Las protestas que iniciaron en abril a causa del incendio forestal de la Reserva Indio Maíz y que posteriormente aumentaron por las fallidas reformas al Seguro Social, son la sublevación más grande que ha ocurrido durante el mandato del dictador Daniel Ortega. La presión gubernamental provocó la muerte de al menos 325 personas, según datos […]
Las protestas que iniciaron en abril a causa del incendio forestal de la Reserva Indio Maíz y que posteriormente aumentaron por las fallidas reformas al Seguro Social, son la sublevación más grande que ha ocurrido durante el mandato del dictador Daniel Ortega.
La presión gubernamental provocó la muerte de al menos 325 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha encarcelado a más de 500 personas, empujó la cuarta ola de migración de Nicaragua en los últimos cincuenta años y provocó un decrecimiento en la economía del país que se prevé empeore con las recientes sanciones de Estados Unidos hacia el régimen.
Niú hizo un repaso por los acontecimientos más impactantes desde abril hasta diciembre de 2018.
Abril
Protestas por Indio Maíz
El incendio en la reserva Indio Maíz, que inició el tres de abril de 2018, fue catalogado por el ambientalista Jaime Incer Barquero como «la peor catástrofe ecológica del último siglo», pues consumió más de tres mil hectáreas de bosque tropical porque el Gobierno se negó a atenderlo a tiempo. Este siniestro provocó las primeras protestas universitarias al ver que la respuesta oficial lo minimizaba. «Señor, señora no sea indiferente, se quema Indio Maíz en la cara de la gente», fue la consigna que acompañó a los estudiantes que salieron a protestar.
Revolución de abril
Un día después de que las turbas sandinistas vapulearan a los ancianos de León, que protestaron por las reformas al Seguro Social que impuso Ortega y que en la noche de ese 18 de abril golpearan y robaran a periodistas, estudiantes y ancianos que se manifestaron en Camino de Oriente, estudiantes de Universidad de Ingeniería (UNI) y de la Universidad Politécnica (Upoli) se tomaron sus recintos. Fue entonces que la represión inició.
Ese 19 de abril el Gobierno ordenó a los antimotines que recuperaran el control de las calles y de los recintos universitarios y fue entonces que murieron por impacto de balas las primeras tres personas.
Ortega se retracta de las reformas al Seguro Social
En un intento por parar la sublevación que inició el 18 de abril y se expandió por todo el país, Daniel Ortega, anunció el 22 de ese mes, en cadena nacional que derogaba las reformas al Seguro Social. Para entonces, más de treinta personas habían muerto durante los ataques de policías a civiles, incluido los asesinatos al periodista Ángel Gahona y de Álvaro Conrado, el primer adolescente muerto en las protestas.
La primera gran marcha
El 23 de abril ocurrió en Managua la primera gran marcha en contra de la dictadura desde que Ortega regresó al poder en 2007. Las protestas para entonces ya no eran por el Seguro Social, los manifestantes se tomaron las calles exigiendo el fin de la dictadura. Esa marcha también fue una prueba de que la relación entre Ortega y la empresa privada se había roto. La ruta de esa marcha fue de la rotonda de Metrocentro hasta el portón de la Universidad Politécnica donde estaban atrincherados los estudiantes.
Mayo
Se levantan tranques y barricadas
Ante los ataques de los paramilitares y policías la población que se bautizó como «autoconvocada» comenzó a levantar tranques y barricadas en las ciudades y departamentos del país. La Policía hizo varios intentos por quitar los tranques, pero no tuvo éxito. Sin embargo, ante estos ataques la cifra de muertos aumentó drásticamente. En las primeras semanas de mayo también hubo en Managua, Ciudad Sandino, Carazo y Rivas paro de taxis.
Ortega permite ingreso de la CIDH
Después de múltiples presiones el Gobierno de Daniel permitió el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo arriba al país el 16 de mayo, un día después del inicio del Diálogo Nacional. Semanas después Ortega reconoce ante esta organización por primera vez que desde el 18 de abril al 22 de mayo han muerto 76 personas.
Diálogo Nacional
Después de tres semanas de protestas y más de cincuenta muertos, Daniel Ortega acepta unirse al Diálogo Nacional con miembros de la sociedad civil que propuso la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Sin embargo, Ortega solo acudió a la primera sesión en la que fue encarado por estudiantes, quienes le leyeron la lista de muertos hasta esa fecha. Por su parte, el Gobierno se encargó de exigir que los tranques que los campesinos habían levantado en varias partes del país fueran levantados.
Luto en Día de la Madre
Miles de nicaragüenses marcharon el Día de la Madre juntos a las mamás de los jóvenes que habían sido asesinados a manos de la Policía Nacional en las protestas. Esa marcha fue bautizada como «la madre de todas las marchas». Sin embargo, cuando estaba a punto de concluir, antimotines que se instalaron en el Estadio Nacional atacaron la marcha y provocaron la muerte de ocho personas, entre ellas la del adolescente de 15 años, Orlando Córdoba, quien marchó ese día junto a su mamá. Más de cinco mil personas se tuvieron que refugiar en la Universidad Centroamericana. Todo esto ocurrió mientras Daniel Ortega se reunía con sus bases en la rotonda Hugo Chávez.
Junio
Masaya atacada y un nuevo repliegue
El dos de junio, el régimen de Daniel Ortega atacó Masaya. Junior Gaitán, un adolescente de 15 años, fue uno de los seis asesinados en esa ciudad. A Junior le disparó una oficial a quemarropa, a pesar de que imploró por su vida. El secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, señaló que la violencia había escalado en Nicaragua así como la aparición «de nuevas prácticas represivas» que no habían documentado. «Hay un escalada de violencia. Confirmamos 76 muertos al salir del país, y ahora hay 127 y más de mil heridos», informó Abrao en ese momento.
El 21 de junio, el cardenal Leopoldo Brenes, monseñor Silvio Báez y el nuevo Nuncio Apostólico, Waldemar Stanilaw, junto a sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua, se movilizaron en una caravana. Su misión: frenar un ataque inminente. Cientos de ciudadanos salieron de sus casas con banderas azul y blanco agradeciendo la presencia de los religiosos.
Tranques se intensifican en todo el país
Ante los abusos del régimen de Daniel Ortega contra la población nicaragüense, «la única salida» que ha quedado «son las calles», aseguró por esos días Medardo Mairena, líder campesino anticanal, ahora encarcelado.
El cinco de junio varios municipios del país amanecieron con tranques escalonados y llamando a la población a sumarse a las protestas. León, Carazo, Matagalpa y Rivas son algunos de los departamentos que mantenían barricadas exigiendo la renuncia de Ortega. Días después, un grupo de comerciantes del Mercado Oriental, decidió declararse en «desobediencia civil».
Queman a familia en barrio Carlos Marx
Cuatro adultos y dos niños murieron calcinados en incendio provocado por policías y paramilitares. El video de Cinthia López, la única sobreviviente, se viralizó cuando en llantos denunció que habían quemado su casa y a toda su familia. «A mis padres los mataron, los quemaron… pero maldigo a Daniel Ortega y a toda su familia y a toda su descendencia, los maldigo», expresó.
Los cuerpos de Oscar Pavón, su padre; Maritza Muñoz, su madre; Alfredo Pavón, su hermano; Ángela Raudez, su cuñada, y Matías y Daryelis Pavón Raudez, sus sobrinos de cinco meses y dos años, fueron enterrados en el cementerio Milagro de Dios. La indignación nacional e internacional creció.
El ataque a la «Marcha de las flores»
Miles de ciudadanos salieron a las calles para participar en la «Marcha de las flores», concebida para honrar la memoria de una veintena de menores fallecidos producto de la represión del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La jornada terminó con diez heridos de bala y un fallecido luego que una parte de la marcha pacífica fue agredida a balazos.
Julio
Inicia la brutal operación limpieza
El tres de julio el régimen inició la llamada «operación limpieza» en La Trinidad, Estelí. Decenas de oficiales de la Policía Nacional y grupos paramilitares desmantelaron los tranques del pueblo y atacaron a los manifestantes que intentaron hacer resistencia. Producto de la brutal represión al menos nueve personas resultaron heridas. Solo era el inicio de lo peor. El ocho de julio, durante más de diez horas atacaron tranques de Diriamba, Dolores y Jinotepe, desalojaron a cientos de camioneros varados y desataron una terrible cacería contra la población. Cuando el sonido de las balas cesó, comenzó el recuento de los casi 25 asesinados.
El 17 de julio el régimen de Daniel Ortega lanzó una ofensiva armada contra Masaya, específicamente en el barrio indígena de Monimbó, epicentro de la resistencia contra la dictadura. Comisionado Avellán declaró: «La orden de nuestro presidente y de la vicepresidenta es ir limpiando las calles. Vamos a cumplirla. ¡Al costo que sea!»
Los primeros sancionados
El Departamento de Estado norteamericano anunció este mes nuevas sanciones de la Ley Global Magnitsky Act contra tres altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega por violar los derechos humanos y estar involucrados en actos de corrupción.
Los sancionados fueron el comisionado general Francisco «Paco» Díaz, director de facto de la Policía Nacional; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, y Francisco «Chico» López, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del FSLN.
En respuesta, este mes la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional aprobó dos leyes que, a juicio de expertos en derecho consultados serían usadas como un arma para perseguir y criminalizar a ciudadanos, opositores, empresarios, y organizaciones sin fines de lucro que apoyen o realicen donaciones a alguna campaña cívica para defenderse del régimen autoritario de Daniel Ortega.
Ataque a los obispos
El nueve de julio turbas y paramilitares del régimen de Daniel Ortega agredieron a golpes a obispos de la Iglesia católica, defensores de derechos humanos y a periodistas independientes, quienes viajaron a Diriamba, a participar en una misión de los religiosos para mediar ante los ataques perpetrados en Carazo.
El cardenal Leopoldo Brenes dijo que llegaron a Diriamba «en una acción violenta», como los acusaban las turbas del Gobierno que espetaban sobre ellos insultos y acusaciones de «mentirosos y asesinos». Monseñor Silvio Báez fue herido en el brazo derecho en medio del caos violento registrado en la Basílica Menor de San Sebastián, que fue justificado por la esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo, como una expresión de «cristianismo».
Brutal ataque a la UNAN
El régimen de Ortega lanzó un brutal ataque el 13 de julio con fuerzas policiales y paramilitares para desalojar a los jóvenes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), mientras estos estaban negociando la entrega del recinto a cambio de garantías.
El operativo militar, que duró más de doce horas, continuó contra la iglesia Divina Misericordia, donde se refugiaron varios estudiantes. En ese ataque murió el joven Gerald Vázquez de un disparo en la cabeza. También falleció de disparo de bala el estudiante José Flores, y otros dieciseis jóvenes resultaron heridos.
Agosto
Aumenta la lista de presos políticos y miles salen a las calles
El 12 de agosto miles salieron a las calles para exigir la liberación de los presos políticos. En ese momento las listas preliminares de organizaciones de derechos humanos perfilaban a más de 200 reos, en su mayoría activistas, dirigentes y ciudadanos que participaban en las protestas contra el Gobierno.
A lo largo de ese mes, semanalmente se convocaban manifestaciones cívicas en solidaridad a los presos políticos, que su vez eran asediadas por la Policía Nacional y grupos paramilitares. Hoy la lista asciende a los 565, según Cenidh.
Declaran culpables a los primeros presos políticos
Los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate fueron declarados culpables el 28 de agosto, convirtiéndose así en los primeros presos políticos procesados por el Gobierno de Daniel Ortega. A los jóvenes se les acusó de haber asesinado al periodista Ángel Gahona mientras cubría una protesta en Bluefields. El Ministerio Público pidió la pena máxima por cada delito imputado: 25, 20, 1 y 2 años respectivamente y falló en contra de ellos, a pesar que no se pudo probar los hechos.
Los abogados defensores señalaron una serie de inconsistencias en el caso de los dos jóvenes, que además fueron los primeros rostros públicos de la lucha por la liberación de los presos políticos.
Redada masiva de manifestantes
Policías y paramilitares atacaron una caravana «azul y blanco» en Granada. Simultáneamente, unos 20 miembros de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia fueron capturados en Carazo por la Policía Nacional. Horas después fueron liberados por la presión ciudadana y negociaciones por parte de defensores de derechos humanos.
Luego se conoció que en la ciudad de León fueron detenidos seis universitarios que se dirigían a una marcha en esa ciudad: Yaritza Mairena, Levis Artola, Victoria Obando, Byron Estrada, Luis Quiroz y Nahiroby Olivas. Actualmente se les acusa de terrorismo, portación ilegal de armas y de ser los responsables de la quema del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), donde murió calcinado Cristian Emilio Cadena.
Daniel Ortega expulsa a la misión de la ONU de Nicaragua
El 31 de agosto, el Gobierno de Daniel Ortega expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que estaba en el país para constatar la situación de los derechos humanos.
La misión había llegado el 26 de junio para acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional. Esa semana, la Oficina del Alto Comisionado publicó un demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país en el contexto de las manifestaciones y la represión desatada por el Gobierno.
En dicho informe se detalló el uso de la «fuerza letal» y la presencia de grupos paramilitares contra las «amenazas no letales» de los nicaragüenses que protestaban cívicamente.
Septiembre
Tercer paro nacional por los presos políticos
El siete de septiembre se llevó a cabo el tercer para nacional convocado por la Alianza Cívica, con el fin de demandar la liberación de los presos políticos. En distintos departamentos del país, la mayoría de las gasolineras, supermercados, bancos y centros comerciales se unieron a la convocatoria del sector privado.
La capital amaneció parcialmente paralizada y con bastante presencia policial. No obstante, el transporte público decidió no unirse al paro. Este ha sido el último paro convocado por el sector empresarial en ocho meses de protestas ciudadanas.
Más médicos despedidos
El régimen de Daniel Ortega se ensañó con los médicos humanitarios que atendieron a los heridos de las protestas. La administración de los hospitales San Juan de Dios, Pedro Altamirano y del centro de salud Leonel Rugama, en la ciudad de Estelí, despidió a más de diez doctores «por motivos políticos».
El grupo de médicos denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que los relevan de sus cargos por «cobros en consultas, abandono de turnos, vestimenta inapropiada», pero ellos señalan que son falsas acusaciones.
Además de doctores y enfermeras, el régimen comenzó a despedir a docentes y trabajadores del Estado que habían apoyado las protestas contra Ortega y Murillo. El despido masivo del personal médico se extendió durante los siguientes meses.
Matt Romero, la víctima 325 de la represión
La marcha «Somos la voz de los presos políticos», convocada para el 23 de septiembre, fue atacada por paramilitares y simpatizantes del Gobierno. En el ataque murió Matt Romero, que se convertiría en la víctima 325 de la represión. También resultaron heridas al menos cinco personas, entre ellos periodistas.
Matt Andrés Romero fue herido en la calle El Tamarindo, en las Américas 3, luego de que los autoconvocados intentaron responder el ataque con piedras y morteros. El joven fue auxiliado de inmediato y luego trasladado al Hospital Alemán Nicaragüense, donde fallecería.
Daniel Ortega declara «ilegales» las marchas
A través de una orden policial que amenazó con procesar a las personas y organismos que convoquen a las manifestaciones, los protestas fueron declaradas «ilegales» el 29 de septiembre, en la víspera de una marcha denominada «No tenemos presidente».
En un comunicado, la Policía responsabilizó de las muertes ocurridas este mes a los movimientos que convocaron las marchas. Este ha sido uno de los últimos recursos, junto a al encarcelamiento masivo de disidentes, para acallar toda manifestación contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Octubre
Se crea la Unidad Nacional Azul y Blanco
El 4 de octubre, empresarios, universitarios, activistas de derechos humanos, campesinos, políticos, feministas y movimientos de todo el país formaron la Unidad Nacional Azul y Blanco, para combatir la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre los representantes de este nuevo movimiento están miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Coalición Universitaria, Articulación Feminista, Mesa Nacional LGTBI Nicaragua, entre otros.
Dentro de esta unidad existen 43 organizaciones que apuestan a la reinstarauración del Diálogo Nacional para acordar términos de transición democrática. Entre las acciones que han tomado están los paros de consumo, vestirse de blanco para estos ocho meses y plantones relámpagos en centros comerciales.
Un nuevo éxodo
Debido al alto nivel de persecución que han tenido actores importantes dentro de la revolución pacífica que inició el 18 de abril, agentes importantes como la líder del Movimiento Campesino, Francisca Ramírez, Mónica Baltodano López y el defensor de derechos humanos Álvaro Leiva, han tenido que exiliarse en Costa Rica.
Costa Rica concedió su primer asilo político a Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro de los Derechos Humanos. Además de él, miles de nicaragüenses han tenido que exiliarse porque son víctimas de persecución por parte de la dictadura.
Detienen a 38 personas en un plantón en Camino de Oriente
38 personas fueron secuestradas el 14 de octubre, luego que una redada de antimotines se abalanzaron contra un grupo de no más de cincuenta personas en las afueras de Camino de Oriente, donde empezó todo hace ocho meses.
Entre las personas detenidas estaba José Dolores Blandino, consuegro de Daniel Ortega, Marlen Chow, precursora del #PicoRojo, integrantes de movimientos feministas como Ana Lucía Dávila e integrantes del Movimiento Renovador Sandinista como Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil.
Golpean a presas políticas
Familiares de presas políticas denunciaron antes los medios de comunicación que el día 26 de octubre un grupo de al menos veinte hombres, armados con cachiporras, ingresó a la cárcel de mujeres La Esperanza para trasladar a la líder de los comerciantes, Irlanda Jeréz, pero las demás presas políticas que estaban en la celda se opusieron y fueron golpeadas.
Después de la agresión a las presas políticas una delegación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) intentaron ingresar al penal La Esperanza para corroborar el estado de salud de las presas políticas, pero les fue negado el acceso.
Noviembre
Régimen militariza cementerios
La presencia policial dentro de los cementerios a lo largo del país, alarmó a las personas que llegaban a dejar flores a la tumba de sus seres queridos. El cementerio Milagro de Dios donde están sepultados algunos de los caídos a manos del régimen de Daniel Ortega, se vistió de globos azul y blanco para recordar a los asesinados.
Los presentes en ese cementerio, fueron testigos de la quinta vez en la que la Policía Nacional detuvo al maratonista Alex Vanegas, que permanece detenido a pesar de tener una orden judicial que ordena su liberación.
Policías dentro de los centros comerciales
Luego de la iniciativa de crear protestas relámpagos dentro de los centros comerciales de Managua para exigir la liberación de todos los presos políticos, decenas de agentes de la Policía Nacional se metieron a esos negocios privados alegando que brindaban seguridad por el pago del aguinaldo.
Durante el «Plan Especial de Seguridad» que tenían los agentes policiales, resultaron arrestados dos ciudadanos dentro del centro comercial Galerías Santo Domingo. La administración del centro comercial, afirmó durante un comunicado que no habían solicitado la presencia de la fuerza pública y que esas acciones no se habían realizado «bajo el consentimiento de los propietarios y la administración» del centro comercial.
Niegan permiso a marchas pacíficas
Durante el inicio de la cuarta ola de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se le negó el permiso a la Unidad Nacional Azul y Blanco y a grupos feministas quienes se dispusieron a pedir de manera formal ante la Policía Nacional una orden que los dejara marchar pacíficamente por las calles de la capital.
La policía dejó claro que «no autoriza ni autorizará» movilizaciones públicas convocadas por personas ligadas a lo que denominan como «golpistas».
Sancionan a Rosario Murillo
El mes de noviembre cerró con sanciones a la vicepresidenta Rosario Murrillo y a un colaborador cercano a la pareja presidencial Néstor Moncada Lau, agregándolos a la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). A su vez, el presidente de los Estados Unidos, calificó la crisis que sucede actualmente en Nicaragua como «una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional».
Murillo y Moncada no podrán entrar a Estados Unidos y tiene prohibido hacer transacciones con empresas y ciudadanos estadounidenses.
Diciembre
Persiguen a varias ONG
La aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional canceló las personerías jurídicas a nueve organizaciones sin fines de lucro, y allanó las oficinas de varias de ellas. El Instituto de Estudios Estrátegicos y Políticas Públicas (Ieepp),el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el organismo Hagamos Democracia, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Fundación Popol Na, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Fundación del Río, el Instituto de Liderazgo de las Segovias y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Organismos de derechos humanos internacionales y varios países de América Latina y Europa condenaron el cierre de espacios ciudadanos por parte de la dictadura Ortega-Murillo.
Ataque a prensa independiente
Menos de 24 horas después del violento asalto policial y saqueo a las empresas que producen Confidencial, Esta Semana, Niú y Esta Noche, la Policía Nacional ocupó las instalaciones, el 14 de diciembre, ordenando el retiro de los guardas de seguridad e instalando media docena de oficiales armados dentro del edificio, donde permanecen hasta la fecha sin brindar explicaciones.
Carlos Fernando Chamorro, director de estos medios, junto al equipo de periodistas presentaron recursos de amparo y denunciaron el asalto. Durante una de las denuncias fueron golpeados por decenas de antimotines. El hecho provocó una ola de solidaridad a nivel internacional que condena el cierre de espacios. Durante los ocho meses de protestas, la dictadura ha asediado e incluso quemado varios medios de comunicación.
Una semana más tarde, la Policía ordenó el cierre del canal 100% Noticias, ocupando también sus instalaciones y secuestrando a su director, Miguel Mora, y su jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, ambos ahora procesados por delitos fabricados de «incitación al odio y la violencia». La justicia orteguista también giró orden de captura contra los periodista Luis Galeano y Jackson Orozco, y el comentarista Jaime Arellano, que han abandonado el país para protegerse de la persecución orteguista. El canal de noticias que transmitía 24/7 permanece cerrado y sus instalaciones fueron selladas con láminas de zinc por policías que permanecen apostados fuera del lugar.
Expulsan a GIEI y al Meseni
La dictadura de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que instaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la masacre ocurrida durante las protestas, un día antes que presentaran su informe final sobre la crisis que vive Nicaragua.
«Meseni seguirá funcionando desde nuestra sede», aseguró en Twitter el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrão, quien compartió un comunicado de la institución en la que lamentaba el anuncio del Ejecutivo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Además de la salida del Meseni de forma temporal, la dictadura también comunicó la «expiración del plazo, objetivos y misión» del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Trump aprueba Nica Act
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de diciembre la Nica Act, que establece duras sanciones políticas y económicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.