El presidente de Perú autorizó a las Fuerzas Armadas a intervenir en el territorio nacional. Los mineros y agricultores se suman a la huelga docente y denuncian autoritarismo.Repetir el viejo eslogan que reza «Guerra avisada no mata gente» es una de las herramientas discursivas que descubre el gobierno de Perú. Esas palabras estuvieron en boca […]
El presidente de Perú autorizó a las Fuerzas Armadas a intervenir en el territorio nacional. Los mineros y agricultores se suman a la huelga docente y denuncian autoritarismo.
Repetir el viejo eslogan que reza «Guerra avisada no mata gente» es una de las herramientas discursivas que descubre el gobierno de Perú.
Esas palabras estuvieron en boca del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y en el mismo instante prosiguió en conferencia de prensa «Así que estén prevenidos. De ninguna manera el gobierno va a aceptar que gente con ideologías extrañas a Perú o enemigas del avance y el progreso pretendan impedir el desarrollo normal de las actividades».
Del Castillo también aseguró que las Fuerzas Armadas usarán todos los recursos necesarios, de acuerdo con el reglamento, para impedir la toma de locales públicos durante las protestas sociales que se dan en el país.
A partir de un decreto firmado por el presidente Alan García se autorizó ayer en Perú la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, con el argumento de garantizar el funcionamiento de las entidades y servicios públicos, así como también el normal desarrollo de las actividades de la población, en medio de la creciente ola de protestas y huelgas.
La autorización que lanzó el gobierno peruano para mantener el orden interno determina la intervención militar por un plazo de 30 días. El decreto aclara que durante el arbitraje del ejercito no existirá restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, las leyes y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, de los que el Perú es parte.
La Federación de Trabajadores Mineros y Metalurgicos y la Confederación Nacional Agraria, entre otros sectores productivos de Perú, han convocado para el 11 y el 12 de julio un paro nacional contra la política sectorial del gobierno, que refuerza la huelga por tiempo indefinido de maestros públicos que desde el pasado jueves viene desarrollándose en contra del gobierno. Así mismo las regiones de Tacna, Moquegua y Puno anunciaron que procederán a una paralización ilimitada.
La Central General de Trabajadores de Perú (CGTP) también programó una jornada de protesta para esta semana, ya que en su replica al presidente Alan García lo acusa de no implementar medidas para distribuir la riqueza en el país, donde la mitad de la población vive bajo el umbral de pobreza, exigiéndole una inmediata solución para los diversos conflictos que se suscitan en distintos rincones de la nación andina.
Según la Defensoría del Pueblo el número de conflictos sociales en Perú se eleva a 75, de los cuales 35 permanecen activos.
El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú (SUTEP) convocó a la huelga en rechazo a la Ley de Carrera Pública Magisterial, aprobada el pasado viernes por el Congreso, que los somete a evaluaciones frecuentes y contempla el despido de quienes no pasen los exámenes tres veces consecutivas.
Es así como consideran que esta ley perjudica su estabilidad laboral, donde el gobierno dice asegurará mejorar la calidad educativa. Marcharon el martes por las calles de Lima en su sexto día de huelga indefinida, por lo que el 70 por ciento de las escuelas del país se encuentran paralizadas.
En Puno, en el sureste de Perú, los manifestantes han bloqueado la principal carretera de la zona en demanda de mayor inversión social.
La interrupción del tránsito se producía también en la ciudad turística del Cusco, la cual obligó a la empresa que opera un tren a la ciudadela inca de Machu Picchu a suspender sus servicios desde el miércoles.
Tratando de descalificar la huelga, el hecho que según declaraciones oficiales determina la entrada en escena del ejercito junto a la Policía Nacional fue la vida de Jeanet Sánchez Huamán, una niña de 13 años que a raíz de un huelga en la ciudad surandina de Abancay murió al recibir el impacto de una piedra en la cabeza durante un enfrentamiento entre maestros y policías.
A pocas semanas para que se cumpla el primer aniversario en la gestión del presidente García se desarrolla esta ola de protestas que se fortalecerá aún más si se tiene en cuenta que «Perú ha experimentado desde años atrás un crecimiento económico muy importante que no se traduce en el bienestar para la gran mayoría», según expuso el investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Carlos Toche.
Para el analista político el gobierno no ha determinado «un plan estratégico para visualizar los objetivos de desarrollo a largo plazo» y considera que «a corto plazo la única medida de mantener el control es la militarización».
Del mismo modo alertó que habría que ver «hasta qué punto el gobierno es capaz de debilitar una democracia que frágilmente se sostiene para aumentar su capacidad de control social, dejando de lado mecanismos significativos como la concertación y la negociación».
Existe un enorme descontento popular debido a la percepción de que el presidente privilegia a los sectores empresariales, soslaya el proceso de descentralización y es intolerante con las demandas sociales. Y en este sentido se conoce que la popularidad del mandatario ha decrecido del 63 al 42 por ciento de 2006 a nuestros días.
«Quiero enviar un mensaje de absoluta tranquilidad contra todo lo que dicen. Perú no está convulso, son pequeños grupos que están perdiendo sus privilegios» dijo García, en referencia a los sectores que impulsaron movilizaciones durante la inauguración de un complejo habitacional en Lima. Entonces el presidente pidió serenidad al tiempo que autorizó a los militares a intervenir en el espacio público como garantía del orden, haciendo uso de una de las herramientas básicas de lo que aún puede reconocerse como autoritarismo.
Más aún, debe citarse que este panorama no es nuevo en el país, debido a que desde el comienzo de la gestión de García, el gobierno ha tenido que afrontar sucesivas protestas por descontentos mineros y petroleros.
Además los conflictos en relación al cultivo de la hoja de coca y el narcotráfico son demandas no resueltas que habitualmente se suman a los reclamos por mejoras laborales.
«Con represión no se acallará a la población,» expresó el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, quien crítico duramente la última medida del gobierno.
«Eso representa un signo de autoritarismo, de apostar por la represión, conforme se lo han exigido sus aliados políticos, la derecha política, los grupos de poder económico, el fujimorismo y todos aquellos que creen que reprimiendo se van a buscar las soluciones a los problemas», dijo. Y agregó, «nosotros por el contrario apostamos por el diálogo, le solicitamos al señor presidente de la república una reunión de trabajo.
A los reclamos de los sectores postergados se suma el apoyo de las autoridades regionales que han manifestado conformidad con la movilización, como por ejemplo en la región de Tacna, donde el presidente regional Hugo Ordoñez respaldó un paro en rechazo a la explotación minera.