liberation.fr/