La reciente medida de decomisar a unos indios del Cauca colombiano tres productos que utilizaban la hoja de coca como una de sus materias primas para la elaboración de gaseosas, galletas y té, es francamente una «genialidad» que rompe con los principios generales del derecho, de la oportunidad y del absurdo. Me explico por qué. […]
La reciente medida de decomisar a unos indios del Cauca colombiano tres productos que utilizaban la hoja de coca como una de sus materias primas para la elaboración de gaseosas, galletas y té, es francamente una «genialidad» que rompe con los principios generales del derecho, de la oportunidad y del absurdo. Me explico por qué.
Rompe con los principios generales del derecho y termina siendo una medida más del repertorio que ha atropellado y discriminado a una nación india.
El artículo 27 de la Convención Unica de Estupefacientes de 1961 establece expresamente que los Estados pueden autorizar el uso de hojas de coca para la preparación de un agente soporífero que no contenga alcaloide. Esa norma es la que precisamente permite a la Coca Cola de hacer uso de la hoja de coca a nivel mundial, ya que hace parte de la materia prima de su publicitada fórmula secreta.
Si la Coca Cola puede hacer uso de la hoja de coca, entonces ¿por qué la Coca Sek, bebida elaborada por un modesto grupo de indios del Cauca, se la prohíben de manera tajante como acaba de suceder? ¿Es el despropósito entonces de la Convención de la ONU proteger los intereses económicos de una multinacional y desalentar la supervivencia cultural y étnica de los pueblos indios?
Las tres entidades del Estado involucradas en esta prohibición: el Ministerio de la Protección Social, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, actuaron como un técnico de lavadoras que sigue un manual de instalación sin entender que este es un asunto complejo que toca la protección y conciliación de derechos fundamentales. El Ministerio de la Protección Social, por ejemplo, con su concepto descontextualizado y rudimentario de que «los derivados de la coca son monopolio del Estado», termina no sólo desconociendo la razón misma de su existencia, convertido en actor de desprotección pasivo, sino que se convierte en actor activo de este atropello contra este grupo colectivo y humano del Cauca. La Dirección Nacional de Estupefacientes, acusa una noción por sobre todo policíaca de tolerancia cero, sin ver la normativa en un sentido integral que incluye límites claros como el respeto de derechos humanos, y respeto de valores culturales del consumo tradicional. Y el Invima, que termina cediendo, quizás como lo afirman los indígenas, por presiones mismas de la Coca Cola, en precipitarse a dictar una medida cuando no había, como se dice coloquialmente, ningún pan quemándose en el horno.
Argumentos de fondo no fueron expuestos, sino que hubo la aplicación selectiva de normas sin criterio jurídico, un simplismo del que terminan por sobre todo siendo víctimas los indígenas y las poblaciones más vulnerables del país. Debemos quizás recordarles a estas entidades de que coca no es cocaína y que si la Coca Cola pudo, entonces ¿no es nuestro deber nacional y humano ayudar a estos indios del Cauca para que ellos también puedan?
Alberto Rueda Analista político colombiano
Publicado en SinPermiso Tomado de http://www.diariodelsur.com.co/marzo/16/editorial.php
Diario del Sur, 19 marzo 2007