La orden de arresto internacional contra Putin se basa en el mismo artículo del derecho internacional que Israel lleva décadas violando con la construcción de asentamientos ilegales en territorio ocupado
El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por violar el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe los traslados de población de la potencia ocupada a la ocupante y viceversa. Israel, por su parte, lleva décadas incumpliendo exactamente el mismo artículo con la construcción de asentamientos en territorio ocupado y Benjamin Netanyahu, uno de los principales defensores de esta estrategia, puede viajar libremente sin temor a ser arrestado.
En tan solo un año de investigación –y pese a que Rusia, al igual que Israel, no es parte de la CPI–, la Fiscalía del tribunal emitió la orden contra Putin el pasado mes de marzo por el “crimen de guerra de deportación ilegal de población (menores) y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a Rusia”.
En el caso de Palestina, la Corte Penal Internacional abrió su investigación en marzo de 2021 –tras cinco años de estudio preliminar– y no ha tenido grandes novedades en dos años y medio. Sin embargo, la política de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este supone un traslado ilegal de población de la potencia ocupante a la ocupada, según declaró en un dictamen de 2004 la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Dichos asentamientos cambian la demografía del territorio y dificultan la viabilidad de un futuro Estado palestino con una política de hechos consumados.
Aunque la CPI solo tiene competencia para investigar los posibles crímenes de guerra cometidos en Palestina o por palestinos desde junio de 2014, la política de asentamientos no ha parado en décadas y Netanyahu, como primer ministro, ha sido uno de los grandes impulsores y responsables en los últimos años. Mientras en 2014 la población de colonos era de 577.053 personas, en 2020 había aumentado a 694.777. Varios primeros ministros israelíes han promovido la construcción de asentamientos desde poco después de la guerra del 67.
“Hay un doble rasero evidente”, dice a elDiario.es Claudia Jiménez, profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Barcelona. “Es prerrogativa de la Fiscalía decidir la rapidez de cada caso”, añade.
Jaume Saura, catedrático de Derecho Internacional en la Universitat de Barcelona, explica: “Lo sorprendente quizá es lo rápido que ha actuado la Fiscalía de la CPI en el caso de Putin (quizás porque el traslado forzoso afecta a menores de edad), no lo lento que está actuando respecto a los crímenes de guerra y contra la humanidad en los territorios ocupados. Lamentablemente, la CPI tiene otras ‘situaciones’ en estudio desde hace muchos años (Georgia desde 2016, Venezuela desde 2018) de las que no se ha derivado ninguna orden de detención”.
Preguntado por la diferencia temporal en ambos casos, un portavoz de la Corte Penal Internacional responde a elDiario.es lo siguiente: “En consonancia con el enfoque estratégico de la Fiscalía esbozado en el reciente plan para 2023-2025, la Fiscalía trata de adoptar medidas eficaces en todas las situaciones de manera que tengan repercusiones significativas para las comunidades afectadas. En la aplicación de este enfoque, cada situación abordada por la Fiscalía se beneficia de una estrategia de investigación específica basada en el contexto y las especificidades de esa investigación”.
El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, decía en una entrevista con elDiario.es que “transferir la población del Estado ocupante a la zona ocupada es un crimen de guerra y es exactamente lo que hace Israel constantemente. Ese crimen se podría investigar y castigar. Depende del fiscal, que es el que tiene las facultades para decidir cuándo y en qué crímenes se mete a investigar”.
Ucrania, a diferencia de Palestina, no es Estado miembro de la CPI, pero había aceptado en 2014 la jurisdicción del tribunal si este decidía abrir una investigación. Tan solo cuatro días después de la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, el fiscal de la CPI, Karim Khan, decidió iniciar la investigación afirmando que había “bases razonables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”. Ese examen preliminar no incluía la reciente invasión, sino que se refería exclusivamente a lo ocurrido en el Donbás y en Crimea, pero la idea del fiscal era dejar el terreno preparado para seguir investigando posibles crímenes durante la invasión, tal y como ha ocurrido.
En mayo de ese año, Khan envió un equipo de 42 investigadores a Ucrania, en lo que supuso el mayor dispositivo desplegado sobre el terreno desde la creación de la oficina del fiscal. Además, 45 Estados prometieron financiación extra específica para la investigación en Ucrania.
En el caso de Palestina, cuando la Fiscalía anunció la apertura de la investigación, Netanyahu lo calificó de “puro antisemitismo y el colmo de la hipocresía”. Estados Unidos –que tampoco es parte de la CPI– también criticó la decisión alegando que Israel no es un Estado miembro y que “los palestinos no reúnen los requisitos para ser considerados un Estado soberano y, por lo tanto, no están cualificados para obtener la condición de Estado miembro, participar como Estado o delegar jurisdicción en la CPI”. Un año antes, Washington incluso había impuesto sanciones contra la fiscal de la CPI, especialmente por sus trabajos sobre posibles crímenes de guerra cometidos por estadounidenses en Afganistán.
La política de EEUU respecto a la Corte cambió radicalmente tras la invasión rusa de Ucrania, cuando el Gobierno de Biden incluso comenzó a cooperar con el tribunal compartiendo información sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia. Al igual que Israel, Rusia tampoco es Estado miembro, pero esta vez Washington no aplica su propio argumento utilizado para rechazar la investigación sobre Palestina.
Cambios ante la nueva ofensiva en Gaza
“La situación en los territorios palestinos ha sido muy estable en los últimos años, lo que seguramente ha dado menos sentido de urgencia a la Fiscalía de la CPI. Habrá que ver si ahora, con una operación militar a gran escala sobre un territorio eminentemente habitado por civiles, la investigación en el seno de la CPI se acelera”, señala Saura.
Ya lo advertía la Fiscalía cuando anunció la apertura de la investigación sobre Palestina en 2021: “El modo en que la oficina establecerá las prioridades relativas a la investigación se determinará a su debido tiempo, a la luz de los retos operativos que nos plantea la pandemia, los limitados recursos de que disponemos y nuestra pesada carga de trabajo actual. Ahora, los bombardeos masivos –8.300 muertos en Gaza–; el estricto asedio sobre la Franja que está dejando a más de dos millones de personas sin alimentos, agua, electricidad ni medicinas; y el ataque de Hamás que dejó 1.400 muertos en Israel parece que promoverá la investigación de Palestina en el ranking de ‘prioridades’”.
Khan viajó durante el fin de semana al paso fronterizo entre Egipto y Gaza. “Israel tiene un ejército profesional bien entrenado y tiene que ser capaz de rendir cuentas por sus acciones. Tendrán que demostrar una aplicación adecuada del principio de proporcionalidad, protección y distinción. Cualquier escuela, iglesia, mezquita y hospital están protegidos a menos que hayan perdido ese estatus de protección. Y la carga de la prueba para demostrar que el estatus de protección se ha perdido la tienen aquellos que apuntan con la pistola, el misil o el cohete en cuestión”, dijo el fiscal, que afirmó también que “impedir” la entrega de ayuda humanitaria puede constituir un crimen.
Khan ha recordado que también tiene jurisdicción e investiga los crímenes cometidos por los palestinos en territorio de Israel durante los ataques de Hamás el pasado 7 de octubre.
“Al comienzo de su mandato en 2021, el fiscal estableció un equipo especializado para avanzar en la investigación en relación con la situación en el Estado de Palestina, la primera vez que se establecía un equipo con todos los recursos a esta investigación. La Fiscalía también ha procurado aumentar los conocimientos especializados desplegados en esta investigación y ha solicitado recursos adicionales a la Asamblea de los Estados Partes con este fin”, sostiene a elDiario.es un portavoz de la CPI.
Para muchos, esos pasos son insuficientes. “Es increíble que se siga ignorando el derecho internacional cuando se trata de Israel y los territorios ocupados”, denunciaba en una entrevista con elDiario.es la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino, Francesca Albanese. En otra entrevista con elDiario.es, uno de los abogados defensores de las víctimas palestinas ante la CPI, Raji Sourani, denunciaba: “Europa, especialmente Reino Unido y Alemania, está ejerciendo mucha presión contra el fiscal. Durante los últimos dos años, desde que Karim Khan asumió el cargo, no ha avanzado nada. Está paralizada. Hay un peligro real en la politización y selectividad del comportamiento de la Corte Penal Internacional”.
“Israel ha dinamitado el derecho humanitario”
Jiménez explica que en el derecho internacional hay dos marcos normativos: el derecho internacional general y el derecho internacional humanitario. “El primero establece cuándo la conducta de un Estado es ilícita. Por ejemplo, el ataque de Hamás es ilegal e Israel tiene derecho a la legítima defensa”, dice. “El segundo es un orden jurídico según el cual, independientemente de quién tenga la razón o el derecho a la defensa, hay unos mínimos que todos tienen que cumplir y respetar”.
“Además de Gaza, Israel ha dinamitado el derecho internacional humanitario, que eran cuatro reglas básicas que rigen un conflicto armado. Son crímenes internacionales que nacieron del horror que en parte el pueblo judío tuvo que sufrir, pero eso no significa que tú no puedas ser considerado responsable de cometerlos”, añade.
Tanto Netanyahu como Putin son responsables de una ocupación y anexión ilegal de territorio. Ambos han bombardeado y matado a civiles cuestionando el principio básico de la distinción en conflictos armados. Pero ninguno de los dos está acusado por ello en un tribunal internacional.