Varios observadores de la crisis permanente de Haití ya habían advertido que las elecciones legislativas que tenían que desarrollarse el 9 de agosto de 2015, eran una farsa programada fundamentalmente por los ocupantes del país y el Gobierno haitiano. En efecto, ellos interpretaban que en un país bajo ocupación directa de la MINUSTAH -Misión de […]
Varios observadores de la crisis permanente de Haití ya habían advertido que las elecciones legislativas que tenían que desarrollarse el 9 de agosto de 2015, eran una farsa programada fundamentalmente por los ocupantes del país y el Gobierno haitiano.
En efecto, ellos interpretaban que en un país bajo ocupación directa de la MINUSTAH -Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití- desde junio de 2004, con un gobierno de facto que desde su instalación en mayo de 2011 nunca organizó ninguna elección a pesar de los prescriptos de la Constitución y que viola de manera sistemática la Constitución del país, con un vacío parlamentario desde enero de 2015 y el dinero para la organización de las elecciones manejado no por el Consejo Electoral Provisorio sino por el PNUD -Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-, era más que evidente que no se podía hablar de elecciones democráticas. Y mucho menos como un acto de soberanía.
Sin embargo, estos mismos observadores reconocen que las barbaridades perpetradas por bandas de energúmenos durante el desarrollo de esa jornada electoral superaron toda imaginación. Esto queda claro al leer, por ejemplo, el informe elaborado y difundido dos días después por los organismos haitianos de observación de las elecciones. En este informe, entre otras barbaridades, se confirma que hubo: quema de urnas como así también de centros de votación, robo y destrucción de urnas, llenado irregular de urnas, disparos de armas de fuego y pedradas sobre centros de votación, varios muertos, decenas de heridos, etc. Nadie, entonces, con un poco de raciocinio y sensibilidad social puede poner en duda que lo ocurrido no fue una farsa, y trágica. Y, obviamente, cualquier ser humano sensato entiende que dichas barbaridades no pueden ser toleradas como tampoco banalizadas. En este contexto, la exigencia de anulación de las elecciones que surge cada vez de manera más amplia y contundente en todos los 10 departamentos del país resulta, sin duda alguna, lo más sensato para evitar daños irreparables al pueblo haitiano.
Sin embargo, a pesar de todo, los observadores internacionales -tanto los de la UE como así también los enviados por la OEA y la ONU- lo hicieron. Esos fiscales y paladines de la democracia afirmaron: «hubo algunas irregularidades, pero no fueron suficientes para invalidar las elecciones». Según sus propias palabras: «globalmente las elecciones fueron correctas y Haití ha dado un paso positivo hacia la consolidación de la democracia». Verdadero escándalo, por donde se lo mire. Y ellos indignaron aún más al pueblo haitiano cuando enviaron sus «felicitaciones al Gobierno y al Consejo Electoral Provisorio -CEP- por la tarea realizada».
Pero resulta imprescindible tratar de comprender lo que sucedió y salir un poco del asombro. Por tanto, hace falta recordar algunos datos y hechos muy significativos que ocurrieron en Haití desde la imposición de Martelly como presidente por la comunidad internacional durante el escandaloso proceso electoral de 2010-2011 hasta el domingo 9 de agosto último pasado. Primer dato: el actual presidente del CEP, Pierre Louis Opont, reconoció públicamente unas semanas antes de la catástrofe del domingo pasado que el resultado electoral que tenía el CEP en aquel momento -2010-2011- no fue el que se proclamó. Cabe señalar que Opont ocupaba en aquella oportunidad el puesto de Director General de aquel CEP. También dijo que si no hizo antes esta denuncia era para evitar al país una guerra civil. Otro dato importante que merece ser analizado, son las múltiples maniobras perpetradas sistemáticamente durante los 4 años que lleva Martelly como presidente para no realizar ninguna elección. Lo que condujo al disfuncionamiento del Parlamento haitiano en enero pasado y con Martelly dirigiendo mediante decretos, y, por supuesto, con la bendición de la llamada comunidad internacional.
Por otra parte, ayuda a la comprensión de la realidad al saber, por ejemplo, que varios candidatos aceptados por el CEP para participar de las elecciones son reconocidos públicamente como secuestradores, traficantes de droga, traficantes de armas, asesinos, corruptos, miembros de pandillas armadas, etc.. Fueron denunciados ante el CEP por organismos de defensa de DD.HH. de Haití, tal como la RNDDH -Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos-. Entonces, nadie puede hacerse el sorprendido cuando esos energúmenos actuaron durante la jornada electoral como lo suelen hacer en todos los aspectos de la vida. Sí, devorados por una codicia patológica, esos criminales cometieron toda clase de violación a los DD.HH. para asegurar su «victoria», la cual jamás podrían lograr respetando las leyes vigentes. Además, mucho antes del domingo pasado se sabía que la participación popular iba a ser tan escasa, que la legitimidad de los elegidos iba a ser cuestionada en todo momento. En este sentido, el Gobierno dirigido por Martelly hizo todo lo posible para asegurar esta baja participación.
En efecto, durante la campaña sus candidatos desataron en distintas oportunidades una violencia criminal donde 5 personas perdieron la vida, más de cien resultaron heridas y hasta le cortaron una oreja a una candidata. El propio Martelly durante una concentración de su partido PHTK en una ciudad próxima a la capital, contestó públicamente con insultos tan fuertes y vulgares -irreproducibles aquí por respeto a la dignidad del lector- a una mujer que le recriminaba la inoperancia de su Gobierno. El machismo acompañado de sexismo expresado por Martelly en esa ocasión provocó el rechazo de la inmensa mayoría, incluidos algunos de sus partidarios. Durante casi toda la noche del sábado 8 de agosto -es decir, el día anterior al de las elecciones- se escuchaban estallidos de armas de todo calibre sobre todo en distintos puntos de la capital donde se concentra la mayor cantidad de los casi 6 millones de votantes. No fue casual, entonces, que el departamento del oeste donde se encuentra Puerto Príncipe, haya sido el lugar donde se registró -según el propio CEP, sólo votó un 10%- el porcentaje más bajo de participación. Cabe recordar también, que el CEP no entregó a tiempo -lo hizo sólo unas horas antes de la apertura de los comicios- a los partidos políticos no oficialistas los famosos mandatos para distribuir a sus respectivos fiscales y así permitir un cierto control más amplio y democrático sobre el desarrollo de las elecciones en los centros de votación -por supuesto los partidos oficialistas sí poseían esos mandatos-. Cuando según el propio Decreto Electoral dichos mandatos tenían que ser entregados a todos 10 días antes. Varios partidos ni siquiera tuvieron esta posibilidad, y Opont para exonerar al CEP de esta gravísima irregularidad, anunció en una conferencia de prensa el domingo a la noche que no hubo suficientes mandatos porque un empleado del CEP había robado unos cuantos. Así, también, se abrió la vía para la falsificación de esos certificados, y surgieron por todos lados falsos observadores. Éstos, en vez de controlar las operaciones electorales, entraban en distintos centros para sufragar en varias oportunidades, y manejaban fuertes sumas de dinero para sobornar y presionar a los votantes para que voten a favor de un candidato u otro. Dinero que sirvió también para sobornar a algunas autoridades de mesa para que no firmaran las boletas donde los oficialistas sospechaban que no eran favorables a ellos.
Pero, a pesar de que todas esas barbaridades fueron denunciadas, fehacientemente documentadas con fotos por testigos presenciales, la comunidad internacional felicitó al Gobierno haitiano, ¡y al CEP! Así, lamentablemente, entiende esa gente cómo hay que construir la democracia en Haití. Así, también, piensan asegurar la reproducción de lo arbitrario y transformarlo en algo natural.
Ahora bien, ante tantas violaciones a las reglas mínimas que tienen que ser respetadas durante cualquier elección en cualquier parte del mundo, queda claro que el pueblo haitiano está sufriendo la consecuencia directa de un plan elaborado conscientemente por la llamada comunidad internacional bajo el control del imperialismo yanqui y los actuales dirigentes de Haití incluido el CEP. En este sentido, lo que ocurrió no fue casual como tampoco una repentina locura de los miembros del Partido Haitiano Tet Kale -PHTK- del presidente de facto Martelly y de sus partidos aliados como Bouclier del ex senador Maxime Roumer, Plataforma Vérité del ex presidente René Préval y la Convención de Unidad Democrática -KID- del actual Primer ministro de facto Evans Paul. Todo responde a un proyecto político donde la soberanía haitiana ha de desaparecer completamente. Es necesario comprender que se trata de la ejecución de una nueva fase de la dominación neocolonial de Haití dirigida fundamentalmente por el imperialismo norteamericano ante la debacle de la MINUSTAH, ahora en plena etapa de retiro gradual.
Pero hay otro tema de esta farsa electoral trágica que merece una reflexión profunda: la enorme abstención reconocida por todos. El propio CEP afirma que hubo una participación del 18% a través de todo el país. Lo que significa que la abstención -según el informe oficial- alcanzó el 82%. Cabe señalar que la mayoría de los observadores rechazan esta cifra del CEP, pues estiman que la participación no superó el 10%. De todos modos, que haya sido el 18% del CEP o el 10% de los observadores, estas elecciones no fueron acompañadas por el pueblo. No se puede, entonces, pasar por alto este dato sin intentar comprenderlo.
A mi entender, esto se debe fundamentalmente a que el discurso político que predominó inmediatamente después de la caída de la dictadura duvalierista en 1986 poniendo como panacea la realización de elecciones, donde las masas compartían la idea que el cambio de su lamentable situación pasaba por su participación masiva en elecciones denominadas democráticas, ya quedó totalmente obsoleto. Y esto no es de ahora, pues salvo las elecciones del 16 de diciembre de 1990, donde por múltiples motivos hubo una participación cercana al 80% y Aristide salió electo presidente, nunca más se registró en Haití una concurrencia a las urnas de manera tan masiva. Por supuesto, lo ocurrido el domingo 9 de agosto pasado marcó un récord de este desinterés generalizado. Lo que, al final, no es sorprendente. Pues el pueblo haitiano se encuentra inmerso en una pobreza extrema y bajo ocupación directa de la ONU, es consciente que el resultado de las elecciones lo define la comunidad internacional -tal como ocurrió sobre todo en las elecciones de 2010-2011- donde efectivamente los ocupantes impusieron a Martelly-, y está también la desilusión provocada a través de tantos años por la mayoría de los dirigentes que el pueblo había elegido al traicionar ellos sus promesas y compromisos electorales. Además, está claro que el sistema en su esencia está constituido para organizar elecciones en nombre del pueblo pero sin la participación del pueblo. Es menester subrayar, también, que en Haití el voto no es obligatorio.
Entonces, el objetivo de las masas para evitar la hecatombe puede resumirse de la siguiente manera: anulación de las elecciones por las buenas o por las malas. Y eso se logrará únicamente con el pueblo en la calle. Hay que paralizar el país hasta obtener la anulación de las elecciones, la disolución del CEP, la renuncia de Martelly, la expulsión de todos los observadores internacionales que avalaron la farsa electoral del 9 de agosto pasado y la formación de un gobierno de transición por las organizaciones populares que luchan en contra de la dominación imperialista y sus vasallos impuestos para «dirigir» el país. Caso contrario, los responsables de la catástrofe del domingo 9 de agosto pasado organizarán del mismo modo las elecciones previstas para el 25 de octubre. En éstas, se realizarán: la segunda vuelta de las legislativas, la elección de las autoridades de las colectividades territoriales y, sobre todo, la primera vuelta para la elección del sucesor de Martelly.
Ciertamente, se trata de un momento crítico donde la lucha de clases entró en su fase de definición. Por tanto, no puede haber titubeo, como tampoco solicitar a este mismo CEP de organizar nuevas elecciones en los lugares donde se registraron las barbaridades señaladas anteriormente. Este último pedido que surgió en varios puntos del país, es un absurdo. Pues es no reconocer la responsabilidad del CEP y volver a tropezar una vez más con la misma piedra. Sería permitir la transformación de lo ilegítimo en legítimo, y su aceptación social como principio de legitimación de las barbaridades cometidas. Ha llegado el momento de la ruptura con el orden neocolonial para poder construir uno nuevo manejado por los explotados de hoy, sobre todo los que luchan y reivindican el derecho de retomar el camino trazado por los esclavizados cuando acabaron con la esclavitud en 1804.
Henry Boisrolin es
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