La citada delegación visitó durante algunos días la zona de la selva amazónica peruana, donde tuvieron lugar los sangrientos hechos que cobraron la vida de varios policías e indígenas. El abogado Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa LegaL (IDDL), de Lima, formó parte de esa delegación. Fernando Cabrera conversó con él. Pregunta: ¿Cómo […]
La citada delegación visitó durante algunos días la zona de la selva amazónica peruana, donde tuvieron lugar los sangrientos hechos que cobraron la vida de varios policías e indígenas.
El abogado Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa LegaL (IDDL), de Lima, formó parte de esa delegación. Fernando Cabrera conversó con él.
Pregunta: ¿Cómo encontró la situación en la zona?
Respuesta: «Lo primero que no se puede negar es la matanza que ha habido de 25 policías. Algunos cayeron durante el enfrentamiento, otros durante una protesta y después fueron secuestrados y asesinados. Ése es un hecho absolutamente deplorable y que, por supuesto, debe ser investigado y sancionado. Sin embargo, la historia no termina allí. Un importante número de indígenas y miembros de las comunidades de esa zona de la selva, y también colonos y civiles que no pertenecen a las comunidades de la selva pero sí a ciudades y pueblos de esa región, murieron durante la intervención policial, que fue muy violenta. En segundo lugar, se dice que son solamente 5 ó 9 muertos, cuado los testimonios de las personas que presenciaron los hechos dan cuenta de muchos más, cuyos cadáveres han desaparecido o han sido quemados. Ésa es una preocupación que tenemos y que hasta ahora no se esclarece.
p: ¿Están ocultando las autoridades datos que nos acerquen a la verdad?
R: «Bueno, en la zona se habla de cincuenta e incluso de cien muertos. La cantidad de testimonios que se ha recogido en diferentes zonas lo corroboran. Hemos visitado algunas comunidades de la selva de esta zona de Bagua, que pertenece al departamento de Amazonas. Desde allí los indígenas están regresando a sus comunidades. Primero la gente debe viajar unas siete u ocho horas en camión, y después tienen que caminar varios días para poder llegar a sus comunidades de origen. Esta gente, entre 200 y 300 personas, con quienes hemos estado en contacto, nos han contado lo violenta que ha sido la intervención policial. Ellos afirman lo contrario de lo que se aseguró aquí en Lima.»
P: El oficialismo ha asegurado reiteradamente intromisión de parte de Venezuela, pero especialmente de parte de Bolivia. ¿Ha notado usted algo de eso?
R: «Eso es algo que puedo afirmar enfáticamente. No hay el menor indicio que esto sea un complot internacional contra Perú o contra la democracia. Nada de eso. Lo que ha motivado el conflicto es la aprobación, de parte del Gobierno, de unos decretos legislativos vinculados a la selva como parte de unos decretos excepcionales que le había pedido al Congreso para regular el Tratado de Libre Comercio (TLC), con Estados Unidos. Entonces allí han metido algunos decretos legislativos. Por ejemplo, la famosa ley forestal, que fundamentalmente se refiere a todas las posibilidades de inversión en la selva. Los nativos se han levantado contra estos decretos por ser inconstitucionales y porque ellos consideran que se va a lesionar sus intereses. Y en eso tienen toda la razón. Somos un grupo de abogados y estamos preparando para una organización de nativos una acción de inconstitucionalidad, porque, para comenzar, no se ha cumplido con la obligación que tenía el Estado peruano de hacer una consulta nacional sobre estos decretos legislativos, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Esto ha motivado a que los indígenas entren a una huelga que duró 55 días. También bloquearon carreteras y una serie de tomas, pero de manera pacífica; sus dirigentes vinieron a Lima a entrevistarse con los miembros del Congreso y las autoridades, etc.
De modo que no hay ni el menor indicio de que de por medio haya un complot desde otros países, sea Venezuela o Bolivia. No lo hay. Para nada! Y en esto soy muy categórico.»
P: El Congreso peruano decidió suspender los decretos sobre la explotación de la selva. Para los indígenas la decisión del congreso no es suficiente. La pregunta es si con esto la situación seguirá escalando.
R: «Es lamentable la forma en la que las autoridades peruanas han procedido respecto a eso. Tanto el Gobierno del presidente Alan García como el Congreso y todas las organizaciones que tienen que ver con la selva peruana. En primer lugar, porque todo el tema de las inversiones en la selva no puede regularse mediante decretos legislativos de carácter excepcional. En segundo lugar, ya varias autoridades se han pronunciado por el carácter inconstitucional de estos decretos. El propio Congreso ya derogó anteriormente algunos de ellos. Además, la Comisión de Constitución se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de tales decretos. La Defensoría del pueblo puso también una acción de inconstitucionalidad, especialistas de diferentes partes del país hablaron también sobre la inconstitucionalidad de los mismos decretos.
El día anterior a la intervención policial contra los pueblos nativos, el Congreso tenía la posibilidad de discutir en sesión permanente el documento que le había hecho llegar su propia Comisión de Constitución, en el que se pronunciaba a favor de la declaración de inconstitucionalidad de la mayoría de los decretos de los que estamos hablando. Sin embargo no lo hicieron y procedieron a atacar a los nativos, a sabiendas de que se podían producir esas muertes. No lo hicieron por una serie de formalidades absurdas. El miércoles pasado también tuvieron otra oportunidad de hacerlo. En ese momento yo estaba en el lugar donde ocurrieron los sangrientos hechos. Estábamos viendo el tele- noticioso, y realmente me impresionó ver cómo la gente de la zona, no sólo los nativos, se reía al ver el nivel del debate en el Congreso, con discusiones sobre cosas absolutamente absurdas. Sin ir al fondo del asunto y sin tomar en cuenta la cantidad de muertos ni el drama que se estaba viviendo en Perú.
La suspensión de los decretos es desde ya una decisión equivocada porque es una figura que ni siquiera existe jurídicamente. Entonces, permanentemente el mensaje a los nativos y la población de la selva es que, cuando se trata de gente indígena, no se respeta la Constitución ni las leyes. Porque lo debieron debatir y decir finalmente si son o no constitucionales los decretos, Se derogan o no se derogan. Da la impresión que estarían esperando de alguna manera la contundencia del paro que se realiza desde ayer en muchas regiones. Si el paro es contundente entonces lo van a debatir, de lo contrario van a considerar que esta medida represiva ha dado resultados y que ya no hay necesidad de derogar los decretos. Así se lo entiende en la selva. Por supuesto que es una actitud muy provocadora y muy irresponsable por la situación en la que estamos. Si bien en Bagua la intervención policial fue muy violenta, con una enorme cantidad de muertos, las otras poblaciones en zonas de la selva también están muy irritadas y están en protesta. Al igual que en otras regiones del Perú.»
P: En otras palabras los indígenas aún consideran que no se les toma en serio.
R: «No solamente que no se les toma en serio sino que se les ignora por completo. Es como si la selva estuviera vacía y no hubiese absolutamente nada allí. El Gobierno no ve los intereses, no sólo de los indígenas, sino los interés del Perú y de la humanidad. Porque estamos hablando de la Amazonía, que es una zona de reservas muy importante. Además, se actúa en forma absolutamente contraria a la Constitución y a las leyes.
Una de las razones por las cuales mueren policías en estos enfrentamientos en la selva es que las comunidades nativas están muy cerca de la frontera con el Ecuador y de la zona donde se desarrolló el conflicto armado, hace algunos años, con ese país. Y parte de los soldados que pelearon en el Ejército peruano son justamente pobladores de estas comunidades nativas, razón por la que muchos saben manejar armas. Cuado se vieron atacados por helicópteros y por policías disparando, y al ver que caían muertos y heridos, la gente arrebató las armas a los policías. Pero, y esto está clarísimo, pues todos los testigos lo afirman, los nativos tenían flechas, realmente muy precarias y no tenían ningún arma de fuego. Las armas de fuego las trajo la policía y ellos se las arrebataron.»
P: Bélgica ha sido uno de los primeros países que se ha pronunciado desde Europa para pedir una investigación profunda e independiente sobre los hechos del 5 de junio. ¿Cree usted que la presión internacional podría mitigar los ánimos en Perú?
R: «Yo creo que ya se está dando un ligero cambio. Al comienzo, el Gobierno, con el control que tiene de una gran cantidad de los medios de comunicación, había presentado el hecho como que miles de nativos subversivos, respondiendo a un complot internacional, habían atacado violentamente a la Policía Nacional y habían provocado la muerte de policías en enfrentamientos. Después habrían secuestrado y degollado a los policías. De todo eso sólo una parte es cierta. Lamentamos la muerte de los policías, las cuales no pueden quedar impunes. Pero se trataba de policías que fueron enviados prácticamente como carne de cañón. Con dos dedos de frente se podía pensar que eso podía ocurrir. Ahora, creo que, por suerte, ha habido reacciones a escala nacional e internacional que están haciendo ver que, lamentablemente, los grandes responsables de todo esto son las autoridades. Por las graves faltas que han cometido al dictar estos decretos legislativos y por la manera como han manejado el conflicto. Recordemos que los indígenas han estado en huelga durante 55 días, y que las autoridades de los grupos nativos han estado en Lima buscando todo tipo de soluciones, pero no han obtenido nada. Por el contrario, se ha perseguido al dirigente Alberto Pisango, y después se le ha intentado detener hasta que ha tenido que asilarse.
La situación pudo haber tenido un final completamente diferente si se hubiese cumplido la ley y si se hubiese hecho verdaderamente una consulta nacional, como obliga el convenio internacional con la OIT, el cual no es vinculante. Sin embargo, se habría dado la oportunidad a todos de discutir sobre la ley que se está aprobando sobre la selva, sobre qué tipo de desarrollo se quiere, etc. De ese modo, se habría acercado a los pueblos nativos al Estado, a las instituciones, a la legalidad, etc., en vez de mantener un Estado que está absolutamente fragmentado.»