Los intelectuales indígenas de Oaxaca utilizan el concepto de «Comunalidad» para definir las características de la vida en sus territorios, donde se garantizan las condiciones de reproducción social (alimentación, vivienda, salud, acceso al conocimiento…). Las comunidades zapatistas de Chiapas se aseguran estas necesidades por la vía de la autogestión, sin necesidad de intervención estatal. Pero […]
Los intelectuales indígenas de Oaxaca utilizan el concepto de «Comunalidad» para definir las características de la vida en sus territorios, donde se garantizan las condiciones de reproducción social (alimentación, vivienda, salud, acceso al conocimiento…). Las comunidades zapatistas de Chiapas se aseguran estas necesidades por la vía de la autogestión, sin necesidad de intervención estatal. Pero en Europa los recursos necesarios para la reproducción social están confiados al estado o al mercado, por lo que cada vez son más los movimientos sociales que reivindican su conversión en bienes «comunes». Resume la cuestión el subtítulo del Primer Congreso Internacional de Comunalidad, celebrado en Puebla (México), en octubre de 2015, con la participación del filósofo Luis Tapia Mealla, el escritor y activista Raúl Zibechi, la matemática y filósofa, Raquel Gutiérrez y la activista feminista Silvia Federici, entre otros: «Horizontes políticos más allá del capital».
Resulta muy habitual la confusión entre lo «público» y lo «común», aunque se trate de conceptos diferentes. «Tanto lo privado como lo público pertenecen a los ámbitos de la acumulación y la exclusión, mientras que lo común se sitúa del otro lado», explica Ana Méndez de Andes, miembro del Observatorio Metropolitano de Madrid, colectivo de investigación militante que ha producido textos como «Madrid, ¿la suma de todos?» o la «Carta de los Comunes. Para el cuidado y disfrute de lo que de todos es». Tanto en lo «privado» como en lo «público», añade, hay gente que puede quedar excluida de los bienes esenciales, algo que no podría suceder si se trata de recursos «comunes». Además se tiende a pensar que lo «público-estatal» pertenece a la colectividad, cuando realmente la titularidad corresponde al estado. A lo sumo la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir a unos representantes, que pueden hacer lo que consideren con la propiedad pública, por ejemplo privatizarla. Por el contrario, «lo común es inalienable, no puede venderse», subraya Ana Méndez de Andes.
El economista, miembro de La Hidra Cooperativa y del Observatorio Metropolitano de Barcelona, Mauro Castro, señala tres líneas de lucha por parte de los movimientos sociales. En primer lugar, las que tratan de hacer frente a las privatizaciones, como ocurrió en Italia con la campaña «Acqua Bene Comune», frente a las intenciones de Berlusconi de privatizar el servicio público del agua y el saneamiento. El resultado del referéndum celebrado en junio de 2011 frenó el objetivo de la externalización. En Irlanda han tenido lugar movilizaciones similares contra el cobro del agua como servicio esencial, cuando una de las singularidades de este país era su condición gratuita (financiada mediante el sistema general de impuestos). Otra línea de actuación es la basada en la organización de las «comunidades» para gestionar un servicio del que no se hace cargo el estado. Por ejemplo, las clínicas sociales de Tesalónica y Atenas así como un conjunto de redes de salud pública con médicos y enfermeras voluntarios, asistencia primaria y suministro de medicinas. «Se trata de recuperar la salud pública mediante una estructura alternativa», explica Castro. En tercer lugar, se plantean experiencias de remunicipalización de servicios publicos privatizados, como la red de energía eléctrica de Berlín, en manos de la multinacional sueca Vattenfall. Pero no se trataba simplemente de que el servicio retornara a los poderes públicos, sino de introducir criterios ecológicos, de sostenibilidad y de participación ciudadana en la gestión.
En un contexto de crisis, recortes y privatizaciones, cuando buena parte de la población se ve excluida de los servicios públicos esenciales, la recuperación de los «comunes» adquiere máxima vigencia. Sin embargo, explica Ana Méndez de Andes, «cuando en 2010 empezábamos a hablar de los comunes se nos respondía con incredulidad, incluso los compañeros de los movimientos sociales pensaban que era una utopía, un concepto arcaico y sin aplicación práctica». Uno de los puntos de inflexión se produce en 2011, con la irrupción del 15-M, cuando se toma conciencia de que muchos conflictos tenían como fundamento la «apropiación de la capacidad de reproducción social», subraya la arquitecta urbanista.
Pero la cuestión se retrotrae unos siglos atrás. En «El Capital» Marx ya explicaba que el sistema económico capitalista se basaba en una acumulación originaria de recursos comunes a partir de su privatización. Se trata, en términos del geógrafo marxista David Harvey, de una «acumulación por desposesión» de los bienes públicos que garantizan la capacidad de reproducción del ser humano como especie (agua, tierra, aire, sanidad, educación, espacio público…). En los países del Norte, la noción de «comunes» desapareció y en la práctica estos bienes esenciales se confiaron al mercado y al estado. Pero se trata de un concepto que continúa vivo en numerosas zonas del planeta, por ejemplo, «si en África (también en Asia y América Latina) buena parte de la población sobrevive con rentas tan bajas es porque vive de los bienes comunes», explica Méndez de Andes. Aunque estos recursos no figuren en las cuentas nacionales.
La necesidad de reapropiación de los bienes comunes ha llevado a una proliferación de experiencias y a la búsqueda de referentes para la acción. En un seminario sobre «Devenir común de lo público», organizado en febrero de 2015 por el Observatorio Metropolitano de Madrid, se abordaron ejemplos como el del psiquiatra italiano Franco Basaglia (1924-1980), quien denunció públicamente en los años 70 la situación de los psiquiátricos italianos y encabezó un movimiento por la salud mental. En torno a la institución psiquiátrica, y al enfermo mental recluido, trató de impulsar comunidades de cuidados, en los que participaran familiares y médicos. Otra de las experiencias compartidas en el seminario fue la del «Smarter Building» de Belgrado, en el que se analizan como punto de partida los recursos financieros, suelo y materiales de construcción disponibles para desarrollar una cooperativa que garantice viviendas más baratas. En el ámbito educativo, se informó de la labor desarrollada por el Colegio Público de infantil y primaria «Palomeras-Bajas» de Vallecas (Madrid), que nació en 1969 como un «barracón» de madera al margen de la Administración Publica. Entre las particularidades del centro destacan las asambleas de alumnos que deciden las tareas de la semana o las comunidades formadas por padres, profesores y escolares.
Si a la organización público-estatal se le pueden achacar problemas de recortes, procesos de externalización o toma de decisiones por parte de los expertos, la gestión «comunal» no está exenta de dificultades. Entre otras, destaca el sociólogo Lluis Benlloch, miembro del Estudio de sociología La Dula de Valencia, que trabaja en proyectos de participación ciudadana, «se trata en numerosas ocasiones de experiencias muy locales e insertas en un contexto capitalista, donde existe un grave problema de distribución de la riqueza». En el curso «Comuns urbans» organizado por la Librería Asociativa La Repartidora de Valencia y el Estudio La Dula se han destacado iniciativas como el programa «Mi Salud», que depende de la Generalitat Valenciana, y en algunas de sus líneas de actuación «avanza elementos de gestión comunitaria», informa Belloch. «Desarrollada por médicos, la iniciativa reúne a las asociaciones que trabajan en un barrio y diagnostica los problemas de salud existentes». Otro proyecto de gestión comunitaria se concreta en el Centro Cultural del barrio de Tres Forques (Valencia), cedido por la Administración a la asociación de vecinos y otros colectivos del barrio. En el concepto de «comunes urbanos», explica Lluis Benlloch, «no interesa tanto el espacio -huertos urbanos, fábricas…- como lo que allí dentro se hace en común». El Centro Social Autogestionado L’Horta de Valencia se constituye como un espacio que integra tres ámbitos. La casa «okupada», en la que se organizan charlas, talleres y convocatorias; una guardería autogestionada; y un tercer ámbito dedicado a huertos urbanos, «en el que participa mucha más gente de la que en principio entraría en un centro social okupado», concluye Benlloch.
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