Cuando el pasado 5 de mayo el presidente argentino Néstor Kirchner le sugirió formalmente al presidente Vázquez, que relocalizara las plantas de celulosa de Fray Bentos, la respuesta del mandatario uruguayo fue que ya no hay posibilidad de dar marcha atrás en los proyectos. De todas maneras, aseguró que su gobierno hará cumplir todas las […]
Cuando el pasado 5 de mayo el presidente argentino Néstor Kirchner le sugirió formalmente al presidente Vázquez, que relocalizara las plantas de celulosa de Fray Bentos, la respuesta del mandatario uruguayo fue que ya no hay posibilidad de dar marcha atrás en los proyectos. De todas maneras, aseguró que su gobierno hará cumplir todas las normas internacionales en materia de cuidado ambiental.
Las fábricas de celulosa de la Empresa Nacional de Celulosa (Ence) de España y de la finlandesa Botnia, se están construyendo sobre el río Uruguay (limíte entre ambos países) en las cercanías de la ciudad de Fray Bentos, frente a las costas de la provincia argentina de Entre Ríos. La española significa una inversión de 600 millones de dólares y la finlandesa de 1.100. Ambos proyectos son resistidos por las poblaciones costeras argentinas sobre el río Uruguay, y por las organizaciones uruguayas defensoras del medio ambiente.
El ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano dijo a la prensa que la actitud del gobierno uruguayo es congruente con la legislación nacional sobre el medio ambiente, y que las plantas en cuestión cumplen perfectamente con todas las normas que ella indica. Su par argentino, Rafael Bielsa, había solicitado una moratoria de 180 días en la construcción de las fábricas, para realizar un estudio conjunto sobre el impacto que producirán sobre el río Uruguay, y que se considerara su eventual reubicación. La respuesta uruguaya fue rápida y breve: no se puede.
El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Jorge Busti, remitió una carta al director de Países Limítrofes de la Nación, Argentina, Diego Tettamanti, solicitando información sobre la negativa uruguaya, de la que se enteró por la prensa. «Lo que preocupa es el nivel de desinformación que existe sobre la provincia de Entre Ríos, por parte de los funcionarios uruguayos. Esperamos que esa desinformación no se repita con las dos plantas de celulosa que se quieren instalar en Fray Bentos y que los entrerrianos rechazamos con vehemencia porque son contaminantes» -explicó Busti.
El ministro Gargano dijo que la Comisión Administradora (binacional) del Río Uruguay tendrá participación en el monitoreo del trabajo y los desechos de las plantas. En descargo de la decisión uruguaya, el canciller recordó que en la zona ya existen cuatro plantas procesadoras de pulpa de madera, y todas están en territorio argentino. Al parecer, Gargano no se percató de que ese es un argumento que puede utilizarse claramente en contra de la instalación de las plantas del lado uruguayo, desde el momento en que no parece sensato seguir aumentando la contaminación instalando dos nuevos emprendimientos en una región con el equilibrio ecológico ya seriamente comprometido.
LA JUSTICIA INTIMA AL EJECUTIVO A QUE APORTE INFORMACIÓN
A pedido del fiscal Enrique Viana, el juez Juan Carlos Contarín intimó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTYMA) a que remita toda la información en su poder, referida a la instalación de las plantas de celulosa que se están construyendo en las cercanías de la ciudad de Fray Bentos. Entrevistado por el diario ULTIMAS NOTICIAS, el fiscal Viana explicó que «desde el comienzo de la actual gestión, solicité información sobre la inversión, y las únicas dos respuestas han sido excusas basadas en una supuesta imposibilidad de hacer llegar el expediente a la sede judicial lo que, por su reiteración, lo coloca al borde del delito de desacato». El centro de la investigación de Viana es saber en qué condiciones se realizará la inversión para la instalación de la planta de la finlandesa Botnia
El subsecretario de Vivienda, Jaime Igorra, relativizó las críticas del fiscal, y dijo que el expediente al que hace referencia el integrante del ministerio público está a disposición de «cualquiera que quiera verlo». Haciendo referencia a lo voluminoso del expediente, Igorra dijo tener dudas de que «se pueda sacar y alguien, sea quien sea, se lo pueda llevar». Irónico, afirmó que «Si Agapito Menecucho viene acá y me pide para ver el expediente, lo hace, este fiscal, que es un personaje, ¿cómo no va poder?». Sin embargo, el fiscal Viana explicó que una cosa es ver el expediente y otra muy diferente incluirlo en una eventual demanda, por lo que el gobierno tiene la obligación de librar todos los datos necesarios.
En su edición de ayer, el semanario SIETE SOBRE SIETE recuerda que Viana, se ha ganado el mote de «fiscal verde» por el protagonismo que asumió su despacho en temas vinculados a daños sobre el medio ambiente, como ser el de la existiencia de plombemia en el barrio de La Teja, la contaminación producida por la química DIROX en las cercanías de la ciudad de Libertad, y que fue quien ordenó que se dejara de agregar plomo a las naftas producidas en el país.
El 30 de marzo pasado, el MVOTMA ya había sido apercibido a presentar todos los antecedentes administrativos del proyecto de la planta, lo cual motivó la comparecencia de abogados del ministerio en el despacho de Contarín. Viana establece en su escrito que fueron argüidos «pretextos» por parte de la secretaría de Estado, como la imposibilidad de costear el fotocopiado de la voluminosa documentación al respecto.
Increíblemente, el MVOTMA también justificó su demora señalando que -cumpliendo con la Ley de Impacto Ambiental- había enviado el expediente a la empresa BOTNIA «para que declare si algún documento contenido en los mismos constituye secreto industrial o comercial». ¿Es verdad eso? ¿En el Uruguay Progresista las empresas tienen secretos para la Justicia?
El fiscal Viana no opina así, para él es «burdamente falso» que dicha Ley haya establecido secretos comerciales e industriales, puesto que el deber de reserva, «cede» claramente ante el axioma de la disponibilidad y accesibilidad de la información. El fiscal entiende que lo expuesto y lo actuado por los representantes del MVOTMA resultan «inidóneas excusas» que contravienen incisos de la ley 17.283 de disponibilidad y accesibilidad del manejo de la información ambiental, así como el principio general de colaboración de las dependencias estatales con la Justicia.
Según señala el citado semanario, en su escrito, Viana sostiene que «denegarle esa facultad al Ministerio Público es condenar a la indefensión a los intereses públicos o generales», contraviniendo los artículos 47 y 332 de la Carta magna, «los que, para agrado de algunos, pasarían a ser letra muerta». Más adelante, Viana califica de «contumaz» (persistencia terca en un error) la actitud asumida por los representantes del MVOTMA, al no permitir «que sean públicas informaciones públicas».
El subsecretario Jaime Igorra negó al semanario SIETE SOBRE SIETE que su secretaría esté ocultando información a la Justicia ni a la población. Explicó que Viana «tiene a disposición toda la información», pero como el expediente de BOTNIA es «muy voluminoso», debería «enviar a alguien a fotocopiarlo». El fiscal tomó la respuesta oficial como un nuevo pretexto: «¿qué se pretende, que yo fiscal costee el fotocopiado?», se preguntó. «Seguramente el MVOTMA esté en mejores condiciones que el Poder Judicial para hacer esa tarea», agregó.