Los 12 campesinos en huelga de hambre desde hace 55 días están al borde de la muerte, según la doctora Esperanza Martínez, quien junto al ex presidente Fernando Lugo, los visitó el 15 pasado. Los campesinos son sobrevivientes de la masacre de Curuguaty, acontecimiento en que en junio pasado murieron 11 campesinos y seis policías. […]
Los 12 campesinos en huelga de hambre desde hace 55 días están al borde de la muerte, según la doctora Esperanza Martínez, quien junto al ex presidente Fernando Lugo, los visitó el 15 pasado. Los campesinos son sobrevivientes de la masacre de Curuguaty, acontecimiento en que en junio pasado murieron 11 campesinos y seis policías. Luego de este suceso, Lugo fue sometido a un juicio político relámpago y destituido por el parlamento. Las organizaciones sociales acusan a los partidos tradicionales de haber montado la masacre, con el único propósito de destituir de Lugo.
«Están muy deteriorados. Estuvimos primero visitando a los presos que están en la cárcel de Coronel Oviedo y después nos dirigimos al Hospital Regional, ubicada en esta ciudad. Según observé, uno de los jóvenes es el que está en peor situación», relató la ex ministra de salud del gobierno de Lugo. «Las lesiones cerebrales podrían ser irreversibles con el tiempo. Realmente si no aceptan ningún tipo de intermediación, corren el riesgo de fallecer en las próximas semanas. Uno de ellos, ya perdió como 17 kilos y medio y la otra persona, cerca de 14. Están con hipotermia, es decir, con poca temperatura. Es que el organismo trata de gastar la menor cantidad de energía, ya que trata de proteger los órganos vitales como el corazón y el cerebro. De este modo, baja la temperatura y la frecuencia cardiaca. Se observa también un cierto estado de confusión mental, debido al gran deterioro en que se encuentran», concluyó la doctora Martínez. Los campesinos son considerados prisioneros políticos por organizaciones de derechos humanos, y unos 30 fueron declarados prófugos por la fiscalía, tras el episodio de Curuguaty.
El abogado defensor Guillermo Ferreiro acusó a la fiscalía de irregularidades en las investigaciones por negarle el acceso a la carpeta con los expedientes y las supuestas pruebas obtenidas. Reiteró su apoyo al informe paralelo presentado sobre los hechos por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, confeccionado por un grupo de juristas y personalidades. Ese documento eximió a los campesinos de responsabilidad en la muerte de los policías y dijo que francotiradores no identificados realizaron los primeros disparos con armas automáticas nunca halladas, lo que originó sospechas de una maniobra política.
«Si muere alguien, tiene que caer más cabezas, empezando por arriba. El pueblo no soportará más muertes. Esto es grave», dijo el sacerdote jesuita Francisco Oliva, refriéndose a la difícil situación de los presos políticos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.