Los días 16 y 17 de marzo se realizó la «XXIII Marcha del campesinado pobre», organizada por la Federación Nacional Campesina (FNC), a la que se sumaron numerosas organizaciones, partidos anticapitalistas y movimientos sociales. La manifestación final, que tuvo lugar en Asunción, reunió miles de personas. Las reivindicaciones giraban alrededor de la reforma agraria: por […]
Los días 16 y 17 de marzo se realizó la «XXIII Marcha del campesinado pobre», organizada por la Federación Nacional Campesina (FNC), a la que se sumaron numerosas organizaciones, partidos anticapitalistas y movimientos sociales. La manifestación final, que tuvo lugar en Asunción, reunió miles de personas. Las reivindicaciones giraban alrededor de la reforma agraria: por las facilidades que tienen las grandes empresas ganaderas y productoras de soja y maíz transgénicos, y las dificultades del campesinado para acceder a la tierra y vender sus productos. En su discurso final, Teodolina Villalba -secretaria general de la FNC- afirmaba: «Eso es lo que quieren los poderes de Estado para nosotros: que sigamos muriendo de enfermedades y que seamos cada vez más ignorantes, de manera que sigan rematando las riquezas de nuestra tierra tan linda. Sigamos peleando siempre por un desarrollo nacional, que se basa en la reforma agraria. Tenemos que eliminar lo que lo tranca, que es el latifundio».
Para entender la cuestión de la propiedad de la tierra en el Paraguay se debe retroceder al 1811, cuando se independizó tanto de la metrópoli colonial española como del recientemente creado Estado del Río de la Plata. El gobierno de Rodríguez de Francia expropió las tierras de los grandes propietarios y de la Iglesia. Más de 90% de éstas pasó a estar bajo la gestión del Estado. Las familias campesinas podían acceder a una propiedad si se comprobaba que se usaba para producir el alimento necesario para que el país pudiera ser autónomo. También se podía trabajar en las llamadas «Estancias de la Patria», unas empresas estatales que destinaban sus beneficios a cubrir los costes de la administración y los servicios públicos.
Antes de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870), el Paraguay tenía una de las industrias más desarrolladas de América Latina. No se permitía la especulación mercantil de la tierra. No había deuda externa, ni analfabetismo. Se resistía a la intervención de los capitales extranjeros, a la intrusión del liberalismo en sus fronteras. En este contexto, los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil, apoyados por los intereses comerciales del Reino Unido, se unieron para aplastar militarmente la autonomía del país, permitiendo que sus burguesías tomasen el control de la tierra y los recursos. Las cifras exactas no se conocen, pero a causa de la guerra la población se redujo de aproximadamente un millón, a unas 200 mil personas.
Muchos de los terratenientes expropiados por de Francia se habían exiliado a Argentina y Brasil, y reunieron grupos de mercenarios para sumarse a las tropas de la Triple Alianza. Una vez ganada la guerra, muchos se instalaron en el nuevo gobierno. En menos de veinte años las empresas privadas adquirieron 40 millones de hectáreas. El 25% del territorio acabó en manos de 28 empresas. Se implantó una ley que impedía que las tierras estatales se vendieran en lotes inferiores a las 2 mil hectáreas. El campesinado pobre y las comunidades indígenas se vieron privados de tierra, y el latifundismo y la deforestación avanzaron implacables.
Los gobiernos y las empresas de Argentina y Brasil se disputaban el control del Paraguay: en el primer país se fundó el Partido Colorado, y en el segundo el Partido Liberal. Los golpes de estado, las conjuras y los enfrentamientos armados entre las oligarquías duraron décadas. Estos dos partidos son, todavía hoy, las principales fuerzas políticas.
En 1952 empieza la dictadura de Alfredo Stroessner, un general de origen alemán formado en Brasil y miembro del Partido Colorado. En ese momento sólo 12 millones de hectáreas pertenecían al Estado. Con mecanismos legales y violencia, sus partidarios fueron acumulando tierra y riqueza. Gran parte de las propiedades repartidas durante la dictadura se distribuyeron en circunstancias fraudulentas. Se calcula que hay 10 millones de hectáreas de estas «tierras mal habidas».
La dictadura continuó hasta 1989, cuando sufrió un golpe de estado des de dentro del partido. Des de la presunta transición democrática, los gobiernos del Partido Colorado se fueron sucediendo. Los mecanismos de clientelismo, represión y compra de votos lo permitieron. Con dictadura y sin, el partido gobernó 61 años al gobierno de las oligarquías locales y las empresas transnacionales.
A pesar de la represión y las campañas de criminalización, el movimiento campesino e indígena ha persistido todo este tiempo en su reivindicación de una reforma agraria. Las esperanzas de estos sectores populares se vieron alimentadas cuando el obispo Fernando Lugo accedió a la presidencia. Lo hizo con el apoyo condicional del Partido Liberal, hecho que evitó que se pudieran aplicar cambios profundos. Aún con las trabas, la sanidad y la educación mejoraron exponencialmente.
La masacre de Curuguaty, el 2012, acabó con el proceso de cambio en las instituciones. Marina Kué es una de las «tierras mal habidas» del período Stroessner. Un grupo de familias campesinas sin tierra ocuparon un excedente de esa propiedad. Los y las campesinas asentadas fueron desalojadas seis veces. Y siempre regresaron. Hasta el fatídico día en que unas cincuenta de estas personas quisieron resistir. Once de ellas murieron, y también seis policías.
Lugar de la masacre de Curugaty, en Marina Kué
Todavía hoy se desconoce lo que sucedió exactamente. Doce personas están encausadas, y algunas se encuentran aún en prisión preventiva. A la policía no se la ha investigado: se quiere dar por hecho que son los y las campesinas las culpables de todo. No obstante, muchas evidencias indican que no es así. Las pocas armas que tenían eran de caza, mientras que los policías tenían heridas de gran calibre. Las versiones policiales se contradicen. Todas las pruebas que podrían indicar la inocencia de los y las acusadas han desaparecido, incluida una filmación de los hechos. Nunca se hizo una autopsia a los policías, y se niegan a realizar una necropsia, por «motivos humanitarios». Pero a ningún fiscal le preocupa que 12 personas puedan ir 30 0 35 años a la cárcel sin estudiar todas las pruebas.
No hay pruebas de que las personas que resistían en Marina Kué hubieran preparado aquello. Sí que las hay, en cambio, que indican que la policía pensaba disparar. Seguramente a los líderes, com otras veces. Tampoco se ha investigado la relación de jueces y fiscales -escogidos a dedo- con el narcotráfico, relaciones que ya se han demostrado en otras ocasiones. Ni se ha indagado en las ejecuciones a sangre fría.
Mucha gente afirma que todo se orquestó para echar a Lugo. Sea así o no, este fue el resultado. Horacio Cartes, del Partido Colorado, fue proclamado presidente. Por otro lado, el terreno de Marina Kué se volvió a ocupar. Unas cincuenta familias, muchas de las cuales tienen relación con las víctimas, siguen en pie, resistiendo y cultivando. Una de sus plantaciones comunitarias se encuentra al lado del lugar donde sucedió todo.
Asentamiento actual en Marina Kué
El de Marina Kué no es un caso aislado: hay centenares de tierras en conflicto. La FNC calcula que mediante la ocupación se han recuperado hasta 270 mil hectáreas. A sólo 30 km se encuentra el asentamiento 1º de Marzo – Joajú, vinculado a la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), donde conviven 32o familias. Tienen una escuela autogestionada y un almacén social que destina sus beneficios a las necesidades de la comunidad. La sentencia de desalojo ya ha sido dictada, pero nunca se hace pública la fecha de su ejecución. Los y las habitantes resistirán: ganarán el tiempo necesario para esconderse en el bosque con parte de la cosecha y de los animales. Cuando desaloja, la policía lo quema todo. Pero los y las campesinas volverán, sin dejarse vencer, y construirán de nuevo un espacio en el que vivir dignamente.
En el Paraguay no sólo hay un conflicto de propiedad: hay un choque entre dos formas de vivir y entender la tierra. Por un lado el régimen de explotación mercantilista que la ve únicamente como una fuente de dinero, y por el otro una concepción que la entiende como un medio de subsistencia, como un vínculo con la naturaleza que le da vida, como una forma de vida comunal y más ecológica fuertemente influenciada por la cosmovisión indígena.
Conamuri es una organización de mujeres indígenas y campesinas (de base mixta pero de estructura orgánica femenina) que refleja muy bien esta alternativa. Además de trabajar con las luchas campesinas, participa de escuelas de agroecología y de un proyecto de recuperación de semillas nativas y criollas. Florencia Baeza asegura que: «Hacemos nuestra resistencia con los productos criollos. Luchamos para que los campesinos accedan a estos medios para que no anden como esclavos de los agroexportadores. Esta tierra guaraní es de todos los paraguayos, y sólo se estan beneficiando los grandes terratenientes. Ellos son los que ocupan el Senado y la Diputación, y por eso hacen una Ley que a ellos les responde. Por eso nosotros hacemos mucha lucha en la calle, es importante que nos organicemos y defendamos nuestros intereses, nuestra tierra, nuestro viento y nuestra agua.»
Blog del autor: https://terraroja.wordpress.com/
Artículo original publicado en catalán en: http://directa.cat/
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