Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
La forma más insidiosa y omnipresente de guerra moderna emprendida por la acción coordinada de Wall Street y el Pentágono pasa muy desapercibida y sin que se le haga frente. Este ataque calculado está haciendo retroceder décadas a los progresos logrados en los ámbitos de la atención sanitaria, los sistemas de saneamiento, la vivienda, las infraestructuras esenciales y el desarrollo industrial en todo el mundo. Se ataca a casi cada país en desarrollo que intente ofrecer a su población algún tipo de programas sociales.
El imperialismo estadounidense y sus socios menores han convertido el estrangulamiento económico en un arma devastadora. Las sanciones en manos de las potencias militar y económicamente dominantes provocan actualmente más muertes que las bombas o las armas. Este arma frena el crecimiento de millones de personas jóvenes y provoca emigraciones desesperadas que desplazan a decenas de millones de personas.
«Un crimen contra la humanidad»
Las sanciones y los bloqueos económicos contra Venezuela, Cuba, Irán, Rusia y China son bien conocidos. Sin embargo, los efectos devastadores de las sanciones estadounidenses en la Palestina ocupada o en países ya empobrecidos, como Mali, Zimbabue, República Centroafricana, Guinea-Bissau, Kirgizstan, Fiji, Nicaragua y Laos, ni siquiera son detectados por los grupos de defensa de los derechos humanos.
La mayoría de las sanciones se ocultan intencionadamente y no generan una sola línea en las noticias. Algunas sanciones se aprueban rápidamente tras un repentino artículo de prensa acerca de una supuesta atrocidad. La población civil que las van a sufrir no tiene nada que ver con ninguno de los crímenes que los medios de comunicación corporativos utilizan como excusa. Lo que nunca se menciona son las concesiones económicas o políticas que buscan el gobierno o las corporaciones estadounidenses.
No se pueden plantear las sanciones como una alternativa a la guerra. De hecho, son la forma de guerra más brutal, que ataca deliberadamente a las personas civiles más indefensas (las jóvenes, las ancianas, las enfermas e incapacitadas). En un periodo de la historia de la humanidad en el que el hambre y la enfermedad tienen solución científica, privar a cientos de millones de personas de cubrir sus necesidades básicas es un crimen contra la humanidad.
La legislación y los convenios internacionales, como los Convenios de Ginebra y de Nuremberg, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prohíben expresamente atacar a personas civiles indefensas, especialmente en época de guerra.
Las sanciones provocan condenas
La sociedad industrial moderna está construida sobre una frágil red de tecnología esencial. Si los sistemas de bombeo y las vías del alcantarillado, los ascensores y los generadores no funcionan por falta de piezas de repuesto sencillas, ciudades enteras pueden verse desbordadas por ciénagas. Si se niega a las y los agricultores las semillas, los fertilizantes, el equipamiento y los medios de almacenamiento, y si se niegan deliberadamente la comida, los medicamentos y el equipamiento esencial, todo el país corre peligro.
El embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, intervino en la XVIII Cubre del Movimiento de Países No Alineados celebrado en Baku, Azerbayán, el 26 de octubre. Se dirigió a los 120 países ahí representados y denunció la imposición de medidas arbitrarias, denominadas «sanciones» por Estados Unidos, como una forma de «terrorismo económico que afecta a una tercera parte de la humanidad con más de 8.000 medidas en 39 países». Afirmó que este terrorismo constituye una «amenaza para todo el sistema de relaciones internacionales y es la mayor violación de derechos humanos del mundo» (tinyurl.com/uwlm99r).
El Grupo de los 77 y China, un organismo internacional con sede en la ONU y que representa a 134 países en desarrollo, hizo un llamamiento a «la comunidad internacional para que condene y rechace la imposición del uso de estas medidas como medio de coacción política y económica contra los países en desarrollo». El Grupo explicó que «la criminal e inhumana política de atacar a poblaciones indefensas, que viola claramente la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, se ha convertido ahora en la nueva arma de estos poderosos Estados debido a que se enfrentan a una fuerte oposición de la mayoría de su propia población a las interminables guerras de ocupación en las que ya están envueltos».
El poder de los bancos
No se comprende bien el mecanismo y la capacidad de un país o de un voto para destruir un país situado en el otro extremo del mundo.
El capital internacional utiliza el sistema dólar. Todas las transacciones internacionales pasan por bancos estadounidenses. Estos bancos pueden bloquear transferencias de dinero de transacciones menores y confiscar miles de millones de dólares pertenecientes a gobiernos e individuos que son objeto de sanciones. También pueden exigir que todos los demás bancos acepten las repentinas restricciones impuestas por Washington o puedan ser sometidos a sanciones ellos mismos. Es similar al hecho de que la Marina de Estados Unidos pueda afirmar tener autoridad para interceptar barcos e interrumpir el comercio en cualquier lugar, o de que el ejército estadounidense pueda atacar a personas con drones e invadir países sin siquiera una declaración de guerra.
En ocasiones un medio de comunicación corporativo, un grupo de «derechos humanos» financiado por Estados Unidos o una institución financiera acusa, a menudo sin fundamento alguno, de violaciones de los derechos humanos o de represión política, tráfico de drogas, financiación del terrorismo, blanqueo de dinero, infracciones de ciberseguridad, corrupción o falta de conformidad con una institución financiera internacional. Estas acusaciones se convierten en la puerta de entrada de una petición de sanciones como castigo.
Las sanciones se pueden imponer por medio de una resolución del Congreso de Estados Unidos o de una declaración presidencial, o pueden ser autorizadas por una agencia del gobierno estadounidense, como los departamentos del Tesoro, Comercio, Estado o Defensa. Estados Unidos podría presionar para conseguir el apoyo de la Unión Europea, del Consejo de Seguridad de la ONU o de una de las muchas organizaciones regionales de seguridad establecidas en Estados Unidos, como la Organización de Estados Americanos.
Un organismo corporativo estadounidense que quiera un acuerdo comercial más favorable puede influir en muchas agencias o políticos para que le beneficien. Agencias secretas del Estado, contratistas militares, organizaciones no gubernamentales financiadas por el National Endowment for Democracy [Fondo Nacional para la Democracia] y muchas fundaciones financiadas por corporaciones maniobran para crear problemas económicos y presionar a países ricos en recursos.
Incluso aquellas sanciones que parecen suaves y limitadas pueden tener un impacto devastador. Altos cargos estadounidenses afirmarán que algunas sanciones son solo sanciones militares, necesarias para bloquear la venta de armas. Pero bajo la categoría de un posible «doble uso» en la prohibición se incluye la clorina (que se necesita para purificar el agua), pesticidas, fertilizantes, equipamiento médico, simples baterías y todo tipo de piezas de repuesto.
Otro subterfugio son las sanciones que supuestamente sólo se aplican a altos cargos del gobierno o a agencias específicas. Pero, de hecho, mientras se realizan interminables indagaciones se pueden bloquear todas y cada una de las transacciones que llevan a cabo. Empleados de banco anónimos pueden congelar todas las transacciones en curso e inspeccionar todas las cuentas de un país. Cualquier forma de sanción, incluso contra individuos, aumenta el costo y el nivel de riesgo de los créditos y préstamos.
En la Lista de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas, una lista de aquellas personas que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, constan más de 6.300 nombres. La OFAC describe de la siguiente manera su papel: «La OFAC administra varios programas de sanciones. Las sanciones pueden ser totales o selectivas, y se utiliza el bloqueo de activos y las restricciones comerciales para cumplir los objetivos de política exterior y seguridad nacional».
También existe una lista del Grupo de Acción Financiera Internacional y una lista del Reglamento Internacional del Tráfico de Armas.
El arma de las sanciones se ha vuelto tan importante que actualmente existe todo una legislación para guiar a las corporaciones y bancos estadounidenses a la hora de moverse entre ventas, créditos y préstamos. Es intencionadamente opaca, turbia y abierta a interpretaciones, sobornos y subterfugios. Parece que no existe una sola página web en la que conste una lista de todos los países e individuos sometidos a las sanciones estadounidenses.
Una vez que un país ha sido sancionado, entonces debe «negociar»con diferentes agencias estadounidenses que exigen medidas de austeridad, elecciones que cuenten con la aprobación occidental, recortes de los programas sociales y otras concesiones económicas y políticas para lograr que se levanten las sanciones.
Las sanciones son una parte fundamental de las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos, planeadas de la manera más cínica posible para conseguir el mayor coste humano. Hipócritamente se atribuyen al gobierno del país sancionado la repentina hiperinflación, los problemas económicos y la inesperada escasez. Se califica a los funcionarios de ineptos o corruptos.
Las agencias [estadounidenses] supervisan cuidadosamente la crisis interna que ellas crean con el fin de determinar el momento óptimo para imponer un cambio de régimen o crear una revolución de colores. El Departamento de Estado y las agencias encubiertas estadounidenses financian a muchas ONG y organizaciones sociales que fomentan la disidencia. Estas tácticas se han utilizado en Venezuela, Nicaragua, Irán, Siria, Libia, Zimbabue, Sudán y muchos otros países.
Un arma del imperialismo en decadencia
Han pasado los días de las promesas tipo Plan Marshall de reconstrucción, comercio, préstamos y desarrollo de infraestructuras. En este período de decadencia capitalista ni siquiera se ofrecen. El arma de las sanciones ahora es un instrumento tan omnipresente que apenas pasa una semana sin que haya nuevas sanciones, incluso contra aliados.
En octubre Estados Unidos amenazó con imponer duras sanciones a Turquía, que durante 70 años ha sido miembro de la alianza militar de la OTAN comandada por Estados Unidos.
El 27 de noviembre Trump anunció de pronto, por medio de un decreto presidencial, sanciones más severas contra Nicaragua, a la que calificó de «amenaza para la seguridad nacional». También calificó a México de amenaza «terrorista» y no descartó una intervención militar. Ambos países tienen gobiernos elegidos democráticamente.
Otras sanciones pasan por el Congreso de Estados Unidos sin votación nominal, sólo una ovación y un voto unánime, como las sanciones a Hong Kong en apoyo de las protestas financiadas por Estados Unidos.
Por qué no se puede sancionar a Wall Street
¿Hay alguna posibilidad de poder sancionar a Estados Unidos por las interminables guerras que ha emprendido según las mismas disposiciones con las que ha afirmado el derecho a causar estragos en otros países?
En noviembre de 2017 la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, solicitó a la Corte Penal Internacional, cuya sede está en La Haya, abrir una investigación formal sobre los crímenes de guerra cometidos por los talibanes, la red Haqqani, las fuerzas afganas, el ejército de Estados Unidos y la CIA. La mera idea de que Estados Unidos fuera acusado de crímenes de guerra llevó al entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, a amenazar a los jueces y otros altos cargos de la CPI con detenciones y sanciones si contemplaban siquiera cualquier cargo contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán. «Si la Corte nos persigue a nosotros, a Israel o a otros aliados de Estados Unidos, no nos quedaremos con los brazos cruzados», declaró Bolton. Señaló que Estados Unidos «está dispuesto a imponer sanciones financieras y cargos penales a los altos cargos de la Corte si proceden contra cualquier miembro del personal de Estados Unidos. […] Prohibiremos a sus jueces y fiscales entrar en Estados Unidos. Sancionaremos sus fondos en el sistema financiero estadounidense y los procesaremos en el sistema penal de Estados Unidos. […] Lo mismo haremos con cualquier compañía o Estado que contribuya a una investigación de la CPI contra personas estadounidenses» (The Guardian, 10 de septiembre de 2018).
Bolton también citó las recientes gestiones de dirigentes palestinos para lograr que CPI procese a altos cargos israelíes por violaciones de los derechos humano. Los jueces de la CPI recibieron el mensaje. Dictaminaron que a pesar de que existe «una base razonable» para considerar los crímenes de guerra cometidos en Afganistán, había pocas probabilidades de poder enjuiciarlos. Una investigación «no serviría a los intereses de la justicia».
El Secretario de Estado Mike Pompeo revocó el visado estadounidense de la Fiscal Jefe Bensouda por proponer una investigación imparcial.
Las sanciones son un arma del mundo capitalista que utilizan los países más poderosos contra aquellos más que son más débiles y están en vías de desarrollo. Hace cien años, en 1919, el presidente [estadounidense] Woodrow Wilson defendió las sanciones como un arma silenciosa aunque letal que ejerce una presión que ninguna nación del mundo moderno puede soportar.
Las sanciones demuestran que las leyes capitalistas protegen el derecho de ocho multimillonarios a poseer más que la población de la mitad del mundo.
Washington exige sanciones a la ONU
Estados Unidos, que posee el mayor arsenal nuclear del mundo y 800 bases militares, afirma (a pesar de haber emprendido guerras en Irak, Afganistán, Siria y Libia) que la República Popular de Corea del Norte y la República Islámica de Irán son las mayores amenaza para la paz mundial.
Estados Unidos logró que el Consejo de Seguridad de la ONU impusiera nuevas sanciones y muy duras a Irán y a la República Popular de Corea del Norte amenazando, la víspera de unos «juegos de guerra», con aumentar las hostilidades hasta llegar a un ataque militar abierto. Esta amenaza bastó para conseguir que otros miembros del Consejo de Seguridad entraran en vereda y votaran a favor de las sanciones o se abstuvieran.
Estas tácticas de mano dura han tenido éxito una y otra vez. Durante la Guerra de Corea, cuando el ejército de Estados Unidos bombardeaba duramente este país, el embajador de Estados Unidos ante la ONU Warren Austin mostró una ametralladora ante el Consejo de Seguridad para exigir a este organismo más autoridad en la guerra.
En la década de 1990 el gobierno estadounidense utilizó las sanciones impuestas a Irak como un espantoso experimento social para calcular cuánto se podía reducir la ingesta de calorías, destruir la producción de cultivos y destrozar los sistemas de purificación de agua. El impacto de estas sanciones se divulgó ampliamente como amenaza a otros países. Cuando se le preguntó a la Secretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright, acerca del medio millón de niñas y niños iraquíes que habían muerto a consecuencia de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a Iraq, respondió: «Creemos que el precio vale la pena».
Hace 40 años que Estados Unidos impuso sanciones a Irán, desde que empezó la Revolución iraní. El bloqueo y las sanciones a Cuba se mantienen desde hace ya 60 años.
La campaña «Las sanciones matan»
Romper el silencio mediático y sacar a la luz este crimen supone un enorme esfuerzo político. Tenemos que poner un rostro humano al sufrimiento.
No se puede dejar que los países atacados luchen ellos solos de forma aislada, tiene que haber una solidaridad total con ellos. Hay que sacar a la luz la inmensa cantidad de países sometidos al hambre debido a sanciones impuestas por Estados Unidos. Y un paso para desafiar la injusticia de las relaciones de propiedad capitalista es atacar el papel criminal de los bancos.
Con un llamamiento a unas Jornadas Internacionales de Acción contra las Sanciones y la Guerra Económica del 13 al 15 de marzo de 2020, cuyas consignas son: «¡Las sanciones matan! ¡Las sanciones son la guerra! ¡Acabemos ya con las sanciones!», se ha iniciado una campaña para unir a la opinión mundial contra las sanciones por ser un crimen de guerra. Estas manifestaciones internacionales coordinadas son un primer paso fundamental. La investigación y el testimonio, las resoluciones de sindicatos, grupos de estudiantes, trabajadores de la cultura y organizaciones comunitarias, las campañas en las redes sociales y llevar suministros médicos y ayuda internacional a los países sancionados todo ello puede desempeñar un papel importante. Todo tipo de campaña política para sacar a la luz el crimen internacional de las sanciones es una contribución fundamental.
Para más información y dar apoyo, véase SanctionsKill.org.
Sara Flounders es una escritora y activista política estadounidense comprometida desde la década de 1960 en la lucha contra la guerra. Es codirectora del International Action Center (IAC) y miembro del Secretariado del Marxist-Leninist Workers World Party (WWP)
Fuente: https://www.workers.org/2019/12/44711/
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.