«En el año 2016 se registró un récord de 200 asesinatos de personas que estaban defendiendo sus tierras, bosques y ríos contra industrias destructivas», señala el informe Defender la Tierra de la organización británica Global Witness. El modelo de acumulación extractivista tiene objetivos muy claros: apropiarse de tierras y territorios, convertir los bienes comunes en […]
«En el año 2016 se registró un récord de 200 asesinatos de personas que estaban defendiendo sus tierras, bosques y ríos contra industrias destructivas», señala el informe Defender la Tierra de la organización británica Global Witness.
El modelo de acumulación extractivista tiene objetivos muy claros: apropiarse de tierras y territorios, convertir los bienes comunes en mercancía, maximizar las ganancias, cueste lo que cueste.
Principales impulsoras de este nefasto modelo son las grandes empresas transnacionales, muchas veces coludidas con gobiernos, políticos corruptos y grupos económicos locales, que usan acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales para eludir las legislaciones nacionales y eliminar los obstáculos técnicos y jurídicos.
Organismos financieros e instituciones crediticias internacionales aceitan con su dinero la perversa maquinaria del despojo sistemático y estructural del que son víctimas comunidades y pueblos, que siguen sin ser consultados ante la invasión y saqueo de sus tierras.
La militarización de los territorios, la persecución, judicialización y asesinato en total impunidad de quienes defienden la tierra y los bienes comunes, cierran el macabro circulo y consolidan el modelo depredador.
Más muertes, más destrucción
Minería, explotación forestal y agroindustria
El informe Defender la Tierra [1] de la organización británica Global Witness no sólo confirma este análisis, sino que nos trae nuevos y alarmantes datos sobre lo letal que se ha convertido luchar por el futuro de nuestro planeta.
De acuerdo con el documento presentado la semana pasada, en 2016 al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas, es decir casi cuatro muertes por semana.
Casi el 40 por ciento de las víctimas son indígenas y la minería continúa siendo el sector más peligroso, con 33 activistas asesinados después de oponerse a proyectos mineros y petroleros.
La explotación forestal y la expansión de la agroindustria fueron responsables de 23 asesinatos respectivamente.
Esta tendencia no solo está creciendo – son 15 activistas más que en 2015 y 84 más que en 2014 – sino que se está expandiendo, con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países.
Muchos de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y los bienes comunes no son reportados, ni investigados. De esta manera, las cifras podrían ser mucho más elevadas. Una epidemia letal que avanza en el mundo.
Además, el asesinato es sólo una de las tantas tácticas utilizadas para silenciar a las y los activistas, y el informe incluye también amenazas de muerte, acoso, persecución, arrestos, agresiones sexuales y ataques legales agresivos.
«Esta oleada de violencia es impulsada por una intensa lucha por la tierra y los recursos naturales, ya que las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias.
A medida que más proyectos extractivos fueron impuestos a las comunidades, muchas de las personas que se atrevieron a alzar la voz y a defender sus derechos fueron brutalmente silenciadas», advirtió Global Witness.
América Latina: el lugar más peligroso
Brasil, Colombia y Honduras los más mortíferos
Una vez más, América Latina aparece como la región más peligrosa para quienes protegen la tierra y el entorno natural de la agresión del extractivismo.
El 61 por ciento de los crímenes (122) ocurrió en dicha región. Brasil (49) y Colombia (37) se mantienen como los países más mortíferos a nivel mundial, mientras que Honduras (14) aparece como el más peligroso de la última década[2].
El informe registra también un aumento preocupante de los asesinatos relacionados con la tierra en Nicaragua, donde el conflicto entre colonos invasores e indígenas miskitos habría dejado un saldo de 11 muertes.
Filipinas (28) e India (16) destacan por los asesinatos en Asia y la República Democrática del Congo (10) en África.
Pese a la dificultad para identificar a los responsables de tantos asesinatos, el informe de Global Witness asegura haber encontrado «evidencias sólidas» de que policías y militares estuvieron detrás de unos 43 homicidios, y que actores privados como guardias de seguridad y sicarios estuvieron vinculados a 52 muertes.
El trágico asesinato en Honduras de la lidereza indígena Lenca, Berta Cáceres, es un ejemplo claro de como las fuerzas represivas del Estado y del gran capital nacional y transnacional estén implicadas en el derramamiento de sangre inocente.
Ante esta situación, Global Witness instó a gobiernos, empresas e inversionistas a poner en marcha políticas y a tomar medidas para garantizar que las comunidades puedan dar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras.
«Los gobiernos y los actores empresariales no están abordando la causa fundamental de los ataques: la imposición de proyectos a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado.
La protesta suele ser el único recurso que se deja a las comunidades que ejercen su derecho a opinar sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, enfrentándolas con quienes buscan obtener beneficios a cualquier costo», manifestó en el informe.
Asimismo, la organización instó a apoyar a las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes, garantizar su seguridad y asegurar rendición de cuentas por los abusos cometidos, acabando de esta manera con la impunidad.
Notas:
Fuente: Rel-UITA
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