Pánico en el régimen iraní

Abdolvahed Botimar y Adnan Hassanpur fueron considerados mohareb (combatientes enemigos) y condenados a morir en la horca. Hassanpur es redactor del semanario Asou, que se publica en kurdo y en persa. Botimar era colaborador de dicho semanario y miembro activo de la ONG medioambiental Sabzchia.

Los dos periodistas fueron acusados de poner en peligro la seguridad del país y haber colaborado con servicios secretos extranjeros. Sin embargo, los defensores de la libertad de prensa creen que la verdadera razón de la condena es el compromiso de los condenados en favor de la autonomía. Los ocho millones de kurdos que viven en Irán representan el 8 % de la población. Antes de su ejecución, las sentencias han de ser ratificadas por el Tribunal Supremo.

Las condenas a muerte han aumentado rápidamente en Irán, en comparación con años anteriores. Desde comienzos de año han sido ejecutadas al menos 137 personas; las doce últimas fueron ahorcadas en Teherán, el 22 de julio, acusadas de violación, secuestro y tráfico de drogas. Pero las duras sentencias contra los periodistas kurdos están relacionadas más bien con la nueva ola de represión política que se desató hace ya algunos meses. Su objetivo es intimidar a los activistas de la bien desarrollada sociedad civil iraní y tiene en el punto de mira, en particular, a las mujeres políticamente activas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, profesores, periodistas, artistas y escritores, publicaciones críticas y, no menos, contra estudiantes comprometidos. En los últimos meses, varias mujeres, intelectuales y numerosos estudiantes han sido detenidos y algunos de ellos condenados a largas penas de prisión.

La ola represiva es la reacción de los islamistas en el gobierno ante el fantasma de la «revolución tranquila», que ronda Irán desde hace tiempo. El régimen reacciona con pánico ante cualquier signo que pueda indicar la intención de socavar su poder desde el interior y provocar su caída.

Pese a que el régimen ha llegado a la conclusión de que los EE UU, tras su desastre en Irak, han dejado en suspenso, al menos provisionalmente, su plan de ataque militar, el asunto del cambio de régimen no está en el orden del día. Existe el temor de que se pretenda alcanzar ese objetivo mediante la movilización de los países del Golfo en un frente contra Irán y reavivando el conflicto entre sunitas y chiitas en la región, así como los conflictos étnicos en el interior del país entre la mayoría persa y las minorías kurda, árabe, beluch, azerí y turkmenia. El anuncio del gobierno estadounidense de que va a destinar 78 millones de dólares adicionales para apoyar a la oposición iraní alimenta dichos temores y proporciona al régimen un pretexto para denunciar toda crítica como promovida desde el exterior.

Incluso la huelga de los profesores, que desde hace años piden el aumento de su sueldo, o la de los conductores de autobuses por un sindicato autónomo son contempladas como un intento de «revolución tranquila» y castigadas como tales. Quien viaja al extranjero para participar en una conferencia o mejorar su formación despierta ya sospechas de colaboración con servicios secretos extranjeros. Una entrevista con periodistas extranjeros también puede tener serias consecuencias. Sean cuales sean las circunstancias o pretextos de la detención, la fiscalía siempre tiene a mano las mismas fórmulas: actividades contra el orden del Estado, contra la seguridad nacional y, sobre todo, colaboración con las embajadas y servicios secretos extranjeros.