Desde el 7 de febrero, fecha en que según informes totalmente ignorados por los grandes medios informativos más de 100.000 personas se manifestaron en varias ciudades de Haití por la retirada de las tropas de la ONU, esta parece haber puesto en marcha de forma frenética una serie de operaciones cuyo objetivo último parece ser […]
Desde el 7 de febrero, fecha en que según informes totalmente ignorados por los grandes medios informativos más de 100.000 personas se manifestaron en varias ciudades de Haití por la retirada de las tropas de la ONU, esta parece haber puesto en marcha de forma frenética una serie de operaciones cuyo objetivo último parece ser el de castigar a los que participaron en esas manifestaciones, básicamente la población pobre del país, y justificar una nueva extensión del mandato de la ONU, que expira el 15 de febrero.
El director del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, Brian Concannon, afirmó recientemente que las últimas incursiones de la ONU en el barrio de chabolas de Cité Soleil, en la capital haitiana, podrían ser descritas como una forma de «castigo colectivo». Según Concannon «es difícil no advertir una relación entre las grandes manifestaciones ocurridas en Cite Soleil y los barrios que la ONU ha seleccionado para realizar extensas operaciones militares». Lo poco que ya sabemos sobre las actuaciones que la ONU ha llevado a cabo dentro de Cite Soleil tras las manifestaciones del 7 de febrero parece confirmar plenamente esa hipótesis.
Ya al día siguiente el portavoz adjunto de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), Jean-Jacques Simon, declaraba que «los bandidos armados que operan en la capital haitiana continúan recibiendo financiación, armas y municiones cuya procedencia sigue sin conocerse». Añade: «hemos sido víctimas de numerosos ataques, pero afortunadamente no hemos tenido heridos. Las bandas tienen acceso a municiones increíbles», afirma sin aclarar como es posible que tras esos «numerosos ataques» con tales «municiones increíbles», las fuerzas de la ONU no hayan tenido un único herido. Según Simon, las presuntas pandillas criminales están aglutinándose justamente en Cite Soleil, que casualmente también el centro de la resistencia a la ocupación de la ONU, y dónde presuntamente se estarían intensificando los ataques contra los cascos azules. «Por un simple ataque, los cascos azules han recibido millares de disparos», como ya hemos visto sin una única víctima. «Eso significa que las pandillas siguen recibiendo financiación», puesto que «continúan contando con toda la munición que quieran». No obstante el tamaño aparentemente inagotable de esas municiones, Simon se declara incapaz de precisar su procedencia y qué grupos estarían financiando esas presuntas actividades criminales, a pesar de que la misión principal de la ONU en Haití sería justamente la de proteger a la población contra ese tipo de actividades.
Simon, como se podría prever, no olvida mencionar las manifestaciones contra la MINUSTAH del día anterior. Según Simon, las bandas «utilizan a los manifestantes como subterfugio para ejecutar sus planes», sin aclarar qué tipos de planes se pueden llevar a cabo de esa forma. Lo que sí queda claro, a juzgar por la forma como la ONU viene justificando los «daños colaterales» ocasionados por sus actuaciones, es que con esas palabras Simon está abiertamente advirtiendo a la población haitiana que en futuras manifestaciones la ONU se reserva el derecho de disparar contra los manifestantes, con el pretexto de que esa forma estará combatiendo a los pandilleros que presuntamente los utilizan «para sus planes».
El día siguiente, 9 de febrero, la ONU reafirma en un comunicado su «voluntad de poner fin a la violencia organizada procedente de las pandillas armadas de Haití». El general brasileño Carlos Alberto dos Santos Cruz, comandante de la fuerzas de la MINUSTAH, declara que «no tendremos ninguna tolerancia con los secuestros, acosos o terror que llevan a cabo las pandillas delictivas». Y asegura: «continuaré limpiando estas áreas de esas pandillas que le roban a la gente su seguridad»
Estas ominosas palabras, pronunciadas por un general de las fuerzas armadas de Brasil, merecen algunos comentarios. Es irónico que haya encargado justamente al ejército de Brasil la tarea de liderar los trabajos para instaurar la paz en los barrios pobres de Haití. Veamos las palabras de un investigador brasileño, Marcelo Freixo, profesor de Historia y ahora también diputado estadual en Rio de Janeiro, acerca de la ocupación militar de los barrios de chabolas, o «favelas», de Rio, llevada a cabo poco antes de las elecciones presidenciales del pasado año en Brasil:
«La acción militar en las favelas de Rio de Janeiro es extremadamente arbitraria. En primer lugar porque se hace uso de un instrumento legal llamado mandato de busca genérico, lo que hemos venido denunciando en Rio desde hace mucho tiempo como un instrumento usado por la policía para criminalizar a la pobreza. El ejército también está utilizando ese mecanismo jurídico es sus actuaciones. El gobierno de Lula se ha pasado 4 años sin cumplir el Plan Nacional para la Seguridad Pública, que prevé una serie de actuaciones que parten del principio de la protección a las comunidades, y no de la seguridad de la sociedad frente a esas comunidades. Ahora, al final de la presente legislatura, el ejército se pone en acción de forma torpe y atolondrada por un motivo ínfimo, pequeño, en una acción desnecesaria que es proporcionalmente mayor que la que se está llevando a cabo en Haití. Un concepto de seguridad que se refuerza con un procedimiento en el que las favelas constituyen el espacio ocupado por el enemigo público, un espacio de ausencia de derechos que viene a representar el desorden, la inseguridad, hasta tal punto que se ha llegado a colocar un tanque de guerra apuntando contra una comunidad. Quizá no estuviera cargado. Pero el instrumento de opresión es enorme. Una operación así criminaliza a toda una comunidad e incrementa la segregación que ya existe en una sociedad que es profundamente desigual. Eso es en verdad un acto para la manutención de un orden basado en el temor de una sociedad, que se siente mejor protegida con tanques que con la ampliación de los derechos, y que de esa forma determina el símbolo de la inseguridad: el joven pobre y negro que vive en la favela. La actuación admisible aquí sería la de una política de seguridad pública incluyente. El estado tiene que estar presente con políticas sociales dentro de las favelas. Hoy sus residentes son víctimas del tráfico de drogas, de la policía, y más aún de la lógica de unos medios informativos que provocan que esas comunidades acaben transformándose en el foco de referencia de toda la inseguridad que reina en Rio de Janeiro.»
Al parecer esa misma lógica es la que está guiando las actuaciones de las fuerzas de la ONU en Cite Soleil. En la madrugada de 9 de febrero la MINUSTAH decide lanzar una operación «a gran escala», según un comunicado de prensa de la ONU, denominada «Operación Jauru Sudamericana», e invade Cite Soleil con más de 700 cascos azules, 40 tanques, y varios helicópteros. El operativo establece un «cordón de seguridad en torno al área de Boston», donde el 2 de febrero pasado fueron muertas dos hermanas, de 4 y 7 siete años, a causa de los impactos de proyectiles lanzados durante una incursión de las fuerzas de la ONU en la zona. El objetivo del operativo sería el de desalojar de Boston a los miembros de una supuesta pandilla armada. El barrio de Boston queda así aislado por un «perímetro de seguridad» para impedir, según la ONU, que los miembros de la pandilla puedan fugarse. También informan que «mientras que los cascos azules estaban llevando a cabo su operación en Cite Soleil, los vecinos (miembros de la población civil) trataban de huir del mayor barrio de chabolas del país, mientras otros se veían impedidos de entrar», provocando así protestas que exigían «la retirada de la MINUSTAH de Haití», y que los cascos azules replicaron con el lanzamiento de gas lacrimógeno. Se habla de una manifestación paralela de 200-300 personas contra las fuerzas de la MINUSTAH.
Las actuaciones de las fuerzas de la ONU en los barrios pobres de Puerto Príncipe suelen dejar tras de sí varios muertos, que según la ONU serían todos «bandidos», a pesar de que entre las víctimas se encuentran niños y mujeres embarazadas. La evidencia de esos hechos, recogidas por reporteros independientes, ha forzado la ONU a reconocer que ha habido «daños colaterales», pero insiste en que la mayoría de los muertos son bandidos. Conviene de nuevo ver lo que nos cuenta Marcelo Freixo sobre un fenómeno similar en Brasil:
«En 2003 la policía mató a 1.195 civiles [en Rio de Janeiro], un récord. Todos con registro de auto de resistencia, o sea personas que la policía mató y registró como si hubieran muerto en una confrontación o resistiendo a una orden de detención. En 2004 hubo un pequeño decremento, fueron 1.094. En 2005 la policía siguió manteniendo una media de 3 personas muertas por día, supuestamente durante disputas… Incontables investigaciones… muestran que la mayor parte de esos autos de resistencia se refieren, en verdad, a ejecuciones sumarias… Tenemos la policía que más mata en el mundo, y debemos preguntarnos si es eficaz. Los índices de criminalidad y la percepción de la población de Rio muestran que no… [La] justificativa permanente [para las muertes], que consolida lo que llamamos la criminalización de la pobreza, [es la de que todos son bandidos]…. Cualquier persona muerta en las favelas – jóvenes, negros, gente con baja escolaridad y pobres – en la versión de la policía es inmediatamente registrada como un traficante con quien se entró en confrontación».
De forma análoga, la MINUSTAH suele declara tras sus incursiones que los muertos son todos bandidos. El balance de víctimas de la Operación Jauru Sudamericana aún no se conoce, pero ya el 9 de febrero la ONU misma ya hablaba de tres muertos y siete heridos. Según nos informa AlterPresse «siempre se da el caso de que las manifestaciones de los partidarios de Lavalas, como las del miércoles 7 de febrero, para exigir el retorno físico a la república caribeña del ex presidente Jean Bertrand Aristide, parecen coincidir con un recrudecimiento de las acciones de secuestro en el área metropolitana de Puerto Príncipe, que disminuyeron por un tiempo en diciembre de 2006». Muchos sospechan que esas olas de secuestros estén siendo fomentadas por sectores contrarios a la retirada de las tropas de la ONU.
Se han alzado voces que pretenden prorrogar el mandato de la ONU por lo menos hasta 2011, año en el que termina también el mandato del actual presidente Préval. Es de suponer que hasta esa fecha la MINUSTAH haya logrado finalmente instaurar la violencia y la desolación en los barrios pobres de Haití, según el modelo brasileño, de tal manera que imposibilite cualquier forma de organización popular y doblegue de una vez por todas una resistencia que comenzó con la lucha por la independencia de Haití, hace más de 200 años, y que no ha cesado hasta nuestros días.