Al aceptar la derogación de dos de los decretos que encendieron un sangriento conflicto indígena en la región de Amazonas, el gobierno de Perú demostró que esas normas no eran, como alegaba, una exigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, apuntan analistas y críticos.
Lima escuchó parcialmente el reclamo indígena y anunció el martes que presentará un proyecto para derogar los dos principales decretos cuestionados, el 1.090 y el 1.064, que promueven la explotación de recursos naturales en la Amazonia y que son considerados inconstitucionales por legisladores, juristas y organizaciones nativas.
El primer ministro Yehude Simon señaló a la prensa que «el TLC no corre ningún peligro con ello» y señaló su compromiso de pacificar el país, tras lo cual abandonaría el gabinete.
Con ese paso se contribuyó a calmar en algo los ánimos.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que condujo desde el año pasado la campaña contra esas reformas, reconoció el martes en un comunicado la nueva actitud del Poder Ejecutivo y «su proclamada voluntad política de resolver» sus demandas.
Además, la Aidesep resaltó «el sacrificio y la firmeza de las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonia por el logro de estos reconocimientos» y pidió el cese del estado de emergencia en las zonas afectadas y la creación de una comisión de la verdad para investigar las muertes de al menos 34 personas –incluyendo 24 policías, cinco indígenas y cuatro mestizos– en la provincia nororiental de Bagua, Amazonas.
La Aidesep reclama también que cesen las incursiones del ejército y los sobrevuelos en las comunidades, y que se retiren las denuncias penales contra sus dirigentes regionales y nacionales, se brinde atención humanitaria y se reivindique y repare la dignidad de los heridos y deudos de los fallecidos en los enfrentamientos.
Además, el martes llegó a este país el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Pero el cuerpo legal que dio origen al conflicto subsiste.
El Poder Ejecutivo aprobó un centenar de normas en junio del año pasado, en el marco de las facultades legislativas que le había otorgado el Congreso legislativo en diciembre de 2007 para implementar el TLC.
En diciembre de 2008, una comisión multipartidaria del parlamento determinó que el gobierno se había excedido en el uso de esas facultades, decretando por ejemplo algunas normas que contravenían el derecho consagrado a la consulta previa a las comunidades para disponer acciones que afecten sus territorios.
Los decretos 1.090 y 1.064 modifican el régimen de manejo forestal y el uso de tierras agrarias, vulnerando la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmaron los legisladores.
En opinión del analista de políticas y legislación ambiental Alberto Barandiarán, el gobierno «ha dejado en evidencia que estos decretos no eran necesarios para el TLC con Estados Unidos, y que solo aprovechó la situación para promover un modelo económico que privilegia la inversión privada».
Según dijo el experto a IPS, el Ejecutivo modificó el marco legal para el acceso y uso de los recursos naturales de la Amazonia no sólo en un decreto o dos, sino «diseminando esos propósitos en varias normas», por lo menos 10 relativas a la selva, «que han complicado el análisis» y la búsqueda de «una solución».
En 2007, el gobierno de Alan García había pretendido abordar todos esos aspectos en un único proyecto de ley de promoción de inversión privada en la Amazonia. Ante el rechazo que despertó en el Congreso, el Ejecutivo solicitó la delegación de facultades parlamentarias para realizar las reformas necesarias a la aplicación del TLC.
Las líneas maestras del plan habían sido expuestas por García en dos artículos que publicó en el periódico El Comercio, en octubre y noviembre de 2007, en los que calificaba a los críticos de la inversión privada como «perros del hortelano», que no comen ni dejan comer, y consideraba ociosas las tierras amazónicas porque «el dueño (el comunero) no tiene formación ni recursos económicos».
El decreto 1.090, suspendido desde el lunes 8 y por 90 días por el Congreso, modificó la ley de flora y fauna silvestre, abriendo la posibilidad de cambiar el uso de tierras forestales para otros fines, como explotación de hidrocarburos.
Su aplicación entrañaría que 60 por ciento de los bosques primarios, unas 45 millones de hectáreas, dejarían de ser patrimonio forestal y podrían ser vendidos. Las concesiones petroleras y gasíferas ya cubren más de 70 por ciento del territorio amazónico.
Para aplicarlo se requiere del decreto 1.064, que dejó sin efecto la ley de tierras de 1995. Éste último, según Barandiarán, es más lesivo por lo que deroga que por sus nuevas disposiciones.
Por ejemplo, la ley anterior contemplaba dos opciones para autorizar el desarrollo de las industrias extractivas: la negociación directa con las comunidades y el proceso de servidumbre.
La servidumbre permitía que la empresa solicitara un permiso al sector competente del gobierno central para ejercer su actividad en cierta zona por un período determinado, a cambio de una compensación a las comunidades dueñas de las tierras.
El decreto 1.064 eliminó esa modalidad que, si bien era criticada, representaba al menos un mecanismo para que las poblaciones locales expresaran su posición, indicó el experto.
Sin la servidumbre, quedó un vacío legal que las empresas pueden aprovechar para solicitar el cambio de uso de tierras forestales para cualquier actividad o para «apelar al derecho de desbosque, es decir que se tale una determina zona para desarrollar la minería o los hidrocarburos», expuso Barandiarán.
En su opinión, «las comunidades cuestionan principalmente que no se respete su visión de desarrollo y su opinión», quitándoles la garantía de la consulta, contemplada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
La Defensoría del Pueblo (ombudsman) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 1.064, alegando que vulnera derechos de identidad cultural, de propiedad de la tierra y de consulta previa a las comunidades nativas, consagrados en la Constitución y en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por este país.
Además, la ley de tierras, por ser orgánica, sólo podía ser derogada por la mitad más uno de los miembros del parlamento, y no por un decreto del Poder Ejecutivo.
La dirigencia indígena cuestionó en total 10 decretos legislativos. Si bien la comisión del Congreso los había considerado inconstitucionales en diciembre, el bloque oficialista se negó a tratar su derogación, llevando a las organizaciones nativas a retomar sus protestas en la primera semana de abril, bloqueando carreteras, puertos fluviales y estaciones de bombeo de gas y petróleo.
En agosto de 2008, los nativos amazónicos ya se habían conseguido derogar otras dos de esas normas, los decretos 1.015 y 1.073, que habilitaban la venta de tierras comunales autorizada apenas con los votos de la mitad más uno de los asistentes a una asamblea comunitaria.
Los acontecimientos prueban que «el proyecto político de García, sustentado en la inversión privada a toda costa, ha entrado en crisis. La derogatoria de estos decretos es un primer paso, pero no la solución», dijo a IPS el historiador Nelson Manrique, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Pero, además, se ha instalado la sospecha.
Algunos decretos, como el 994, son rechazados sobre todo por temor, dijo a IPS el especialista en recursos naturales Laureano del Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales.
Ese decreto promueve inversiones en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola en tierras eriazas que se ubican sobre todo en la costa y no en la Amazonia, señaló el estudioso.
Pero, «como el gobierno siempre ha manipulado la entrega de tierras en la selva, hay mucha desconfianza», aseguró el especialista.